Tras décadas de globalización, existen más conflictos y disputas que abarcan varias jurisdicciones que nunca, y no se resolverán con meras declaraciones de lealtad a nuestra humanidad compartida. La comunidad internacional necesita un nuevo pacto de normas acordadas, formalizado por escrito y aplicable por un tercero designado.
En mi libro The Republic of Beliefs: un nuevo enfoque del derecho y la economía, me planteé demostrar cómo los métodos surgidos del largo y fructífero diálogo entre estas disciplinas podrían, con un poco de ayuda de la teoría de juegos, aplicarse a las disputas multilaterales y a los conflictos multijurisdiccionales. Por ello, incluí una sección sobre el reto de crear una constitución global. Se trata de una idea con una historia bastante larga.
En el siglo XIV, por ejemplo, las ciudades-estado semiautónomas de Italia desarrollaron la “doctrina estatutaria” para resolver los problemas que surgían con el comercio a través de múltiples jurisdicciones legales. Como Stephen Breyer, juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, sugiere, en ausencia de mecanismos institucionales de resolución de controversias, un caso presentado contra un natural de Florencia por un natural de Roma podría haber arrastrado a ambos Estados a la guerra.
O bien, pensemos en la incautación por parte de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales de un buque mercante portugués, el Santa Catarina, en el estrecho de Singapur en 1603. Aquel episodio planteó cuestiones multijurisdiccionales tan complejas que fue necesario recurrir al jurista neerlandés Huig de Groot (Grocio) para mediar, lo que dio lugar a uno de los primeros intentos de codificar el derecho internacional.
Pese a esta larga historia, los intentos de establecer un derecho internacional han tenido un éxito solo limitado. Crear un sistema sensible al bienestar de todos los individuos – lo que Eric Posner, de la Universidad de Chicago, denomina el “enfoque welfarista” – choca rápidamente con el problema de la soberanía del Estado-nación. Como único garante de la ley y de los derechos de los ciudadanos dentro de su jurisdicción, el Estado-nación tiene la prerrogativa de ignorar o anular las leyes o derechos reconocidos por terceros.
Aun así, no podemos simplemente esperar a que los debates académicos sobre estas cuestiones lleguen a una conclusión. El mundo está atrapado en disputas que atraviesan jurisdicciones, sobre todo el desastre del Brexit. ¿Cómo se gestionará el flujo de bienes y personas entre la Unión Europea y Gran Bretaña, y entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Ni la primera ministra británica Theresa May ni nadie más tiene una respuesta concluyente. El resultado del Brexit sigue siendo incierto, incluso cuando la probabilidad de la propia salida de May se convierte en una conclusión inevitable.
Mientras tanto, en otro ámbito, crece la conciencia de que las leyes antimonopolio vigentes podrían resultar insuficientes para gestionar los problemas que plantea la economía digital. Aunque Estados Unidos alberga 12 de las 20 mayores empresas tecnológicas del mundo, no ha logrado frenar sus peores prácticas. Ante la ausencia de un marco internacional, los gobiernos nacionales y regionales, como el de la UE, han comenzado a emprender acciones regulatorias unilaterales, con el riesgo de avivar las tensiones con la administración titubeante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Asimismo, desde el mar Mediterráneo hasta la frontera entre Estados Unidos y México, el flujo de personas con costumbres y creencias diferentes, procedentes de países con marcos jurídicos distintos, está poniendo a prueba los sistemas de inmigración existentes hasta el límite. Algunas de estas diferencias pueden resultar cómicas. Un técnico de control de plagas que fumigaba mi casa en Delhi (India) me aseguró en una ocasión que mi hogar quedaría libre de termitas porque usaba productos químicos muy potentes, y añadió, para tranquilizarme aún más: “Son de los que están totalmente prohibidos en Estados Unidos”. Pero también existen conflictos de creencias y costumbres más graves, en particular los relacionados con choques religiosos. Un conflicto sectario sin control en una era de armas sofisticadas y guerra cibernética podría ser catastrófico.
Aunque los detalles del derecho internacional seguirán debatiéndose indefinidamente, podemos —y debemos urgentemente— adoptar una constitución global aquí y ahora. Como mínimo, un pacto de este tipo establecería normas básicas de conducta que todos puedan aceptar y autorizaría la aplicación por parte de un tercero realmente facultado para llevarla a cabo.
Con frecuencia apelamos a la moralidad individual y a la decencia humana básica cuando tratamos de resolver conflictos políticos y culturales. La premisa es que, si todos respetaran el derecho de los demás a practicar su propia religión, muchos de nuestros problemas desaparecerían. Sin embargo, estos conflictos suelen ser irresolubles, pues existen costumbres y prácticas fundamentalmente incompatibles entre sí.
Imaginemos dos sociedades. En una, la religión dominante exige que todos conduzcan por la izquierda; en la otra, todos deben conducir por la derecha. Si existieran para siempre en islas separadas, habría paz. Pero con la globalización y el movimiento de personas entre ambas islas, se habrán sembrado las semillas del conflicto.
Las sociedades pueden perpetuar ese conflicto mediante la guerra y la dominación, o bien pueden acordar un código común. Algunas partes quizá deban ser compensadas por sus sacrificios; o bien cada parte puede tener que ofrecer concesiones en algunas cuestiones a cambio de condiciones favorables en otras. Ese es el sentido de la negociación y el compromiso, para los que no existe alternativa más que el conflicto prolongado.
El compromiso rara vez es fácil, especialmente cuando se superponen intereses e identidades. Pero, dado el grado en que la globalización ya ha avanzado, no podemos limitarnos a quedarnos en nuestro carril y esperar lo mejor. Estados Unidos, durante mucho tiempo líder en el establecimiento de normas globales, se está retirando tras un muro psicológico. Necesitaremos ciudadanos corrientes, miembros de la sociedad civil e, incluso, líderes religiosos que reconozcan la necesidad de la colaboración global y exijan a los responsables políticos que tomen la iniciativa.
