Boston – Debido a la insuficiencia de la red de protección social en Estados Unidos y en otros países desarrollados, las propuestas de una renta básica universal (RBU) están ganando popularidad. La brecha entre los ricos y el resto de la población se ha ampliado significativamente en los últimos años, y muchos temen que la automatización y la globalización la amplíen aún más.
Cabe reconocer que, si la única opción es elegir entre el empobrecimiento masivo y una RBU, esta última es preferible. Un programa de este tipo permitiría a las personas gastar su dinero en lo que más valoran. Generaría un amplio sentido de pertenencia y una nueva base de apoyo capaz de sacudir el sistema de política dominada por el gran capital. Los estudios sobre los programas de transferencias monetarias condicionadas en economías en desarrollo han encontrado que dichas políticas pueden empoderar a las mujeres y a otros grupos marginados.
Pero la RBU es una idea defectuosa, sobre todo porque sería prohibitivamente cara a menos que se acompañara de recortes profundos en el resto de la red de protección social. En Estados Unidos (población: 327 millones), una RBU de tan solo 1.000 dólares al mes costaría unos 4 billones de dólares al año, cifra cercana al presupuesto federal total de 2018. Sin importantes ahorros de costos, los ingresos fiscales federales de Estados Unidos tendrían que duplicarse, lo que impondría costos distorsionadores masivos a la economía. Y, no, una RBU permanente no podría financiarse con deuda pública ni con moneda de nueva emisión.
Sacrificar todos los demás programas sociales en aras de una RBU es una pésima idea. Estos programas existen para abordar problemas específicos, como la vulnerabilidad de las personas mayores, los niños y las personas con discapacidad. Imaginemos una sociedad en la que los niños sigan pasando hambre y en la que quienes padecen afecciones de salud graves se vean privados de una atención adecuada, porque todos los ingresos fiscales se han destinado a enviar cheques mensuales a cada ciudadano, incluidos los millonarios y los multimillonarios.
Aunque la RBU resulta un buen eslogan, es una política mal diseñada. La teoría económica básica implica que los impuestos sobre la renta son distorsionadores en la medida en que desincentivan el trabajo y la inversión. Además, los gobiernos deberían evitar las transferencias a las mismas personas a las que recaudan ingresos, pero eso es precisamente lo que haría una RBU. En Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de tres cuartas partes de los hogares pagan al menos algún impuesto federal sobre la renta o sobre la nómina, y una proporción aún mayor paga impuestos estatales.
Por otra parte, ya existe una política más sensata: un impuesto negativo sobre la renta, o lo que a veces se denomina “renta básica garantizada”. En lugar de dar 1.000 dólares al mes a todos, un programa de renta garantizada ofrecería transferencias únicamente a las personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 1.000 dólares, por lo que su costo sería apenas una fracción del de una RBU.
Los defensores de la RBU sostendrían que los programas de transferencias no universales resultan menos atractivos porque los votantes no los acogerán con el mismo entusiasmo. Pero esta crítica carece de fundamento. La renta básica garantizada es tan universal como el seguro nacional de salud, que no entrega pagos mensuales a todos, sino que beneficia a quienes han incurrido en gastos médicos. Lo mismo ocurre con los programas que garantizan incondicionalmente el apoyo a las necesidades básicas, como la alimentación de las personas hambrientas o el seguro de desempleo para quienes no tienen trabajo. Estas políticas gozan de amplia popularidad en los países que las aplican.
Por último, gran parte del entusiasmo por la RBU se basa en una interpretación errónea de las tendencias del empleo en las economías avanzadas. Contrariamente a lo que se cree popularmente, no hay pruebas de que el trabajo tal como lo conocemos vaya a desaparecer en el corto plazo. La automatización y la globalización sí están reestructurando el trabajo, eliminando ciertos tipos de empleo y aumentando la desigualdad. Pero, en lugar de construir un sistema en el que una gran parte de la población reciba ayudas, deberíamos adoptar medidas para fomentar la creación de empleos de “clase media” con buenos salarios, a la vez que fortalecemos nuestra debilitada red de protección social. La RBU no hace nada de esto.
En Estados Unidos, los principales objetivos de política deberían ser la atención sanitaria universal, prestaciones por desempleo más generosas, programas de reciclaje profesional mejor diseñados, y un crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) ampliado. El EITC ya funciona como una renta básica garantizada para los trabajadores de bajos salarios, cuesta mucho menos que una RBU y fomenta directamente el empleo. Por el lado empresarial, reducir los costos indirectos y los impuestos sobre la nómina que pagan los empleadores por contratar trabajadores estimularía la creación de empleo, también a una fracción del costo de una RBU. Con salarios mínimos más altos que impidan a los empleadores aprovecharse de los créditos fiscales de los trabajadores, un EITC ampliado y la reducción de los impuestos sobre la nómina contribuirían considerablemente a crear empleos dignos en todos los niveles de la distribución de la renta.
Igual de importante es que estas soluciones aprovechan la política democrática. No puede decirse lo mismo de una RBU, que se impone desde arriba como una forma de apaciguar a las masas descontentas. No empodera ni siquiera consulta a las personas a las que pretende ayudar. (¿Quieren los trabajadores que han perdido sus empleos de clase media transferencias gubernamentales o una oportunidad para encontrar otro trabajo?) Como tal, las propuestas de RBU tienen todas las características del “pan y circo” utilizado por los imperios romano y bizantino: ayudas para desactivar el descontento y apaciguar a las masas, en lugar de brindarles oportunidades económicas y capacidad de acción política.1
En cambio, el moderno Estado de bienestar social, que ha servido tan bien a los países desarrollados, no fue entregado por magnates ni políticos. Su objetivo era proporcionar tanto seguro social como oportunidades a las personas. Y fue fruto de la política democrática. Las personas comunes presentaron demandas, se quejaron, protestaron y participaron en la elaboración de políticas, y el sistema político respondió. El documento fundacional del Estado de bienestar británico, el Informe Beveridge, de la época de la Segunda Guerra Mundial, fue tanto una respuesta a las demandas políticas como a las penurias económicas. Buscaba proteger a los desfavorecidos y crear oportunidades, al tiempo que fomentaba la participación cívica.
Muchos de los problemas sociales actuales tienen su origen en el descuido del proceso democrático. La solución no es repartir migajas suficientes para mantener a la gente en casa, distraída y apaciguada. Por el contrario, debemos revitalizar la política democrática, impulsar la participación cívica y buscar soluciones colectivas. Solo con una sociedad movilizada y políticamente activa podremos construir las instituciones que necesitamos para la prosperidad compartida en el futuro, al tiempo que protegemos a los más desfavorecidos entre nosotros.
