A lo largo del último siglo, las máquinas han reemplazado a los trabajadores en muchas tareas. Sin embargo, en balance, la tecnología ha creado más empleos de los que ha eliminado (Frey y Rahbari 2016). El progreso tecnológico ha transformado los niveles de vida. La esperanza de vida ha aumentado; la atención sanitaria básica y la educación están muy extendidas, y la mayoría de las personas ha visto crecer sus ingresos. Y, sin embargo, los temores al desempleo provocado por robots suelen dominar los debates sobre el futuro del trabajo.
El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019 del Banco Mundial sobre La naturaleza cambiante del trabajo (Banco Mundial 2019) aborda estas cuestiones, analizando qué está cambiando exactamente y qué debe hacerse. El informe sostiene que, en balance, las preocupaciones por el desempleo provocado por robots parecen infundadas. En cambio, el futuro del trabajo está impulsado por las fuerzas contrapuestas de la automatización y la innovación, la otra ‘IA’ (Figura 1).
Figura 1 En el futuro, las fuerzas de la automatización y la innovación darán forma al empleo
El progreso tecnológico permite a las empresas automatizar, sustituyendo mano de obra por máquinas en la producción, e innovar, ampliando el número de sectores, tareas y productos. El ritmo de la innovación determinará si surgen nuevos empleos o tareas que contrarresten el declive de los empleos antiguos basados en tareas rutinarias.
Por ejemplo, la evidencia reciente para Europa sugiere que, si bien la tecnología sustituye a algunos trabajadores, también eleva la demanda de trabajo. En conjunto, se estima que la tecnología que sustituye el trabajo rutinario creó más de 23 millones de empleos en Europa entre 1999 y 2016 (Gregory et al. 2016).
El informe amplía su alcance más allá de un intento de predecir el número de empleos que la tecnología puede crear o destruir, y se centra en cambio en la naturaleza cambiante de la empresa, su impacto en las competencias y las condiciones en las que trabajan las personas, y en cómo debe reorientarse la política gubernamental en respuesta.
La economía digital ha ampliado los límites de las empresas e impulsado un cambio fundamental en su naturaleza. La presencia física ya no es un requisito para hacer negocios: las compañías prestan servicios en línea desde el extranjero u obtienen beneficios de activos intangibles, como el software y la propiedad intelectual; las plataformas digitales generan ingresos a partir del capital de terceros. Las empresas de la economía digital pueden evolucionar mucho más rápido, de nuevas empresas locales a gigantes mundiales, a menudo con pocos empleados o activos tangibles (Figura 2).
Figura 2 Los avances tecnológicos recientes aceleran el crecimiento de las empresas
Para los gobiernos, identificar dónde se crea valor en la economía digital —y captar parte de esas ganancias corporativas— no siempre es sencillo, especialmente en lo que respecta a los datos de los usuarios. En estas circunstancias, a las empresas les resulta más fácil ubicar activos (y, en consecuencia, beneficios) en países con regímenes fiscales corporativos preferentes. Los mercados digitales también plantean nuevos riesgos en el contexto de la competencia.
El cambio en la naturaleza de las empresas coincide con un giro en la demanda de competencias entre los trabajadores. La demanda de competencias menos avanzadas, que pueden ser sustituidas por la tecnología, está disminuyendo. Al mismo tiempo, aumenta la demanda de competencias cognitivas avanzadas (Krueger y Kumar 2004), competencias socioconductuales (Cunningham y Villaseñor 2016) y combinaciones de competencias asociadas a una mayor adaptabilidad (Hanushek et al. 2017).
El auge de las plataformas de mercado también está cambiando la forma en que las personas trabajan y las condiciones en las que lo hacen, a través de la llamada ‘economía gig’. Las personas y las empresas solo necesitan una conexión de banda ancha para comerciar bienes y servicios en plataformas en línea. Esta ‘escala sin masa’ brinda oportunidades económicas a millones de personas que no viven en países industrializados ni siquiera en zonas industriales (Brynjolfsson et al. 2008).
Dicho esto, el número de trabajadores de la economía gig sigue siendo pequeño en proporción a la fuerza laboral total. Los datos escasean pero, allí donde existen, las cifras siguen siendo bajas. Los datos de Alemania y los Países Bajos indican que solo el 0,4 % de la población activa de estos países participa en la economía gig. El informe estima que, en todo el mundo, la población total de freelancers asciende a unos 84 millones, o menos del 3 % de la fuerza laboral mundial de 3.500 millones. Una persona contabilizada como freelancer también puede tener un empleo asalariado habitual. En Estados Unidos, por ejemplo, más de dos tercios de sus 57,3 millones de freelancers también tienen un empleo tradicional, y recurren al trabajo freelance para complementar sus ingresos (Upwork 2017). La mejor estimación es que, a escala mundial, menos del 0,5 % de la población activa participa en la economía gig.
Estos cambios en la naturaleza del trabajo han sido más marcados en las economías avanzadas, en particular en Europa y Norteamérica, donde la adopción y la penetración de la tecnología son mayores y los mercados laborales están más desarrollados. En consecuencia, el auge de la economía gig ha encendido las alarmas en esas regiones del mundo, porque difumina la frontera entre el trabajo formal e informal: en ambos casos, los trabajadores suelen estar en empleos de baja productividad, y la mayoría de las leyes laborales no aclaran las funciones y responsabilidades del empleador frente al empleado. Este grupo de trabajadores a menudo carece de acceso a prestaciones. No hay pensiones, ni seguros de salud o de desempleo, ni ninguna de las protecciones que se ofrecen a los trabajadores con contratos de empleo a largo plazo.
Los gobiernos deben invertir más y mejor en el aprendizaje permanente si los trabajadores han de tener alguna oportunidad de adaptarse a los mercados laborales futuros, desde los programas de desarrollo en la primera infancia y la educación formal hasta la educación superior y los programas de aprendizaje de adultos. Pero repensar los sistemas de protección social es igual de importante.
Un contrato formal de empleo asalariado sigue siendo la base más común de las protecciones que ofrecen los programas de seguro social y las normativas que, por ejemplo, establecen un salario mínimo o una indemnización por despido. El canciller alemán Otto von Bismarck es reconocido como el fundador del seguro social, que proporcionaba prestaciones a los trabajadores del sector formal financiadas con impuestos específicos sobre los salarios. El sistema depende de un empleo asalariado estable, de definiciones claras de la relación entre empleador y empleado, y de una fecha de jubilación fija. Pero este enfoque contributivo empieza a parecer anticuado a medida que la naturaleza cambiante del trabajo altera estas normas tradicionales. La tecnología desplaza la demanda de prestaciones laborales de los empleadores hacia la demanda directa de prestaciones de bienestar al Estado.
También es necesario revisar los programas directos de asistencia social para garantizar que protejan frente a los crecientes riesgos del mercado laboral. La evidencia es irrefutable en cuanto a que las transferencias monetarias contribuyen positivamente a la salud y la educación de las generaciones actuales y futuras. Reducen el estrés y la depresión, aumentan la capacidad mental y fomentan una crianza más implicada. Todo ello sin duda genera hogares más felices y productivos. Pero, en general, la tasa de acceso a la asistencia social es baja. En la UE, solo se reclama alrededor del 60 % de las prestaciones sociales (Eurofound 2015). Esto se debe a la falta de información sobre dichas prestaciones, al estigma asociado a ellas y a los obstáculos burocráticos que deben superarse para recibirlas.
La ‘renta básica universal’ es la solución de moda, pero, en realidad, el mundo sabe muy poco sobre cómo funcionaría en la práctica. Los estudios sugieren que las implicaciones fiscales serían significativas. El coste de una renta básica universal para adultos fijada en el nivel medio de la brecha de pobreza oscila entre el 9,6 % del PIB en los países de bajos ingresos y el 3,5 % del PIB en los países de ingreso medio alto (Figura 3). Una simulación para cuatro países europeos muestra que una renta básica universal costaría (si se fijara en un nivel igual al de los programas de transferencias monetarias existentes) el 13,8 % del PIB en Finlandia, el 10,1 % en Francia, el 8,9 % en el Reino Unido y el 3,3 % en Italia (Browne e Immervoll 2017). En cada caso, no siempre fue posible compensar el coste de la renta básica universal simplemente suprimiendo las prestaciones existentes. Habría que recortar otras iniciativas o subir los impuestos para obtener el efectivo necesario.
Figura 3 El coste de una renta básica universal aumenta a medida que disminuye el nivel de ingresos de los países
