El economista galardonado con el Nobel Paul Krugman bromeó una vez diciendo que «Canadá está, en esencia, más cerca de Estados Unidos que de sí mismo». Al fin y al cabo, la mayoría de sus habitantes vive en una franja estrecha a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera. La mayoría de los canadienses vive más cerca de más estadounidenses que de otros canadienses.
Lo mismo puede decirse de las empresas y los gobiernos. La mayoría de las empresas está más cerca del gobierno que de otras empresas: interactúa más con las normas y los organismos gubernamentales que con el resto del tejido empresarial. La calidad de esa interacción y su evolución a lo largo del tiempo probablemente sean los determinantes más fundamentales del potencial de crecimiento y prosperidad de un país.
Pero esta no es la Weltanschauung —la visión del mundo— que impregna el discurso del sector privado, en especial las opiniones expresadas por la mayoría de las cámaras de comercio e industria y las asociaciones empresariales de todo el mundo. Las organizaciones empresariales suelen adherirse al aforismo de Ronald Reagan: «El gobierno no es la solución a nuestros problemas; el gobierno es el problema».
Es una frase pegadiza: breve, recursiva y algo poética. Por desgracia, también es peligrosamente engañosa. Al fin y al cabo, aunque el gobierno fuera el problema, cambiar lo que hace tendría que formar parte de la solución.
La verdad es que los mercados no pueden existir sin los gobiernos, y viceversa. Los gobiernos son esenciales para establecer la seguridad, la justicia, los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, todos ellos indispensables para una economía de mercado.
Los gobiernos también deben organizar la provisión de infraestructura para el transporte, las comunicaciones, la energía, el agua y la eliminación de residuos. Gestionan y regulan los sistemas de salud, así como la educación primaria, secundaria, terciaria y profesional. Crean las normas y proporcionan las certificaciones que permiten a las empresas asegurar a sus clientes, trabajadores y vecinos que sus actividades son seguras. Protegen a los acreedores y a los accionistas minoritarios de los directivos deshonestos (y a los directivos de los acreedores impulsivos).
Decir que los gobiernos deberían apartarse y dejar que el sector privado haga lo suyo es como decir que los controladores del tráfico aéreo deberían apartarse y dejar que los pilotos hagan lo suyo. De hecho, los gobiernos y el sector privado se necesitan mutuamente y deben encontrar mejores formas de colaborar.
El problema es que, en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, la relación actual entre el sector privado y el gobierno suele ser disfuncional. No solo se caracteriza por una profunda desconfianza, sino que la sociedad en general no considera que una relación más estrecha sea legítima ni responda al interés público, y con razón.
El sector privado suele relacionarse con el gobierno para aumentar su rentabilidad. Al fin y al cabo, se supone que los directores ejecutivos deben maximizar los beneficios. Y el gobierno tiene maneras de ayudar: puede obligar a los proveedores a vender sus insumos a menor precio, reprimir las demandas salariales de los trabajadores, proteger el mercado final de la competencia de las importaciones o de nuevos participantes, o reducir los impuestos de las empresas.
Pero estos mecanismos aumentan la rentabilidad de las empresas empobreciendo a sus proveedores, trabajadores y clientes. Aceptar tales demandas convierte, con razón, al gobierno en ilegítimo ante los ojos del resto de la sociedad, que da prioridad a cuestiones más importantes que la redistribución en favor de quienes ya son ricos.
Los resultados serían muy distintos si la relación se centrara en la productividad y no en la rentabilidad. Al reducir los costos, las mejoras de productividad permiten a las empresas pagar mejor a sus trabajadores y proveedores, reducir los precios para los consumidores, pagar más impuestos y, aun así, ganar más dinero para sus accionistas. Centrarse en la productividad beneficia a todos.
Los gobiernos pueden hacer muchas cosas, en diversos ámbitos, para elevar la productividad. Los productos frescos requieren un sistema logístico de almacenamiento en frío, un carril verde en las aduanas, la certificación de buenas prácticas agrícolas y permisos sanitarios. El turismo depende de requisitos de visado razonables, aeropuertos convenientes, señales viales, permisos para construir hoteles y la conservación de sitios culturales y costas. La industria manufacturera requiere espacio urbano específico, adecuadamente conectado a la electricidad, el agua, el transporte, la logística y la seguridad, y con acceso a una fuerza laboral diversa.
Todos estos insumos que impulsan la productividad requieren instituciones que enseñen y difundan conocimientos y habilidades pertinentes para la industria. Ninguno de ellos figura en los indicadores Doing Business del Banco Mundial ni en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Y, sin estos insumos públicos, las industrias que dependen de ellos no pueden prosperar.
Eso es precisamente lo que ocurre cuando no existe una base sólida y legítima para la cooperación entre el gobierno y el sector privado. El resultado es una provisión insuficiente de bienes públicos que elevan la productividad y mejoran el bienestar de todos.
Para crear esa base de cooperación, muchos países necesitan un nuevo pacto entre el gobierno y el sector privado. Esto no será posible si los grupos empresariales insisten en poner los impuestos en el centro del debate. En su lugar, deberían centrarse en medidas que eleven la productividad.
En términos más generales, los grupos empresariales deberían procurar únicamente políticas gubernamentales que redunden inequívocamente en el interés público. Las demandas percibidas como codiciosas socavan la legitimidad y, en última instancia, la eficacia. En este contexto, las ONG de vigilancia dedicadas a evaluar el valor para el interés público de las peticiones que los grupos empresariales presentan al gobierno podrían fomentar la confianza.
Quizá lo más importante sea que las asociaciones empresariales perjudican a sus miembros al tratar de imponerles una sola voz. Esto suele llevar a centrarse en políticas que todos los miembros prefieren —como impuestos más bajos— en vez de en medidas importantes para la productividad de cada uno. Así como los monopolios son perjudiciales para los mercados y la política, la representación empresarial en el sector privado se beneficiaría de una mayor competencia.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica el respaldo del Foro Económico Mundial a las opiniones expresadas.
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Autor: Ricardo Hausmann fue ministro de Planificación de Venezuela y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo; es profesor de Práctica de Desarrollo Económico en la Universidad de Harvard.
Imagen: Un hombre pasa junto a edificios en el distrito central de negocios de Singapur el 14 de febrero de 2007. La economía de Singapur, dependiente del comercio, creció en el cuarto trimestre más de lo esperado gracias a un repunte de la actividad interna, según datos publicados el miércoles, lo que llevó al gobierno a elevar sus expectativas para 2007. REUTERS/Nicky Loh.
