La postura de Alemania hacia Europa se ha convertido en una de rechazo y desvinculación. Sus responsables políticos niegan a los países de la eurozona asolados por la crisis una política fiscal más activa; se niegan a apoyar una agenda europea de inversión que genere demanda y crecimiento; han declarado que el superávit fiscal, y no un crecimiento potencial más rápido, es su principal objetivo nacional; y han comenzado a volverse contra el Banco Central Europeo (BCE) en la lucha contra la deflación y la contracción del crédito. En los cuatro aspectos, Alemania se equivoca.
Sin duda, Alemania tiene motivos para rechazar los llamamientos cortos de miras de Francia e Italia a una expansión fiscal incondicional. Al fin y al cabo, el estímulo fiscal solo puede funcionar si respalda la inversión privada y va acompañado de reformas estructurales mucho más ambiciosas, del tipo que Francia e Italia están resistiéndose a emprender actualmente.
Pero Alemania dispone de toda la capacidad de influencia necesaria para poner en marcha las reformas orientadas a la estabilidad que desea para Europa. Para empezar, Alemania, junto con la Comisión Europea, puede obligar a Francia a emprender reformas más profundas a cambio de más tiempo para consolidar su déficit.
Sin embargo, Alemania no puede entregarse a su obsesión con las reformas del lado de la oferta sin aplicar también políticas que impulsen el crecimiento. Como sabe Alemania por su propia experiencia de principios de la década de 2000, los beneficios de las reformas del lado de la oferta —a saber, una mayor competitividad y tasas de crecimiento más elevadas a largo plazo— tardan mucho en hacerse notar.
Europa no dispone de ese lujo que es el tiempo. Con cada mes que la economía pierde capacidad productiva, aumenta la probabilidad de estancamiento y deflación.
La clave para poner fin a la crisis europea es un plan de estímulo que aborde las deficiencias tanto del lado de la oferta como del de la demanda. Por eso es un error que Alemania se niegue a ayudar a encontrar una manera de financiar la agenda europea de inversión propuesta, que durante un tiempo limitado financiaría inversiones productivas privadas.
Igualmente problemático es el empeño de Alemania en mantener un superávit fiscal. Dado que las previsiones de crecimiento del PIB alemán para este año y el próximo se revisaron a la baja en más de 0,6 puntos porcentuales en los últimos meses, el Gobierno podría verse obligado a adoptar una política fiscal procíclica para alcanzar su objetivo, lo que provocaría un crecimiento aún menor en Alemania y en toda la eurozona.
Dado que la brecha de producción de la economía alemana sigue siendo negativa, el Gobierno debería estar aplicando una política fiscal expansiva dirigida a las deficiencias de infraestructura del país. En este sentido, el plan del ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble de gastar 10.000 millones de euros adicionales (12.500 millones de dólares) en inversión pública en 2016-2018 es un paso en la dirección correcta. Pero, con apenas el 0,1 % del PIB anual de Alemania, el plan de Schäuble parece más un intento de acallar las críticas del resto de Europa que un verdadero cambio de política.
El cuarto error de política de Alemania es su aparente retirada del apoyo al BCE. Durante los últimos siete años, las medidas del BCE han beneficiado a la economía y a los contribuyentes alemanes tanto como a los de sus vecinos. Además, es infundada la afirmación de que las compras de valores respaldados por activos del BCE equivalen a «préstamos tóxicos» que transfieren el riesgo a los contribuyentes alemanes; al fin y al cabo, desde 2008 ha habido casi ningún impago.
Los líderes de Alemania deben reconocerlo y defender públicamente al BCE frente a la difusión de temores infundados. No hacerlo puede reflejar un intento de frenar el ascenso de las fuerzas políticas antieuropeas de extrema derecha, en particular Alternativa para Alemania. Pero esta estrategia no hace más que favorecer al partido.
Si Alemania se niega a adoptar un enfoque más razonable, corre el riesgo de socavar la credibilidad del BCE y, con ello, reducir la eficacia de sus medidas. Si eso sucede, es muy posible que el BCE se vea obligado a iniciar compras a gran escala de bonos públicos de la eurozona mediante su plan denominado «operaciones monetarias de compraventa» —una iniciativa a la que muchos responsables políticos y economistas alemanes se oponen firmemente.
El Gobierno alemán puede aprovechar su considerable capacidad de influencia para obligar a Francia e Italia a emprender las reformas estructurales que ambos países necesitan, al tiempo que permite que un estímulo de la demanda favorable al crecimiento disipe la amenaza de deflación que se cierne sobre la eurozona. Y tiene autoridad para reforzar la credibilidad del BCE y, por tanto, sus esfuerzos por garantizar la estabilidad de precios en el futuro y prevenir el contagio financiero.
Europa necesita un gran acuerdo que incluya una estrecha coordinación de las reformas estructurales y de las políticas fiscal y monetaria. La relativa estabilidad económica y política de Alemania, lejos de permitirle desvincularse de estos esfuerzos, la convierte en uno de los protagonistas más importantes de su desarrollo y aplicación. La pregunta es si los líderes de Alemania lo reconocerán antes de que la economía europea caiga en una recesión aún más profunda.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: Marcel Fratzscher es presidente de DIW Berlin, un instituto de investigación y centro de estudios, y profesor de macroeconomía y finanzas en la Universidad Humboldt.
Imagen: La bandera nacional alemana se ve detrás de la bandera de la UE, en lo alto del edificio del Reichstag, sede de la cámara baja del Parlamento alemán, el Bundestag, en Berlín, el 26 de mayo de 2011.
