Las conversaciones entre el nuevo Gobierno griego y sus socios de la eurozona resultaron tan frenéticas y difíciles como se esperaba. Grecia quiere obtener un alivio de la deuda y margen fiscal para gastar más, revisar las reformas estructurales, detener las privatizaciones y declarar una victoria política al rechazar los rescates anteriores, mientras que sus socios de la eurozona quieren atenerse a las condiciones de los acuerdos de rescate y mantener una postura firme para impedir que los movimientos populistas cobren más fuerza en otros países de la eurozona. No es fácil cuadrar el círculo.
En el momento de escribir este artículo, las conversaciones entre Grecia y sus socios habían vuelto a fracasar. Aunque probablemente se alcance algún tipo de acuerdo para cubrir el déficit de financiación a corto plazo, hay una cuestión más importante que sobrevivir los próximos meses: encontrar una solución duradera. Todos los intentos anteriores de abordar los acuciantes problemas de Grecia desde 2010 han durado poco, y el espectro de una salida griega de la zona del euro ha reaparecido repetidamente.
Los programas de rescate de Grecia hasta ahora han fracasado. En el primer rescate, acordado en mayo de 2010, se preveía una caída de la producción de solo el 7 por ciento, cifra que se duplicó en el segundo rescate, acordado en marzo de 2012. Sin embargo, el colapso real de la economía fue de alrededor del 25 por ciento. No se ha alcanzado el objetivo último de los rescates —garantizar que al final del programa se pueda obtener financiación sostenible en los mercados—, y no solo por el actual estancamiento entre el nuevo Gobierno griego y sus prestamistas oficiales. Si no se hubieran convocado elecciones anticipadas en enero, Grecia no habría podido endeudarse en los mercados a tipos asequibles. Aunque el nuevo Gobierno y sus prestamistas lleguen a un acuerdo y, como resultado, caigan los rendimientos de mercado, actualmente muy elevados, es probable que los tipos de financiación de Grecia en los mercados sigan siendo demasiado altos.
A mi juicio, Grecia y sus prestamistas oficiales comparten la responsabilidad por el fracaso de los rescates, por lo que todas las partes interesadas deben considerar opciones para alcanzar un acuerdo razonable que garantice la sostenibilidad de la deuda pública, el crecimiento y la equidad social. Dado que cerca del 80 por ciento de la deuda pública griega está en manos de acreedores oficiales y que no se vislumbra una financiación sostenible en los mercados, hay tres opciones para abordar el dilema de la deuda: (1) superávits presupuestarios primarios muy superiores al 4.5 por ciento del PIB previsto actualmente y una privatización más rápida para poder amortizar la deuda que vence; (2) un impago o una quita sobre los reembolsos de deuda previstos a corto plazo (entre ellos destacan, en los próximos años, los bonos en manos del BCE y los préstamos del FMI que vencen); o (3) nueva financiación no procedente de los mercados. La única opción razonable que veo para esa financiación es recurrir al fondo permanente de rescate de la zona del euro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
Dado que una de las principales exigencias del nuevo Gobierno griego es un superávit primario mucho menor que el 4.5 por ciento del PIB previsto actualmente, no hace falta tener una bola de cristal para descartar la opción 1. La opción 2 está claramente descartada para los socios de la zona del euro y quizá tampoco sea necesaria. Cualquier nivel de deuda es sostenible si tiene un tipo de interés muy bajo y un vencimiento largo; Japón es un ejemplo destacado en este sentido. Les guste o no, los socios de la eurozona han mutualizado la mayor parte de la deuda pública griega mediante préstamos de vencimiento muy largo y bajo interés. Si no quieren asumir una quita (tanto en términos nominales como de valor actual neto), pueden ampliar aún más los vencimientos y los períodos de gracia de los préstamos actuales, y conceder nuevos préstamos para cubrir las brechas de financiación, conforme a la tercera opción.
No veo ninguna alternativa razonable a un nuevo programa a largo plazo del MEDE para Grecia. Las grandes cuestiones son las modalidades y la política. Un superávit presupuestario primario más bajo haría necesario un préstamo mayor del MEDE. Las negociaciones sobre la condicionalidad (incluidas las reformas estructurales y la privatización) auguran ser una pesadilla. Y aunque los negociadores lleguen a un acuerdo, se necesita la unanimidad de todos los socios de la zona del euro para convertirlo en un nuevo contrato, que también requerirá la aprobación de algunos parlamentos nacionales, algo que podría ser difícil de conseguir.
A falta de un acuerdo razonable a largo plazo entre Grecia y sus socios de la zona del euro, el nuevo Gobierno griego podría dejar de cumplir algunas de sus obligaciones, lo que tendría consecuencias perjudiciales y podría llevar a la salida de Grecia del euro, o bien el Gobierno podría caer. Unas nuevas elecciones podrían conducir fácilmente a una parálisis política, que a su vez podría provocar otro impago griego y posibles consecuencias de gran alcance.
Espero que el temor al Grexit impulse un acuerdo entre Grecia y sus socios de la zona del euro. Pero me preocupa que el acuerdo sea solo una solución a corto plazo y que las diversas limitaciones impidan alcanzar una solución duradera, aplazando así los problemas. Esa sería la siguiente etapa de la tragedia griega, pues es probable que los problemas de sostenibilidad de la deuda reaparezcan dentro de unos años. Mientras tanto, la incertidumbre resultante frenaría la actividad económica, en detrimento tanto de Grecia como de sus prestamistas oficiales. Se necesitan liderazgo firme y sensatez para encontrar una solución duradera.
Este artículo se publicó originalmente en el blog de Bruegel. La publicación no implica el respaldo del Foro Económico Mundial a las opiniones expresadas.
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Autor: Zsolt Darvas es investigador sénior de Bruegel. También es investigador del Instituto de Economía de la Academia Húngara de Ciencias y profesor asociado de la Universidad Corvinus de Budapest.
Imagen: El símbolo de la moneda euro junto a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, en noviembre. REUTERS/Lisi Niesner




