Bajo la superficie de la globalización y la revolución verde, una red mundial de delincuencia y corrupción alimenta una economía ilegal que está corroyendo las economías de mercado y las instituciones democráticas, amenazando la salud y la seguridad de los ciudadanos de todo el mundo y poniendo en peligro ecosistemas y hábitats vitales. Adelantarse a estas redes ilícitas exigirá una red mundial que trabaje de forma colaborativa entre sectores, gobiernos y organizaciones.
Los empresarios criminales han aprovechado los avances tecnológicos, financieros y de comunicación de la globalización para obtener ganancias ilícitas. La proliferación de estas redes y la convergencia de sus actividades ilegales amenazan los sistemas comerciales, de transporte y transaccionales interdependientes que facilitan el libre comercio y la circulación de personas en la economía mundial.
El volumen exacto del comercio ilícito se desconoce, pero, según algunas estimaciones, la economía ilegal representa entre el 7 % y el 10 % del PIB mundial, con tasas más elevadas en el mundo en desarrollo.
Lejos de quedar oculta, esta actividad económica ilegal tiene un impacto dañino en las economías y sociedades legítimas de todo el mundo: ingresos públicos que se embolsan funcionarios corruptos; recursos naturales robados por contrabandistas y cazadores furtivos; personas que mueren por medicamentos falsificados y defectuosos; seres humanos sometidos a trabajo forzoso en la fabricación de bienes; la contaminación de suministros vitales de alimentos y agua por el vertido de residuos tóxicos por parte de grupos criminales organizados; y la tala ilegal, que agrava el cambio climático.
Los empresarios criminales se han convertido en los nuevos directores ejecutivos y capitalistas de riesgo. Cuando los flujos financieros ilícitos y el dinero sucio entran en el sistema financiero mundial, debilitan la integridad de los mercados y dan falsas esperanzas a las comunidades vulnerables de que las empresas ilícitas pueden reemplazar a los mercados justos y transparentes.
Del mismo modo que las empresas analizan cuidadosamente los riesgos y las oportunidades de los mercados emergentes antes de invertir, los actores internacionales, desde los organismos encargados de la aplicación de la ley hasta las empresas, deben identificar y cuantificar las vulnerabilidades de los mercados y las comunidades frente al comercio ilícito antes de poder desarrollar una estrategia para combatirlo y acabar con la economía ilegal. Solo entonces podremos ayudar a las comunidades afectadas a convertir sus economías en las fronteras de inversión del mañana y a salvaguardar su capital humano, sus activos nacionales y sus recursos naturales.
David M. Luna es presidente del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la Elaboración de un Mapa del Comercio Ilícito y miembro del Consejo del Programa Global del Foro Económico Mundial sobre Delincuencia Organizada.
Imagen: Un perro está junto a paquetes de marihuana incautados en Cali (Colombia). REUTERS / Jaime Saldarriaga
