Grecia necesita llegar ahora a un acuerdo con sus acreedores (la llamada troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo). Sin embargo, todas las partes persiguen una desastrosa estrategia de «prorrogar y fingir», centrada estrechamente en cuestiones fiscales y pensiones. De hecho, ahora surgen rumores de que la administración griega y la troika están considerando una nueva prórroga de un acuerdo que debía haber terminado el año pasado.
En el núcleo de la crisis griega hay problemas estructurales: una administración pública disfuncional, mercados de productos oligopolísticos, cargas regulatorias ridículas, trabas burocráticas y un sistema judicial absurdamente lento. Sin una estrategia clara para abordarlos, cualquier acuerdo carecerá de credibilidad.
Pero si esto es cierto —y muchos parecen creerlo—, la estrategia actual está condenada al fracaso por dos motivos. Primero, solo se puede aplicar un paquete integral de reformas estructurales si se relaja la austeridad. Segundo, una prórroga prolongaría la incertidumbre que hasta ahora ha puesto en peligro la recuperación de Grecia.
Un compromiso creíble de Grecia con políticas macroeconómicas sólidas exige ajustar los objetivos de la troika para que reflejen la realidad. Las negociaciones actuales parecen contemplar un superávit presupuestario primario modesto del 0,8-1 % del PIB para 2015. Sin embargo, el mejor objetivo viable sería un superávit simbólico mínimo en el saldo primario (que excluye los pagos de intereses de la deuda) este año, seguido de un aumento gradual hasta alcanzar un 1,5-2 % del PIB realista.
Lo cierto es que, dada la crisis de liquidez, los mercados de productos oligopolísticos y un sector exportador reducido, cualquier austeridad adicional simplemente hundirá a Grecia aún más en la recesión. En cambio, minimizar el objetivo de superávit primario alentaría al Gobierno a emprender reformas estructurales y ayudaría a restaurar la imagen de Europa entre los griegos de a pie, contrarrestando así los argumentos populistas y conspirativos que están saboteando las negociaciones.
También hace falta realismo en materia de pensiones. Los regímenes de jubilación anticipada —actualmente, un tercio de los empleados del sector público se jubila antes de los 55 años— deben abordarse de inmediato. El Gobierno debería aumentar gradualmente la edad de jubilación de los nuevos trabajadores, combatir la evasión de las cotizaciones a la seguridad social y aceptar el principio de ausencia de déficit en los fondos de pensiones complementarias.
Pero el sentido común económico y social exige que la troika permita una fase de transición, porque los recortes de las pensiones agravarán la recesión. Lo mismo vale para nuevas reformas del mercado laboral, que se ha liberalizado considerablemente en los últimos años, en un contexto de rápido descenso de los salarios reales.
Lo que hace falta ahora es un nuevo acuerdo orientado a las reformas, que reconozca la necesidad de aplicar las medidas en el orden adecuado y posponga las que tendrán un efecto recesivo. El acuerdo debería centrarse en el entorno empresarial, permitiendo que las fuerzas de la destrucción creativa sienten las bases de una recuperación sostenible.
La economía griega necesita reasignar capital y mano de obra hacia empresas orientadas a la exportación y sectores que requieren muchas competencias. Los funcionarios del Gobierno no deberían demonizar la empresa privada ni la actividad emprendedora, ni penalizarlas con impuestos excesivos y arbitrarios. En su lugar, deberían centrarse en las medidas urgentes necesarias para que vuelva el crecimiento sostenible.
Primero, no se puede aplazar la reforma de los mercados de productos. Por ejemplo, los legisladores deben eliminar los obstáculos que disuaden la inversión extranjera y nacional; abrir las profesiones cerradas; suprimir los topes de precios; y reducir los requisitos de licencia y otras barreras anacrónicas a la entrada y expansión de las empresas.
Segundo, hay que mejorar la limitada capacidad administrativa del Estado. Como mínimo, los empleos de la administración pública deberían desvincularse del clientelismo político. Deben reforzarse los mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, mediante la informatización.
Tercero, Grecia necesita un sistema jurídico sólido y previsible. En este momento, el marco de derechos de propiedad, protección de los inversores y gobierno corporativo es extremadamente débil, y las recientes medidas legislativas relativas a la responsabilidad personal de los accionistas de las sociedades de responsabilidad limitada han empeorado la situación.
Cuarto, el Gobierno griego debería reformar por completo el proceso judicial. La ineficiencia de los tribunales protege a los grupos privilegiados y obstaculiza el emprendimiento. También contribuye a la desigualdad y alimenta la convicción de los griegos de que el sistema es injusto, como de hecho lo es. En vez de adoptar un enfoque gradual, el Gobierno debería poner en marcha un «gran impulso». Para resolver el enorme retraso acumulado de casos, las autoridades deberían considerar la contratación de magistrados a tiempo parcial y la apertura de los tribunales los fines de semana y durante el verano. Las reformas a medio plazo deberían incluir la creación de tribunales especializados y el fomento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
El nuevo Gobierno prometió un nuevo comienzo. Pero hasta ahora ha hecho poco, incluso en ámbitos prioritarios (como combatir el contrabando de combustible). De hecho, muchas de sus políticas —sobre todo, la nueva ley de educación— han sido regresivas. En lugar de salvaguardar la independencia del Banco de Grecia y de la Agencia Nacional de Estadística, el Gobierno y los diputados afines la ponen en duda. En vez de promover la transparencia, el Gobierno ha intentado poner en peligro proyectos como Diavgeia (el sitio web en el que se supone que deben publicarse todas las decisiones del Gobierno). Mientras el Gobierno dice a la troika que continuará la privatización de los puertos y los aeropuertos municipales, muchos miembros del gabinete se oponen a ella.
Las conversaciones actuales muestran poca voluntad —por ambas partes— de superar los fracasos de los últimos cinco años. La troika mantiene su miope enfoque en la austeridad fiscal; Grecia sigue mostrándose reacia a reformar. Pero ahora, con la economía en caída libre, debería ser evidente para ambas partes que «prorrogar y fingir» no es ninguna solución.
El Gobierno griego debe asumir como propio un programa integral de reformas, comunicarlo al público y aplicarlo con el apoyo de otros partidos políticos proeuropeos. Se necesita urgentemente unidad nacional, al menos entre las fuerzas proeuropeas. Al mismo tiempo, la Unión Europea y el FMI deberían ayudar a Grecia a reformar su administración pública, fortalecer el poder judicial, desmantelar los cárteles y aplicar reformas en los mercados de productos. Si el Gobierno adopta esta agenda, la troika debería recompensarlo con alivio de la deuda, tanto ampliando los vencimientos de los préstamos como reduciendo los tipos de interés.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autores: Lucrezia Reichlin, exdirectora de investigación del BCE, es profesora de Economía en la London Business School. Elias Papaioannou es profesor de Economía en la London Business School. Richard Portes es profesor de Economía en la London Business School y presidente del Centre for Economic Policy Research.
Imagen: Turistas bajo una bandera nacional griega en lo alto de la colina de la Acrópolis, en Atenas, el 14 de junio de 2015. REUTERS/Kostas Tsironis
