La reforma del capitalismo de mercado tras la crisis de Lehman Brothers sigue siendo una tarea pendiente. La crisis financiera de 2008 se transformó en una recesión económica, una crisis social, una crisis de deuda, y 2016 fue el año en que claramente se convirtió en una crisis política. Los mercados no están generando un crecimiento inclusivo en las economías industrializadas.
Una proporción significativa de los hogares de los países industrializados ha experimentado ingresos reales estancados o en descenso durante una década o más, con graves efectos intergeneracionales. Las brechas laborales y de género no se están reduciendo; tampoco lo hacen la tasa de desempleo juvenil ni la proporción de jóvenes que no estudian, no tienen empleo ni reciben formación (NEET). Estos factores se han combinado para aumentar la posibilidad de un «estancamiento secular». También han contribuido a una reacción popular contra los gobiernos, las instituciones y el propio funcionamiento de los sistemas económicos.
El voto a favor del Brexit, los resultados de las elecciones estadounidenses y el tono de las campañas electorales en curso en Europa revelan una grave crisis de confianza. Estas tendencias se manifiestan de forma distinta según la región, la edad y el género, y no se observan universalmente en todos los países. Las provocan diferentes cuestiones: el lento crecimiento y el estancamiento de los salarios medianos, el aumento de la desigualdad, el desempleo persistente, las implicaciones del incremento de la migración y la inseguridad que generan la globalización y el cambio tecnológico. El elemento común es que segmentos significativos de la población sienten que, mientras otros han salido beneficiados pese a la desaceleración económica, ellos han perdido y sienten más inseguridad respecto de su futuro. La afirmación de que «las élites están desconectadas» ha calado hondo.
La pregunta no debería ser tanto «si» hay que reformar, sino «cómo».
La falta de dinamismo económico lastra considerablemente los resultados del empleo. Las tasas de desempleo de varios Estados miembros de la OCDE, principalmente europeos, son inaceptablemente altas. Mientras tanto, existe un enorme potencial de mano de obra que podría aprovecharse en aquellas economías y regiones donde las tasas oficiales de desempleo han bajado, pero la formación y las políticas activas del mercado laboral no están funcionando suficientemente bien.
Salir del estancamiento secular
La OCDE y el FMI han recomendado que, para escapar de la trampa del bajo crecimiento, es necesaria una expansión fiscal coordinada que impulse la inversión pública. Esto refleja un consenso cada vez mayor de que la política monetaria está sobrecargada y no puede proporcionar por sí sola el estímulo a la demanda que se necesita. Dadas las tasas de interés excepcionalmente bajas, la última Perspectiva reconoció que quienes diseñan la política fiscal tienen margen de maniobra para impulsar el crecimiento.
Hay que prestar atención a estas advertencias: los gobiernos deben abandonar la austeridad que ha dominado el pensamiento sobre políticas desde 2010. Sí existe margen fiscal para:
Aumentar la inversión pública en infraestructura en una cuantía equivalente al 2 % del PIB, centrándose en la creación de empleo, las mejoras de productividad, la reducción de las brechas de empleo entre hombres y mujeres y entre jóvenes y adultos, y la transición a una economía baja en carbono mediante la creación de empleos verdes;
Aumentar la inversión en educación pública de calidad y en el desarrollo de competencias mediante estrategias a largo plazo que involucren a los interlocutores sociales a nivel de empresa y sector, para ofrecer formación permanente en el trabajo;
Elaborar un plan de acción para garantizar empleos dignos en la economía digital y ante la próxima ola de digitalización;
Dar seguimiento al compromiso del Acuerdo de París sobre el cambio climático con una «transición justa» mediante medidas nacionales y el diálogo con los interlocutores sociales sobre la transformación industrial, y apoyar la creación de un «Fondo para una Transición Justa» para los trabajadores y las comunidades.
Reducir la desigualdad de ingresos
En las economías industrializadas, a lo largo de tres décadas la proporción del trabajo en el ingreso nacional disminuyó, en promedio, 10 puntos porcentuales del PIB. La desigualdad de ingresos dentro de la masa salarial aumentó en 22 de los 25 países de la OCDE con estadísticas comparables. Desde 2008, la desigualdad de los ingresos de mercado aumentó en tres años tanto como en los 10 anteriores. Los últimos estudios de la OCDE sobre los ingresos más altos y la tributación muestran que, en todos los países, quienes se encuentran en «la cúspide de la distribución del ingreso» han sido quienes más se han beneficiado.
La tendencia ha sido más extrema en Estados Unidos, donde el 60 % más pobre de la población no vio ninguna mejora en su nivel de vida durante los últimos 25 años, mientras que el 1 % más rico aumentó su participación en el ingreso total del 13 % en 1990 al 18 % en 2014. A corto plazo, la desigualdad está frenando la recuperación. A mediano plazo, alimenta la desconfianza pública respecto de si los beneficios del crecimiento se comparten y crea las condiciones para el auge del populismo en las economías. A más largo plazo, la desigualdad provocará mayores brechas de competencias, lo que no favorecerá una transición inclusiva hacia una economía digitalizada y globalizada.
La afirmación de que «para distribuir más, primero tenemos que aumentar la eficiencia económica» y simplemente seguir adelante con la liberalización del comercio y la inversión y la «flexibilidad» del mercado laboral no resulta convincente. En Estados Unidos, la productividad aumentó un 60 % en las últimas dos décadas, pero los salarios medianos reales solo subieron un 6 %. Si el crecimiento de los salarios (reales) sigue rezagado respecto de la productividad, como ha ocurrido en la mayoría de los países de la OCDE, esto reducirá la proporción del trabajo en el PIB. Estados Unidos tiene uno de los mercados laborales más «flexibles» de la OCDE. El resultado es la inseguridad de los trabajadores.
Una dinámica salarial más sólida, mediante una negociación colectiva eficaz y salarios mínimos bien fijados, debe ser un elemento central de una agenda de políticas de «crecimiento inclusivo». Esto generaría un dividendo múltiple. En primer lugar, un mayor crecimiento salarial inyectará demanda adicional en la economía y contribuirá a fortalecer la recuperación. En segundo lugar, una dinámica salarial más sólida ayudará a los bancos centrales a restablecer su credibilidad y su compromiso con la estabilidad de precios. Si la dinámica salarial continúa estancada en niveles extremadamente bajos, del 1 al 1,5 %, la inflación subyacente y las expectativas de inflación seguirán quedándose por debajo de lo previsto.
Atribuir los problemas del aumento de la desigualdad de ingresos y la caída de la proporción de los salarios a megatendencias como la automatización oculta el hecho de que ciertas decisiones políticas, y en particular la austeridad, desempeñaron un papel decisivo, entre otras cosas al debilitar el poder de negociación de los trabajadores y los sindicatos. Un estudio del FMI concluye que casi la mitad del aumento de la proporción de ingresos del 10 % más rico se debe a una caída de la afiliación sindical, mientras que el cambio tecnológico y la globalización desempeñan un papel más limitado. A medida que disminuye la afiliación sindical, aumenta la desigualdad. Cuando la afiliación sindical es mayor, se contienen los ingresos del 10 % más rico (FMI).
Además, el diálogo social y la negociación colectiva pueden acompañar de forma coordinada el cambio tecnológico y contrarrestar sus efectos negativos en la distribución del ingreso y las posibles pérdidas de empleo.
Los gobiernos deben desarrollar estrategias para elevar los ingresos medios y bajos, a fin de impulsar la demanda y el poder adquisitivo. Esto debería lograrse fortaleciendo las instituciones del mercado laboral, en particular la negociación colectiva y los salarios mínimos, para reducir la desigualdad de ingresos y frenar el aumento del trabajo precario, informal o irregular que desplaza al empleo regular.
Una agenda de reformas debe:
Ampliar la cobertura de la negociación colectiva;
Establecer salarios mínimos bien fijados, teniendo en cuenta los contextos nacionales;
Garantizar el acceso a educación y formación de calidad mediante infraestructura y herramientas adecuadas y apropiadas, especialmente en épocas de crisis, e impulsar la inversión de los empleadores y la participación activa de ambos interlocutores sociales;
Restablecer la progresividad del sistema tributario, incluida la tributación de los ingresos más altos, y garantizar una tributación efectiva de las empresas multinacionales.
Reunir recursos y coordinar esfuerzos para abordar el aumento de los flujos migratorios y diseñar estrategias que permitan una transición justa para las sociedades
Aplicar marcos de políticas, reglamentos y normas para distribuir los beneficios de la digitalización y de la «próxima revolución industrial» en un sentido amplio. Es esencial garantizar que los trabajadores, independientemente de si trabajan en plataformas en línea, de dónde trabajen, de su sector o de su contrato, tengan derecho a igualdad de trato en cuanto a las condiciones laborales y a la cobertura de protección social, y reciban en el momento oportuno formación adecuada y medidas de activación laboral.
Una agenda progresista de comercio e inversión
Ante el estancamiento económico y la desaceleración del crecimiento del comercio mundial, algunos han pedido acelerar la liberalización del comercio y la inversión. Esto pasa por alto el punto esencial: la causalidad no va de un comercio mundial más débil (o del aumento de las barreras comerciales) a un crecimiento más débil, sino al revés. El problema central en el contexto actual no es el aumento del proteccionismo ni la liberalización insuficiente del comercio y la inversión, sino la debilidad de la demanda agregada en la economía mundial.
Ignorar el vínculo entre la debilidad de la demanda y la contracción del comercio entraña el riesgo de volver a caer en la trampa de un relato sobre la «competitividad». Las economías que intentan «salir de la crisis exportando» al reducir la proporción del trabajo terminan agravando la falta de demanda en el mundo en su conjunto.
Lo que se necesita es una agenda de comercio e inversión que haga cumplir el respeto de las normas laborales y en la que los inversores extranjeros respeten los sistemas jurídicos nacionales y las normas internacionales. La agenda de rendición de cuentas empresarial, que abarca la conducta empresarial responsable, el trabajo digno en las cadenas mundiales de suministro y una gobernanza corporativa eficaz, debe garantizar que los modelos de negocio fomenten la inversión a largo plazo y paciente, así como una distribución justa de la riqueza empresarial entre las partes interesadas.
Las políticas deben ir más allá de la idea de «compensar a los perdedores». Deben garantizar que las economías y los mercados se estructuren desde el principio para producir resultados más justos. Los trabajadores deben beneficiarse de la protección del empleo y, en caso de desempleo, de una sólida red de seguridad social y de políticas activas del mercado laboral. Para lograr una flexibilidad interna equilibrada, hay que reforzar la inversión en competencias y sistemas de formación que proporcionen a los trabajadores las herramientas necesarias para aprovechar el cambio, así como la participación de los trabajadores y el diálogo social.
La agenda de comercio e inversión debe centrarse en:
Garantizar la protección del empleo, en particular mediante avisos anticipados, para dar a los trabajadores una «señal de alerta temprana». Ofrecer prestaciones de desempleo sólidas para dar tiempo a encontrar buenas correspondencias entre empleo y competencias. Proporcionar programas de aprendizaje y formación en el trabajo para garantizar la mejora continua de las competencias durante toda la vida;
Comprometerse a incluir disposiciones exigibles sobre derechos laborales y responsabilidades de los inversores en los acuerdos, y garantizar mecanismos de solución de controversias justos, abiertos y transparentes, que den acceso a todos los grupos interesados y abarquen los derechos de todas las partes interesadas;
Promulgar legislación nacional que obligue a las empresas a ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro y colaborar con la OIT para identificar formas de promover todos los aspectos de la agenda de trabajo decente, sobre la base de las conclusiones de junio de 2016 de la discusión de la CIT sobre las cadenas mundiales de suministro;
Hacer cumplir instrumentos como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales mediante el fortalecimiento de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC).
Ante todo, 2017 debe demostrar que las políticas y la política pueden reformar el capitalismo de mercado para que las economías impulsen tanto la justicia social como la eficiencia económica.
