Grecia vuelve a la carga. Ante lo que parece un referéndum decisivo, ahora se plantea la posibilidad de impugnar legalmente cualquier intento de expulsar al país de la eurozona.
«El Gobierno griego hará uso de todos nuestros derechos legales», declaró el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, según The Daily Telegraph.
Estamos recabando asesoramiento y sin duda consideraremos solicitar medidas cautelares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los tratados de la UE no contemplan la salida del euro y nos negamos a aceptarla. Nuestra pertenencia no es negociable.
Pero ¿puede impugnarse legalmente una hipotética decisión de las instituciones de la UE de aplicar un Grexit?
El silencio es oro
Conviene hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, hay que tener presente que pertenecer a la UE y ser un Estado miembro que participa en la eurozona son dos situaciones distintas. Por tanto, lo que parece estar en juego (por ahora) es la permanencia de Grecia en la eurozona, en función del resultado del referéndum del domingo.
El Gobierno griego tiene razón en cuanto al silencio de los tratados fundacionales. Los tratados fundacionales (tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como el Tratado de la Unión Europea) tal como están redactados no contemplan la salida de un país ni prevén la expulsión de un Estado miembro.
Para ser más precisos, las únicas situaciones específicas que se abordan son la solicitud de adhesión como Estado miembro (artículo 49 del Tratado de la Unión Europea [TUE]) y la retirada de la UE. Mientras tanto, el artículo 50 del TUE codifica el derecho de cualquier Estado miembro a decidir retirarse de la Unión Europea de conformidad con sus propias disposiciones constitucionales: el proceso que seguiría un posible Brexit.
Salida forzosa
Sin embargo, la retirada no es automática. La UE debe negociar y celebrar un acuerdo con el Estado en cuestión que establezca las condiciones de la retirada, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el marco de su futura relación con la Unión. No se menciona en absoluto el escenario de una salida de la eurozona tras incumplir los compromisos impuestos por los Estados miembros.
La decisión
Entonces, ¿qué decisión impugnaría Grecia? Sería una decisión adoptada por las instituciones de la UE y los ministros de Finanzas del Eurogrupo para obligar a Grecia a salir de la eurozona por incumplir las obligaciones vinculadas a su participación en la unión monetaria (los criterios establecidos en el artículo 140.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y las condiciones asociadas al programa de rescate de Grecia.
Grecia seguiría siendo un Estado miembro de la UE, pero tendría que volver al dracma o adoptar una nueva moneda. Sin embargo, como se ha señalado, no existe una base jurídica explícita para tal decisión. Puede sostenerse que el incumplimiento de los compromisos de la eurozona constituiría una violación grave de los tratados fundacionales y que sería posible adoptar la decisión basándose en los principios consagrados en los tratados. Pero lo cierto es que habría que modificar los tratados para contemplar esta posibilidad.
No hace falta decir que este es un territorio inexplorado para la UE y, por tanto, las consecuencias jurídicas son inciertas. Dado que la salida de un país de la eurozona puede tener graves consecuencias para la UE y otros Estados miembros, todo abogaría por una salida negociada en lugar de una decisión impuesta y una retirada automática. De hecho, si la decisión afectara directamente a otros Estados miembros, podría dar lugar a acciones legales de su parte contra la UE.
Nocaut técnico
Grecia habla de la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra las instituciones de la UE para bloquear cualquier salida de la eurozona. En el hipotético (y muy improbable) caso de que emprendiera este curso de acción, ¿qué vía jurídica podría seguir para impugnarla?
Grecia podría interponer un recurso de anulación contra la decisión, invocando los motivos habituales de revisión judicial. Estos podrían ser la falta de competencia; la infracción de un requisito procesal esencial; la infracción de los tratados de la UE o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación; o la desviación de poder.
Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendría que resolver el caso a la luz de los principios del Derecho de la UE. Sin duda, habrá otros problemas relacionados con la interpretación y la evolución de la UE. En pocas palabras, el TJUE podría anular el acto en cuestión si se considera contrario al Derecho de la UE.
Ganar tiempo
Podemos extraer la siguiente conclusión. Si una disposición como el artículo 50 del TUE, que aborda explícita y detalladamente la salida (voluntaria) de la UE, no prevé las circunstancias descritas anteriormente, sería muy aventurado suponer que su redacción contempla implícitamente este complejo escenario.
Sencillamente, no hay una respuesta inequívoca, basada en la interpretación de los tratados fundacionales, sobre cuál de las distintas posturas es jurídicamente correcta. Ese grado de incertidumbre podría animar a Grecia a plantear la posibilidad de impugnar la decisión y, si no otra cosa, abre la perspectiva de una prolongada batalla legal que difícilmente llegará a una conclusión satisfactoria, pero que probablemente le permitiría ganar muchísimo tiempo en las negociaciones.
Este artículo se publica en colaboración con The Conversation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Belén Olmos Giupponi es profesora de Derecho en la Universidad de Stirling.
Imagen: Una bandera de la Unión Europea (izquierda) y una bandera nacional griega ondean frente al templo del Partenón en Atenas el 20 de enero de 2015. REUTERS/Alkis Konstantinidis.
