Casi siete años después de que estallara la crisis financiera mundial, y más de cinco años después de la aprobación de la ley de reforma financiera Dodd-Frank en Estados Unidos, la causa de la crisis —la existencia de bancos «demasiado grandes para quebrar»— aún no ha sido erradicada. Mientras eso siga siendo así, otro desastre es solo cuestión de tiempo.
El término «demasiado grande para quebrar» se remonta a varias décadas atrás, pero se popularizó tras el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008. A medida que los problemas se extendían por todo el sistema financiero, las autoridades estadounidenses decidieron que algunos bancos y otras empresas financieras eran tan grandes en relación con la economía que eran «sistémicamente importantes» y no podía permitirse que quebraran. Lehman quebró, pero AIG, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America y otras entidades fueron rescatadas mediante diversas formas de apoyo público masivo y sin precedentes.
La postura oficial en ese momento fue «nunca más», lo que tenía sentido en términos políticos y económicos. A estas grandes firmas financieras se les proporcionó una asistencia de una escala que, por lo general, no estaba disponible para el sector corporativo no financiero, y, desde luego, tampoco para las familias que descubrieron que el valor de sus activos (sus viviendas) era inferior al valor de sus pasivos (sus hipotecas).
Si las grandes y complejas instituciones financieras siguen contando con una garantía implícita del gobierno, muchas personas —tanto de derecha como de izquierda— coincidirían en que esto es injusto para otros sectores del sector privado y un incentivo para que los grandes bancos vuelvan a asumir riesgos excesivos. En la jerga económica, esto se denomina «riesgo moral». Pero no hace falta una formación especial para saber que es imprudente y peligroso que los directivos bancarios se lleven las ganancias (enormes bonificaciones) cuando las cosas van bien, mientras que todos los demás asumen los riesgos de pérdida (rescates y recesión).
En el centro de la ley Dodd-Frank hay un enfoque de doble vertiente para el problema de los bancos demasiado grandes para quebrar. La primera sección de la ley, el Título I, estipula que todas las empresas deben poder quebrar sin causar daños a gran escala al conjunto del sistema financiero ni a la economía real. Se ordena a los reguladores, de forma inequívoca, que se aseguren de que todas las grandes empresas financieras estén estructuradas de tal manera que la quiebra, aplicando las normas y procedimientos estándar del sistema judicial, pueda producirse sin repetir la catastrófica cascada posterior a Lehman.
En el Título II de Dodd-Frank, el Congreso creó una autoridad de respaldo mediante la cual la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) puede hacerse cargo y gestionar una empresa financiera en quiebra e imponer pérdidas adecuadas a los accionistas y a algunos acreedores, sin provocar daños sistémicos generalizados ni un pánico mundial. La buena noticia es que, durante la última media década, la FDIC ha logrado avances en la formulación del diseño de un Título II viable.
La mala noticia es que apenas se ha avanzado en garantizar que las grandes empresas financieras puedan quebrar realmente. En una audiencia celebrada esta semana ante una parte del Comité de Banca del Senado, hubo un acuerdo total en todo el espectro político sobre este punto. El desacuerdo gira en torno a lo que debe hacerse para completar esta importante tarea pendiente de Dodd-Frank.
La propuesta republicana consiste en modificar el código de quiebras, creando disposiciones especiales para las grandes y complejas instituciones financieras. Este enfoque presenta tres problemas.
En primer lugar, todas las empresas de Estados Unidos deberían poder quebrar con las mismas normas. Un trato privilegiado para cualquiera perpetúa la percepción de que es más seguro prestar a algunas grandes firmas financieras, y refuerza aún más su ventaja injusta.
En segundo lugar, es ilusorio creer que el sector privado querría financiar a una enorme firma financiera bajo supervisión judicial, en particular durante una crisis sistémica. La definición de tal crisis es precisamente el momento en que los préstamos del sector privado no están disponibles con facilidad. Y un préstamo considerable —de decenas de miles de millones de dólares— concedido por el Tesoro de Estados Unidos a un juez de un tribunal de quiebras es poco probable que sea políticamente aceptable o económicamente sensato.
Por último, y de manera más grave, la quiebra de cualquier gran empresa financiera estadounidense provocaría hoy una carrera por los activos por parte de los reguladores de todo el mundo. Algunos reguladores extranjeros, como el Banco de Inglaterra, han acordado no actuar de forma preventiva en un proceso de resolución dirigido por la FDIC. Pero tales acuerdos no se aplican a un proceso de quiebra gestionado por un tribunal; las autoridades de todas partes intentarían proteger a sus acreedores y contribuyentes locales incautando los activos en su jurisdicción.
La única alternativa razonable es hacer que las grandes y complejas instituciones financieras sean más pequeñas y menos complejas, de modo que puedan quebrar conforme a las normas estándar de quiebra. Esa es la intención de Dodd-Frank.
La FDIC ha presionado con firmeza en esta dirección, mientras que la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal se ha mostrado menos entusiasta. Pero la ley es la ley, y ha llegado el momento de aplicarla.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Simon Johnson, execonomista jefe del FMI, es profesor de la MIT Sloan, miembro sénior del Instituto Peterson de Economía Internacional y cofundador de un destacado blog de economía, The Baseline Scenario.
Imagen: Un hombre camina frente a edificios en el distrito financiero central de Singapur, el 14 de febrero de 2007. REUTERS/Nicky Loh.
