En la sopa de letras de instituciones que intervienen en la regulación de los mercados financieros mundiales, el FMLC —el Comité de Derecho de los Mercados Financieros— no ocupa un lugar muy destacado. Dado que tiene su sede únicamente en Londres, donde surgió hace 20 años a partir de una iniciativa del Banco de Inglaterra, y que la mayoría de sus miembros son abogados, la mayoría de los bancos ni siquiera ha oído hablar de él (aunque algunos están representados en su Consejo). Pero los servicios que presta el FMLC nunca han sido más necesarios.
La misión del FMLC es identificar y proponer soluciones a los problemas de incertidumbre jurídica en los mercados financieros que podrían generar riesgos en el futuro. Como mostró un reciente documento del FMLC, la oleada de nuevas regulaciones implantadas desde la crisis financiera mundial —muchas de ellas mal planificadas o incoherentes entre países— ha dejado un panorama confuso de incertidumbres jurídicas.
Consideremos los requisitos de capital de los bancos. El Acuerdo de Basilea III, cuya adopción aumentó la liquidez de todos los bancos y redujo su apalancamiento, se considera un estándar firme en algunas partes del mundo. Sin embargo, en otras se considera un mínimo al que pueden añadirse normas adicionales. Esta «super-equivalencia» o, más coloquialmente, «sobrerregulación» genera incoherencias entre jurisdicciones y, por tanto, facilita el arbitraje regulatorio.
Asimismo, la Unión Europea, a diferencia de Estados Unidos, considera el coeficiente de apalancamiento un complemento supervisor opcional, conocido como «medida del Pilar 2» (que permite a los supervisores añadir colchones de capital adicionales para abordar los riesgos idiosincrásicos de un banco concreto). Y, aunque tanto Estados Unidos como la UE prohíben la negociación por cuenta propia, cada uno la define de manera distinta.
También existen incoherencias entre Estados Unidos y la UE en la reforma del mercado de derivados, que, según ha advertido el Consejo de Estabilidad Financiera, podrían socavar los objetivos establecidos por el G-20 de lograr una mayor estandarización de los contratos y una mayor transparencia. Además, mientras las normas de Basilea siguen haciendo amplia referencia a las calificaciones crediticias como base para evaluar la solvencia de los prestatarios, la Ley Dodd-Frank de Estados Unidos se aleja de la dependencia de dichas calificaciones.
Estas diferencias —y el Consejo del FMLC enumera muchas más— reflejan un peligroso cambio en el enfoque mundial de la regulación. El entusiasmo inicial posterior a la crisis por nuevas normas regulatorias acordadas a escala mundial ha dado paso a diversas iniciativas nacionales, impulsadas por agendas políticas internas y con escasa consideración por la compatibilidad transfronteriza.
Más problemático aún, los procedimientos de revisión por pares introducidos hasta ahora harán poco, si es que hacen algo, para resolver el problema. Tampoco ofrecen esperanzas de solución los memorandos de entendimiento elaborados por los reguladores financieros nacionales. Según el documento del FMLC, «suelen ser objeto de desacuerdos interpretativos, no son jurídicamente vinculantes, no cuentan con mecanismos vinculantes de resolución de disputas y no impiden que las autoridades nacionales actúen unilateralmente».
Entonces, ¿qué se puede hacer? El FMLC formula cuatro recomendaciones importantes.
En primer lugar, el Consejo de Estabilidad Financiera debería ayudar a reducir las incoherencias evitables entre países mediante la difusión de un conjunto de principios de alto nivel que se esperaría que todos los países miembros respetaran al introducir nuevas regulaciones. De hecho, la necesidad de tales principios debería haberse reconocido en 2009, cuando comenzó la oleada de nueva regulación.
En segundo lugar, para abordar los conflictos regulatorios existentes, el FMLC recomienda establecer un marco de «conflicto de regulaciones» que determine qué régimen jurídico —el del país de origen de una empresa global o el del país anfitrión de su filial local— tiene jurisdicción en una disputa transfronteriza concreta. El informe explica que la alternativa de recurrir a una organización multilateral de terceros para que actúe como mediadora en tales disputas cuenta con escaso apoyo de los países del G-20.
En tercer lugar, el FMLC propone ampliar el mandato del Consejo de Estabilidad Financiera. Ese organismo, surgido del antiguo Foro de Estabilidad Financiera en 2009 con pocos poderes y sin estatus formal, solo recientemente se ha convertido en una entidad jurídica independiente. Reforzar sus poderes —incluida, por ejemplo, la elaboración de principios para abordar las incoherencias jurídicas transfronterizas— podría contribuir mucho a resolver los problemas derivados de las disparidades regulatorias.
Por último, el FMLC pide que se establezca una secretaría permanente del G-20 para mejorar la continuidad y la coordinación entre sus presidencias. En la situación actual, las prioridades políticas cambian constantemente; expedientes concretos pierden centralidad e incluso desaparecen de un año a otro.
La incertidumbre regulatoria quizá no parezca el tema más apasionante, lo que probablemente explica por qué el informe del FMLC ha recibido tan poca atención. Pero, como demostró crudamente la crisis financiera mundial de 2008, puede hacer que los mercados dejen de funcionar, y la ambigüedad sobre las responsabilidades de los distintos reguladores puede dificultar, incluso imposibilitar, la solución de los problemas causados por empresas en quiebra. (Las memorias de la crisis del exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, dejan ese punto dolorosamente claro.)
Cuando presidía el organismo regulador del Reino Unido, la Autoridad de Servicios Financieros, creía en la idea de que los abogados debían estar disponibles para asesorar, pero no al mando. Sin embargo, siempre se les debía escuchar. Los influyentes abogados del FMLC han hablado. El mundo debería escuchar.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate . La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Howard Davies, profesor de Sciences Po en París, fue el primer presidente de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (1997-2003).
Imagen: Se ve un letrero de Bank Street y edificios de gran altura en el distrito financiero de Canary Wharf, en Londres. REUTERS/Luke MacGregor.
