El miércoles 25 de marzo, en un momento conmovedor y decisivo, se pedirá a un grupo de élite de diplomáticos del mundo, sentados alrededor de la gran mesa circular del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que escuche y comprenda los gritos de los niños más vulnerables del mundo. Si asimilan siquiera una fracción de lo que se les cuente, actuarán.
Habrá poco que debatir o discutir. No se perderá absolutamente nada en la traducción. Lo que oigan será igual —e igual de estremecedor— en todos los idiomas.
A los hombres y mujeres del Consejo de Seguridad se les hablará de la difícil situación de las víctimas más silenciosas, olvidadas y expuestas al riesgo de los grandes conflictos del mundo: casi 30 millones de niñas y niños desplazados que no asisten a la escuela. Y las historias que oirán parecerán más propias de la Edad Media que de 2015.
Después se les pedirá que tomen medidas decisivas frente a las violaciones de niñas y niños en Irak, los bombardeos de escuelas en Siria, el secuestro de niñas en Nigeria, el secuestro de niños para convertirlos en soldados en Sudán del Sur y los miles de menores víctimas de trata y sometidos a matrimonios forzados y trabajo esclavo en las zonas de conflicto del mundo.
Este año se cumple el décimo aniversario de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad, que estableció —como uno de los muchos resultados de un informe histórico de Graca Machel, la principal activista por los derechos de la infancia del mundo— el Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados y un mecanismo de vigilancia y presentación de informes sobre violaciones graves contra la infancia en conflictos armados. A partir de sus recomendaciones, y de su propia experiencia de la guerra de liberación de Mozambique y su estudio de conflictos en todo el mundo, el grupo examina informes sobre el reclutamiento y uso de niños soldados, así como otras violaciones y abusos cometidos contra la infancia.
Desde la Segunda Guerra Mundial, nunca tantos niños se habían convertido en refugiados cruzando tantas fronteras. Nunca, fuera del contexto de las guerras mundiales, tantas escuelas de tantos países habían sido objeto de tantos ataques terroristas: 10.000 en solo cinco años. Y nunca tantos niños —la mitad de los 58 millones que hoy no asisten a la escuela— se habían visto privados de su derecho básico a la educación por estar atrapados en zonas de conflicto, desplazados y condenados a una vida nómada, o en campamentos de refugiados.
Al comienzo del milenio, el mundo, a través de la ONU, hizo una promesa a los niños. Nos comprometimos a que, sin importar dónde residieran, todos tendrían educación y una oportunidad en la vida. La seguridad y la protección deberían formar parte de ello de manera automática.
Por eso, hay tres decisiones importantes que el mundo puede tomar ahora que empezamos a contraatacar y a cambiar las tornas frente a grupos como Boko Haram, el grupo terrorista de Nigeria cuyo propio nombre prohíbe la educación a la que tienen derecho todos los niños.
Primero, debemos afrontar el hecho de que, dado que solo el 1% de la ayuda humanitaria se destina a mantener escolarizados a los niños desplazados, el derecho a la educación de la infancia se ha convertido en una de las primeras víctimas de la guerra. Antes de la guerra civil de Siria, casi todos sus niños asistían a la escuela; hoy, los niños sirios tienen una de las tasas de matriculación más bajas del mundo, y 2,8 millones de niñas y niños desplazados carecen de acceso a la educación. Los niños de Sudán del Sur afrontan una situación similar.
Pasar el sombrero entre los donantes internacionales cuando estalla una crisis lleva tiempo y no ha dado los resultados adecuados. Ha llegado el momento de que los socios internacionales creen un nuevo Fondo Humanitario Mundial para la Educación en Situaciones de Emergencia, que pueda actuar de inmediato cuando surja la necesidad de intervenir.
La comunidad internacional ha fijado la Cumbre de Oslo sobre Educación Mundial, en julio, como plazo para lograr avances. Y mientras esperamos la decisión importante sobre un fondo, en mi calidad de Enviado Especial de la ONU, he convocado una conferencia junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Børge Brende, sobre la educación de los medio millón de niños refugiados sirios que se encuentran ahora en el Líbano. Nuestro objetivo es recaudar los 163 millones de dólares que faltan para financiar un sistema de doble turno en las escuelas libanesas y acordar metas de matriculación que permitan educar a todos los niños refugiados sirios.
Segundo, para evitar la militarización de las escuelas, debemos garantizar que los agresores sepan que bombardear escuelas es un crimen de guerra y que usar escuelas como instrumentos de guerra será castigado. Todos los países deberían firmar la Declaración Internacional de Escuelas Seguras, elaborada a la luz de las atrocidades recientes para proteger las escuelas del uso militar y de los ataques, o ser señalados y avergonzados por no hacerlo. De hecho, las escuelas deberían contar con protecciones similares a las otorgadas a los hospitales de la Cruz Roja en virtud de los Convenios de Ginebra.
El mundo también debe actuar de inmediato para crear más «Escuelas Seguras». En Nigeria, una Iniciativa de Escuelas Seguras, impulsada por empresas nigerianas y respaldada por el presidente Goodluck Jonathan para hacer frente a las repetidas atrocidades cometidas por Boko Haram, está tranquilizando ahora a los padres al garantizarles que se hace todo lo posible para proteger las escuelas de sus hijos. Miles de niñas que habían dejado de ir a la escuela por miedo están retomando sus estudios gracias al éxito inicial del programa piloto de Nigeria y a la habilitación de escuelas seguras para los desplazados internos.
También hemos anunciado una nueva alianza entre los sectores privado y público en Pakistán para crear Escuelas Seguras. Con el apoyo del primer ministro Nawaz Sharif, estamos poniendo en marcha un programa piloto en 1.000 escuelas que utilizará tecnología para reforzar la seguridad, y pronto anunciaremos planes para extender la Iniciativa de Escuelas Seguras a Sudán del Sur, el Líbano y la República Democrática del Congo.
Al debatir estas opciones en el Consejo de Seguridad, el objetivo debe estar claro: quienes perpetran ataques contra escuelas y secuestran niños deben enfrentarse a la resistencia inquebrantable de la comunidad internacional. Deben respetar el derecho de los niños a la educación o afrontar las consecuencias más severas.
Francia, que actualmente preside el Consejo de Seguridad, pide con razón a los Estados miembros que presenten propuestas concretas, no una repetición de resoluciones o iniciativas anteriores. Como preparación para el informe anual del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados, que se publicará en junio, se pide al Consejo de Seguridad que considere toda la gama de herramientas —acción diplomática, mediación, sanciones y rehabilitación de niños y niñas— para proteger el derecho de la infancia a aprender. Harán falta medidas audaces, no más retórica grandilocuente.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Gordon Brown es el Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial.
Imagen: Niños leen libros de texto distribuidos por el Estado de la «Colección Bicentenario» en un aula de la escuela Eleazar Lopez Contreras, en Caracas, el 23 de mayo de 2014. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.





