Como el Fondo Monetario Internacional acaba de recortar por quinto año consecutivo sus previsiones de crecimiento económico para América Latina, los países de la región buscan formas de reactivar la inversión e impulsar la productividad. Los defensores de la Asociación Transpacífica (TPP), el acuerdo comercial megarregional propuesto que uniría a 12 países de la cuenca del Pacífico, sostienen que deberían mirar a Asia, de rápido crecimiento. Pero ¿deberían hacerlo?
Si se hace bien, el TPP podría ayudar a México, Perú y Chile —los miembros latinoamericanos del acuerdo— a dar el salto a exportaciones de alta productividad basadas en la innovación. Pero para ello, el TPP tendría que fomentar, no obstaculizar, la circulación del conocimiento en la cuenca del Pacífico. Lamentablemente, Estados Unidos insiste en una serie de disposiciones sobre propiedad intelectual que sirven a los intereses de empresas con sede en Estados Unidos, pero contribuyen poco a crear un entorno propicio para la innovación en otros lugares. Eso debe cambiar, y pronto, para que puedan concluirse con éxito años de negociaciones.
Los desafíos de crecimiento de los tres países latinoamericanos del TPP son muy distintos. En las últimas dos décadas, México ha logrado diversificar su base exportadora y ahora es un importante proveedor de bienes industriales para Estados Unidos y Canadá. La mala noticia es que las perspectivas de crecimiento de México han quedado inextricablemente ligadas a las de su enorme vecino del norte. La buena noticia es que Estados Unidos está creciendo más rápido que cualquier otra gran economía industrializada, por lo que México puede esperar —según el FMI— un par de años de aceleración de la expansión económica.
Perú y Chile, en cambio, son exportadores de recursos naturales que obtuvieron enormes beneficios del auge de las materias primas impulsado por China durante la última década. Hoy los precios de las materias primas han bajado, y también el crecimiento. Dado que es difícil volverse cada vez más eficiente en la producción de una tonelada de cobre o una libra de fruta (y, en el caso de Chile, la ley del mineral de cobre está disminuyendo rápidamente), el crecimiento futuro debe provenir de la diversificación: trasladar capital y mano de obra a nuevos sectores, donde la productividad sea mayor.
Ahí es donde entran en juego el comercio en la cuenca del Pacífico y el TPP. Una empresa de Tailandia, Filipinas o Vietnam puede desarrollar una nueva línea de productos al integrarse en la enorme cadena de valor de Asia Oriental y producir, por ejemplo, un pequeño componente que, junto con muchos otros componentes, se ensamblará en un teléfono inteligente en una fábrica de China.
Las empresas de Chile o Perú —o de Colombia o Uruguay, para el caso— no disfrutan de oportunidades similares. América del Sur está fuera de las principales cadenas de valor del mundo. Las empresas innovadoras afrontan el arduo desafío de desarrollar productos completamente nuevos y venderlos en mercados geográfica y económicamente distantes.
El TPP podría contribuir a cambiar esta situación al facilitar el comercio de insumos intermedios y ayudar a construir cadenas de valor que abarquen todo el Pacífico. Sería especialmente valioso desenredar el laberinto de «reglas de origen»: las normas que determinan cuándo pueden utilizarse insumos producidos en otros países en productos que reunirán los requisitos para recibir beneficios del libre comercio.
Hasta aquí, todo bien. Los optimistas pueden imaginar una nueva generación de flujos transpacíficos de comercio, inversión y conocimiento, con beneficios para todos. Pero entonces los promotores del TPP deben lidiar con la obstinación de los productores japoneses de arroz (el primer ministro Shinzo Abe promete abordar ese asunto) y de los titulares estadounidenses de patentes y derechos de autor.
La propiedad intelectual se ha convertido en uno de los temas más controvertidos de las negociaciones del TPP, y no es difícil entender por qué. Estados Unidos presiona para ampliar la protección de los derechos de autor de obras publicadas, música y películas. También quiere cambios técnicos que, en la práctica, prolongarían considerablemente la vigencia de las patentes de productos farmacéuticos, alargarían el proceso de aprobación para los fabricantes de medicamentos genéricos y ampliarían la protección de los medicamentos biológicos.
La lista de exigencias controvertidas de Estados Unidos es larga. Una que ha enfurecido especialmente a los activistas en línea clasificaría las copias en caché de sitios web generadas por búsquedas en Internet como copias temporales, de modo que los usuarios podrían estar sujetos a multas por infracción de derechos de autor. También preocupa que se limite la libertad de expresión si se retiran materiales por presuntas infracciones de derechos de autor.
Muchas de estas disposiciones no figuran en acuerdos internacionales actualmente vigentes —como el acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio— ni en los acuerdos bilaterales de libre comercio que el propio Estados Unidos ha negociado con numerosos países. En otros casos, los períodos de protección aumentarían considerablemente. En materia de derechos de autor, Estados Unidos exige 95 años de protección después de la publicación, o 120 años después de la creación, mientras que los ADPIC establecen 50 años y los acuerdos de Estados Unidos con Australia, Chile, Corea y Perú especifican 70 años.
Nadie discrepa de la necesidad de una sólida protección de la propiedad intelectual. Si los inventores no pueden esperar que se recompensen sus logros, dejarán de inventar o los inversores dejarán de financiar sus proyectos. Pero la mayoría de los economistas coincide en que esos incentivos deben equilibrarse con la necesidad de acelerar la difusión y la absorción del conocimiento, y en que el punto óptimo se encuentra en algún lugar intermedio. En este sentido, la exigencia de Estados Unidos de ampliar los plazos de protección de patentes y derechos de autor es arbitraria, porque no se basa en un argumento claro a favor de una mayor eficiencia económica.
La política de este tema es complicada para los miembros latinoamericanos del TPP. Los tres han negociado acuerdos de propiedad intelectual con Estados Unidos, alcanzando niveles de protección que parecían aceptables para ambas partes. ¿Por qué habría de cambiar eso ahora?
El dilema resulta especialmente desconcertante para Chile, un país que ya tiene acuerdos comerciales bilaterales con todos los posibles miembros del TPP. Si es improbable que Chile obtenga un nuevo acceso sustancial a los mercados, preguntan sus críticos, ¿por qué debería hacer concesiones comerciales?
Eso es ir demasiado lejos. Precisamente por la urgente necesidad de diversificar sus exportaciones, Chile, Perú y otros países de ingreso medio podrían beneficiarse enormemente de acuerdos como el TPP. Pero ese potencial solo se hará realidad si circula más conocimiento, no menos, a través de las fronteras de los países miembros. Estados Unidos también se beneficiaría de tener socios comerciales capaces de innovar, en vez de servir únicamente como compradores pasivos de películas y canciones estadounidenses. Cuanto antes lo entiendan los negociadores comerciales estadounidenses, mejor para todos.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Andrés Velasco, ex candidato presidencial y ministro de Hacienda de Chile, es profesor de práctica profesional en Desarrollo Internacional en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia.
Imagen: Un buque de carga en las esclusas de Miraflores, en Ciudad de Panamá. REUTERS/Carlos Jasso




