Los países avanzados deben hacer más para abordar las faltas de integridad de los funcionarios públicos y ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía en los gobiernos nacionales, según concluyó una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Demasiados países avanzados exigen muy poca divulgación de los activos privados de los funcionarios públicos y no abordan adecuadamente la puerta giratoria de la política, señaló el informe Government at a Glance 2015 de la OCDE.
«Cualquier indicio de tolerancia ante los conflictos de intereses entre los funcionarios públicos socava la confianza», declaró en un comunicado Mari Kiviniemi, secretaria general adjunta de la OCDE. «Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas es clave para restablecer la confianza en los gobiernos».
La confianza de la ciudadanía en los gobiernos cayó durante la gobernanza financiera mundial de 2007-2009, señaló la OCDE, un centro de estudios sobre las principales economías desarrolladas y emergentes.
La encuesta constató que solo siete países de la OCDE —Australia, Austria, Francia, Israel, Japón, los Países Bajos y Nueva Zelanda— imponen restricciones a la puerta giratoria en las contrataciones.
La mayoría de los países permite que alguien que trabaja en el sector privado ocupe un puesto en el sector público en la misma agencia a la que había hecho labores de cabildeo o a la que había suministrado bienes y servicios, lo que puede plantear un posible conflicto de intereses, indicó el informe.
En cambio, 21 países exigen un período de «enfriamiento» tras el empleo, que restringe a los funcionarios públicos, cuando dejan el gobierno, de ejercer presión o realizar gestiones oficiales ante esa agencia en nombre del sector privado durante un período determinado.
La divulgación de activos mostró cierta mejora. En 2014, se prohibieron los regalos o se exigió declararlos en el caso del 73 % de los principales responsables de la toma de decisiones de los países de la OCDE encuestados, frente al 68 % en 2009, según el informe.
Los legisladores deben cumplir los niveles más estrictos de divulgación de activos, mientras que en el poder ejecutivo la divulgación está vinculada principalmente a la antigüedad de un funcionario. Entre los sectores en riesgo por una divulgación insuficiente figuran los de impuestos y aduanas, contratación pública y autoridades financieras, señaló el informe.
Government at a Glance compara unos 50 indicadores de 34 países de la OCDE, además de alrededor de otros ocho países, en ámbitos como las finanzas públicas, la dotación de personal gubernamental y el acceso a los sistemas de salud, educación y justicia.
Otros hallazgos incluyen:
* Solo el 41 % de los países de la OCDE encuestados cuenta con leyes de protección de denunciantes para los empleados que revelan irregularidades en su lugar de trabajo
* La confianza promedio en los gobiernos nacionales en los países de la OCDE fue del 41,8 % en 2014, frente al 45,2 % en 2007, según datos de Gallup World Poll
* La accesibilidad de los datos gubernamentales para uso público varía considerablemente: Corea va a la cabeza y Polonia se queda rezagada.
Este artículo se publica en colaboración con The Thomson Reuters Foundation trust.org. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
Para mantenerse al día con la Agenda suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autora: Stella Dawson aprovecha sus 20 años de experiencia informando sobre política económica internacional y finanzas para desentrañar el submundo de la corrupción y las débiles estructuras de gobernanza que pervierten el curso de la justicia, el desarrollo y los derechos humanos.
Imagen: Personas cruzan una calle en el distrito de Mong Kok, en Hong Kong. REUTERS/Bobby Yip.
