Los países son pobres porque sus gobiernos son corruptos. Y, a menos que garanticen que los recursos públicos no sean robados y que el poder público no se utilice para beneficio privado, seguirán siendo pobres, ¿verdad?
Sin duda es tentador creerlo. Al fin y al cabo, aquí tenemos una narrativa que alinea a la perfección la promesa de prosperidad con la lucha contra la injusticia. Como dijo el papa Francisco en su reciente viaje a América Latina: “la corrupción es la polilla, la gangrena de un pueblo.” Los corruptos merecen ser “atados a una roca y arrojados al mar.”
Quizá lo sean. Pero eso no hará necesariamente que sus países sean más prósperos.
Veamos los datos. Probablemente la mejor medida de la corrupción sea el Indicador de Control de la Corrupción del Banco Mundial, que se publica desde 1996 para más de 180 países. El CCI muestra que, si bien los países ricos tienden a ser menos corruptos que los pobres, los países relativamente menos corruptos para su nivel de desarrollo, como Ghana, Costa Rica o Dinamarca, no crecen más rápido que los demás.
Tampoco crecen más rápido los países que mejoran su puntuación en el CCI, como Zambia, Macedonia, Uruguay o Nueva Zelanda. En cambio, el Indicador de Efectividad del Gobierno del Banco Mundial sugiere que los países que, dado su nivel de ingreso, tienen gobiernos relativamente eficaces o mejoran su desempeño sí tienden a crecer más rápido.
Por alguna razón –probablemente relacionada con la naturaleza de lo que Jonathan Haidt, de la NYU, llama nuestras “mentes morales” – nuestros sentimientos morales están fuertemente relacionados con sentimientos de empatía ante el daño y la injusticia. Es más fácil movilizarse contra la injusticia que a favor de la justicia. Nos entusiasma más combatir lo malo –por ejemplo, el hambre y la pobreza– que luchar por, digamos, el tipo de crecimiento y desarrollo que hace abundantes los alimentos y los medios de vida sostenibles.
A veces, pasar del “mal” al “bien” correspondiente es simplemente una cuestión semántica: luchar contra el racismo equivale a luchar por la no discriminación. Pero, en el caso de la corrupción, que es un mal causado por la ausencia de un bien, combatir el mal es muy distinto de crear el bien.
El bien es un Estado capaz: una burocracia que puede proteger al país y a su pueblo, mantener la paz, hacer cumplir las normas y los contratos, proveer infraestructura y servicios sociales, regular la actividad económica, asumir de forma creíble obligaciones intertemporales y gravar a la sociedad para financiarlo todo. Es la ausencia de un Estado capaz lo que genera corrupción (la incapacidad de impedir que los funcionarios públicos, a menudo en connivencia con otros miembros de la sociedad, desvíen la toma de decisiones en beneficio privado), así como la pobreza y el atraso.
Algunos podrían argumentar que reducir la corrupción implica la creación de un Estado capaz; el bien se crea a partir de la lucha contra el mal. Pero ¿lo es? Los docentes y las enfermeras a menudo no acuden al trabajo, pero eso no significa que el desempeño mejoraría mucho si lo hicieran. Los policías pueden dejar de pedir sobornos, pero eso no los hará mejores para atrapar delincuentes ni para prevenir el crimen. Reducir los pagos paralelos no implica la capacidad de gestionar contratos de concesión ni de recaudar impuestos.
Aparte de procesar a algunas manzanas podridas, las medidas para combatir la corrupción suelen implicar la reforma de las normas de contratación pública, los sistemas de gestión financiera pública y la legislación anticorrupción. El supuesto subyacente es que las nuevas normas, a diferencia de las anteriores, se cumplirán.
Esa no ha sido la experiencia de Uganda. En 2009, bajo presión de la comunidad donante, el gobierno promulgó lo que entonces se presentó como la mejor legislación anticorrupción del mundo; sin embargo, todos los indicadores de corrupción han seguido empeorando.
Uganda no es una excepción. Mi colega de Harvard, Matt Andrews, ha documentado el fracaso de las reformas de gestión financiera pública diseñadas para prevenir la corrupción. Y las razones de estos fracasos no son específicas de la gestión financiera.
Todas las organizaciones necesitan ser percibidas como legítimas. Pueden generar esta percepción cumpliendo realmente la función para la que fueron creadas, lo cual es difícil. Alternativamente, pueden tomar prestada de la naturaleza una estrategia llamada mimetismo isomórfico: igual que las serpientes no venenosas evolucionan para parecerse a una especie venenosa, las organizaciones pueden hacerse pasar por instituciones de otros lugares que son percibidas como legítimas.
Y esto es lo que suele estimular la agenda anticorrupción: la creación de organizaciones más obsesionadas con cumplir los nuevos y onerosos procesos que con alcanzar sus objetivos declarados. Según los académicos de Harvard Lant Pritchett, Michael Woolcock y Andrews sostienen, cuando organizaciones ineptas adoptan “mejores prácticas”, como los sistemas de gestión financiera y las normas de contratación, se distraen tanto con protocolos que distorsionan las decisiones que no logran hacer lo que se crearon para hacer.
Como Francis Fukuyama ha señalado, el desarrollo de un Estado capaz, responsable y sujeto al Estado de derecho, es uno de los logros supremos de la civilización humana. Implica la creación de un sentido compartido de “nosotros”, una comunidad imaginada en cuyo nombre actúa el Estado.
Esto no es una tarea fácil cuando las sociedades están profundamente divididas por etnia, religión o estatus social. Después de todo, ¿para quién es el Estado? ¿Para todos los iraquíes o solo para los chiíes? ¿Para todos los keniatas o solo para los kikuyus? ¿Qué impide que el grupo étnico que actualmente está en el poder desvíe recursos hacia sí mismo con el argumento de que “¿es nuestro turno de comer?” ¿Por qué quienes controlan actualmente el Estado no deberían convertirlo en su patrimonio, como en Venezuela, donde, más de dos años después de la muerte del expresidente Hugo Chávez, sus hijas siguen ocupando la residencia presidencial?
La lucha contra la corrupción nos moviliza a todos porque queremos erradicar el mal y la injusticia. Pero debemos recordar que arrojar el mal al mar no implica que aparezca súbitamente en nuestras costas el bien que necesitamos.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y antiguo economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor de la práctica del desarrollo económico en la Universidad de Harvard, donde también dirige el Centro para el Desarrollo Internacional.
Imagen: Una niña se sienta sobre unas rocas. REUTERS/Ognen Teofilovski.
