Una falacia común impregna la cobertura de los medios de comunicación de todo el mundo sobre las negociaciones entre el Gobierno griego y sus acreedores. La falacia, ejemplificada en un comentario reciente de Philip Stephens, de Financial Times, sostiene que «Atenas no puede o no quiere —o ambas cosas— aplicar un programa de reforma económica». Una vez que esta falacia se presenta como un hecho, es natural que la cobertura destaque cómo nuestro Gobierno está, en palabras de Stephens, «malgastando la confianza y la buena voluntad de sus socios de la eurozona».
Pero la realidad de las conversaciones es muy distinta. Nuestro Gobierno está dispuesto a aplicar una agenda que incluye todas las reformas económicas que destacan los grupos de reflexión económica europeos. Además, somos los únicos capaces de mantener el apoyo de la población griega a un programa económico sólido.
Pensemos en lo que eso significa: una agencia tributaria independiente; superávits fiscales primarios razonables para siempre; un programa de privatización sensato y ambicioso, combinado con una agencia de desarrollo que aproveche los activos públicos para generar flujos de inversión; una reforma genuina de las pensiones que garantice la sostenibilidad del sistema de seguridad social a largo plazo; liberalización de los mercados de bienes y servicios, etcétera.
Así pues, si nuestro Gobierno está dispuesto a aceptar las reformas que esperan nuestros socios, ¿por qué las negociaciones no han dado lugar a un acuerdo? ¿Dónde está el punto de fricción?
El problema es sencillo: los acreedores de Grecia insisten en imponer aún más austeridad este año y en adelante, un enfoque que obstaculizaría la recuperación, frenaría el crecimiento, agravaría el ciclo de deuda y deflación y, en última instancia, erosionaría la voluntad y la capacidad de los griegos para llevar a buen término la agenda de reformas que el país necesita con tanta urgencia. Nuestro Gobierno no puede —y no aceptará— una cura que durante cinco largos años ha demostrado ser peor que la enfermedad.
La insistencia de nuestros acreedores en imponer más austeridad es sutil, pero firme. Se manifiesta en su exigencia de que Grecia mantenga superávits primarios insosteniblemente altos (más del 2 % del PIB en 2016 y por encima del 2,5 %, o incluso del 3 %, cada año a partir de entonces). Para lograrlo, se supone que debemos aumentar la carga total del impuesto sobre el valor añadido para el sector privado, recortar las pensiones, ya reducidas, en todos los ámbitos y compensar los bajos ingresos procedentes de las privatizaciones (debidos a la caída de los precios de los activos) con medidas de consolidación fiscal «equivalentes».
La idea de que Grecia no ha logrado una consolidación fiscal suficiente no solo es falsa, sino patentemente absurda. El gráfico adjunto no solo lo ilustra, sino que también responde de forma sucinta a la pregunta de por qué a Grecia no le ha ido tan bien como, por ejemplo, a España, Portugal, Irlanda o Chipre en los años transcurridos desde la crisis financiera de 2008. En comparación con el resto de los países de la periferia de la eurozona, Grecia fue sometida a una austeridad al menos dos veces mayor. No hay más que eso.
Tras la reciente victoria electoral del primer ministro David Cameron en el Reino Unido, mi buen amigo Lord Norman Lamont, exministro de Hacienda, señaló que la recuperación de la economía británica respalda la postura de nuestro Gobierno. Recordó que, en 2010, Grecia y el Reino Unido tenían déficits fiscales más o menos similares (en relación con el PIB). Grecia volvió a registrar superávits primarios (que excluyen los pagos de intereses) en 2014, mientras que el Gobierno británico consolidó sus cuentas de forma mucho más gradual y aún no ha vuelto a registrar un superávit.
Al mismo tiempo, Grecia ha sufrido una contracción monetaria (que recientemente se ha convertido en asfixia monetaria), a diferencia del Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra ha respaldado al Gobierno en todo momento. El resultado es que Grecia sigue estancada, mientras que el Reino Unido ha experimentado un fuerte crecimiento.
Los observadores imparciales de las negociaciones de cuatro meses entre Grecia y sus acreedores no pueden evitar llegar a una conclusión sencilla: el principal punto de fricción, el único obstáculo insalvable, es la insistencia de los acreedores en imponer aún más austeridad, incluso a costa de la agenda de reformas que nuestro Gobierno está deseoso de impulsar.
Está claro que la exigencia de nuestros acreedores de imponer más austeridad no tiene nada que ver con la preocupación por una reforma genuina ni por encaminar a Grecia hacia una senda fiscal sostenible. Su verdadera motivación es una cuestión que es mejor dejar a los historiadores del futuro, quienes, no me cabe duda, tomarán con cautela buena parte de la cobertura de los medios de comunicación actuales.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Yanis Varoufakis es ministro de Finanzas de Grecia.
Imagen: Un hombre pasa junto a la sede del Banco de Grecia. REUTERS/Yannis Behrakis.
