Acabar con la pobreza extrema y fomentar la prosperidad compartida en todo el mundo en desarrollo son objetivos nobles, pero también costosos: requieren una financiación a una escala muy superior a la que pueden proporcionar los gobiernos de los países en desarrollo, sus donantes y las instituciones financieras locales.
Pensemos en la infraestructura. Solo en África, prestar servicios básicos como agua corriente, electricidad y carreteras que conecten a las comunidades con los mercados exigirá que los gobiernos gasten unos 50.000 millones de dólares al año en el futuro previsible. La situación es similar en América Latina y Asia, donde se prevé que las necesidades de infraestructura asciendan a alrededor del 7 % del PIB.
Asimismo, las pequeñas y medianas empresas de las economías emergentes carecen de financiación. En América Latina necesitan unos 250.000 millones de dólares. En Asia, la cifra ronda los 200.000 millones, y en África, al menos 100.000 millones.
Satisfacer esas necesidades exigirá el tipo de financiación que solo pueden proporcionar los mercados de capitales. Si se crean las condiciones adecuadas, estos mercados pueden contribuir a financiar el crecimiento de las empresas privadas, impulsar el empleo y mejorar la vida de millones de personas en Asia, África y América Latina.
En 2013, el valor de los activos controlados por inversores institucionales en los países de la OCDE superaba los 92 billones de dólares, y desde entonces ha aumentado. Los 300 mayores fondos de pensiones del mundo controlan casi 15 billones de dólares, y los fondos soberanos han acumulado unos 6,5 billones de dólares en activos. Mientras tanto, el ahorro interno de las economías emergentes crece rápidamente. En África, los fondos de pensiones poseen activos por un valor cercano a los 400.000 millones de dólares. El reto consiste en canalizar esos fondos hacia el desarrollo y la reducción de la pobreza de una manera atractiva para los inversores.
En otras partes del mundo, los mercados de capitales han demostrado ser intermediarios eficaces para asignar el ahorro y otros fondos a las prioridades nacionales de desarrollo. También sirven de alternativa al sector bancario: movilizan inversiones, impulsan el crecimiento económico y contribuyen a estabilizar los sectores financieros al ofrecer fuentes de financiación alternativas y distintos enfoques del riesgo.
Los mercados de capitales de los países en desarrollo —muchos de los cuales aún están en sus primeras etapas— encierran un enorme potencial. Los mercados locales de bonos, por ejemplo, han crecido a un ritmo sólido durante la última década en algunas regiones. El mercado asiático de bonos se ha multiplicado por más de cuatro desde 2008, hasta alcanzar los 3 billones de dólares, lo que representa casi una cuarta parte del PIB. En 2006, Sudáfrica era el único país del África subsahariana que había emitido bonos soberanos. Hoy se han captado más de 25.000 millones de dólares en todo el continente: 7.000 millones solo en 2014.
Y, sin embargo, aunque estas cifras apuntan a una trayectoria de rápido crecimiento, no alcanzan lo que se necesita ni lo que pueden ofrecer unos mercados de capitales que funcionan bien. Para prosperar, los mercados necesitan un lugar donde compradores y vendedores puedan encontrarse, ya sean las tradicionales salas de negociación o el ciberespacio. Los derechos de propiedad deben ser claros y seguros; quienes realizan las transacciones deben tener el derecho legal de controlar y transferir los bienes objeto de intercambio.
Pero, sobre todo, los mercados que funcionan bien requieren confianza. Los inversores necesitan saber que los mercados son fiables y creíbles, lo que significa que la información que se les divulga, y en la que basan sus decisiones de negociación, es precisa, completa y está verificada. Los vendedores deben ser transparentes y honestos respecto de los posibles conflictos de intereses, los perfiles de riesgo y sus prácticas empresariales.
En los mercados de capitales modernos, donde las operaciones se realizan de forma anónima y a grandes distancias, la confianza personal ha sido sustituida por mecanismos alternativos: buenas prácticas, leyes de valores y regulaciones. Los contables y auditores proporcionan la información financiera transparente y precisa que sustenta la confianza de los inversores. Las agencias de calificación crediticia reducen las asimetrías de información al proporcionar a prestamistas e inversores información sobre la solvencia de las empresas. Y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, ya sean públicas o privadas, garantizan que se respeten las normas. Sin una aplicación creíble, incluso el mejor conjunto posible de regulaciones carece de sentido.
Los responsables de formular políticas en el mundo en desarrollo deben desempeñar un papel central en la creación y aplicación del marco regulatorio que fomenta la confianza. Esto puede llevar tiempo, pero trabajar en colaboración con organizaciones de desarrollo puede acelerar el proceso mediante la adaptación de principios y normas mundiales a las condiciones locales. Es probable que los beneficios sean considerables. A medida que los mercados de capitales del mundo en desarrollo se ganen la confianza de los inversores, desplegarán todo su potencial, con un impacto inmediato en las perspectivas de crecimiento económico y reducción de la pobreza.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el World Economic Forum respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Ethiopis Tafara es vicepresidente de Riesgo Corporativo y Sostenibilidad y asesor jurídico general de la Corporación Financiera Internacional.
Imagen: Un hombre pasa junto a edificios del distrito financiero central de Singapur el 14 de febrero de 2007. REUTERS/Nicky Loh.
