Las negociaciones climáticas de la ONU en Lima (conocidas como COP20) se celebraron durante las dos semanas anteriores en un recinto militar que normalmente utiliza el Ejército peruano. Cada día, los negociadores de la COP atravesaban una pista de obstáculos para comandos: una serie de zanjas de arrastre tortuosas, alambres, muros y puentes colgantes. Nadie pasó por alto el simbolismo.
Por cuarto año consecutivo, la COP se prolongó más allá de la fecha prevista para su cierre y terminó con dificultad alrededor de la 1:30 a. m. del domingo, bien entrada su segunda noche de horas extra. Casi se ahogó en un mar de desacuerdos, y el optimismo que había generado el anuncio conjunto de Estados Unidos y China antes de la reunión del G20 se disipó cuando los países desarrollados y en desarrollo volvieron a sus trincheras.
El camino hacia París
La conferencia de Lima fue un peldaño hacia París. Allí, la próxima COP intentará cerrar un acuerdo mundial crucial sobre el cambio climático para después de 2020, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El propósito de este acuerdo es, por fin, hacer lo que todos esperaban que se hiciera en Copenhague en 2009.
El objetivo central de la COP de Lima era definir los «elementos del texto»: el borrador de trabajo de un acuerdo para París posterior a 2020. Muchos —en particular, científicos y ambientalistas— consideran que el Acuerdo de París es nuestra última oportunidad para fijar metas que mantengan el calentamiento global por debajo de 2 °C.
Este texto, acordado varios días antes del cierre de la conferencia, todavía promete bloqueos al estilo de Copenhague el próximo año, cuando los negociadores vuelvan a regatear sobre sus detalles.
Sin embargo, las grandes disputas de este año no giraron en torno al borrador del acuerdo de París, sino a la decisión principal de la reunión de Lima, que perfecciona la «hoja de ruta climática» elaborada en Durban en 2011. La pugna se centró en cuatro cuestiones relacionadas.
¿Qué deben incluir los objetivos nacionales?
En primer lugar, los países deben presentar objetivos que, en conjunto, permitan cerrar la «brecha de ambición» entre las metas nacionales actualmente débiles y las necesarias para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C o incluso de 1,5 °C. Este es el objetivo fundamental con respecto al cual deben evaluarse los resultados de París.
El texto de la decisión apenas señaló este problema «con grave preocupación». No hubo nada que garantizara que se revisaran y reforzaran los compromisos débiles anteriores a 2020. Por lo tanto, la tarea de mantener el calentamiento por debajo de 2 °C se ha vuelto casi imposible; en cambio, nos encaminamos a un aumento de entre 3 y 4 °C para 2100.
Además, hubo desacuerdo sobre qué debían incluir los objetivos nacionales (conocidos como «contribuciones previstas determinadas a nivel nacional», o iNDC) para el período posterior a 2020 y cuándo debían presentarse por primera vez para su evaluación.
Por lo general, los países desarrollados también querían que se limitaran a la mitigación, mientras que el bloque de países en desarrollo quería incluir la adaptación. Asimismo, hubo divisiones sobre si las iNDC debían incluir justificaciones claras de su equidad y justicia.
La decisión final simplemente «invita» a presentar contribuciones «con suficiente antelación» a París —para el primer trimestre de 2015— y permite que la Secretaría de la ONU publique un informe de síntesis (que evalúe la ambición colectiva de estos compromisos) tan tarde como en octubre de 2015. Esto habrá reducido el tiempo disponible para elevar la ambición colectiva de las partes si las contribuciones individuales son insuficientes, como casi con toda seguridad lo serán la mayoría.
Sin embargo, se exige a las partes que demuestren que sus objetivos son «justos y ambiciosos» a la luz del objetivo de la Convención de lograr un clima seguro. Este es un desafío imposible para Australia, a menos que el gobierno de Abbott anuncie una meta de más del 40 % por debajo de los niveles de 2000 para 2025 y del 60 % para 2030.
La política de la diferenciación
En segundo lugar, desde su creación, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha establecido una distinción entre países desarrollados y países en desarrollo, basada en sus distintos niveles de riqueza, capacidades económicas y grados de responsabilidad histórica por el problema del calentamiento global. Hubo una lucha por mantener en el texto las referencias a las «responsabilidades comunes pero diferenciadas».
Varias Partes importantes de países desarrollados consideran que este enfoque binario de los bloques desarrollados y en desarrollo ha dejado de ser válido, ya que Estados industrializados emergentes como China, Brasil e India se han convertido en grandes contribuyentes a las emisiones mundiales. Los países en desarrollo discrepan.
Esta cuestión agrió las conversaciones, y países como Australia presionaron, de manera poco constructiva, para dejar de lado la distinción binaria, pese a que constituye un pilar fundamental del tratado.
Financiar la acción climática
En tercer lugar, está la cuestión del financiamiento climático. Los fondos necesarios para descarbonizar la economía mundial para 2050, hacer frente a la adaptación y cubrir los crecientes costos de las pérdidas y los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos ascenderán a billones durante las próximas décadas. ¿De dónde saldrán?
El Fondo Verde para el Clima (GCF), al que Australia contribuyó de mala gana con unos escasos 200 millones de dólares australianos en cuatro años, es una iniciativa importante, pero esta y otras medidas existentes son totalmente insuficientes ante las tareas que tenemos por delante.
El financiamiento es una cuestión innegociable para muchos países en desarrollo. Las partes más pobres querían incluir en la decisión de Lima la cuestión de las «pérdidas y daños», una consideración que se concretó en la COP de Varsovia en 2013. Los países desarrollados se resistieron, al considerar que se intentaba introducir a escondidas una compensación en la agenda de adaptación. Limitaron las referencias a las pérdidas y los daños al preámbulo y debilitaron las referencias al financiamiento en general.
¿Y qué pasa con la adaptación?
Por último, y en relación con lo anterior, también hay desacuerdo sobre cómo se abordará la adaptación en el nuevo acuerdo. ¿Deben ser obligatorios los objetivos de adaptación como parte de las metas nacionales? De hecho, ¿debe existir un objetivo mundial de adaptación?
Los países menos adelantados —que son los que menos han contribuido a los problemas del cambio climático y los que más sufrirán sus efectos— quieren que la adaptación tenga el mismo rango que la mitigación en materia de financiamiento y otras formas de asistencia, y podrían bloquear las negociaciones de París si no se tienen en cuenta estas cuestiones. La adaptación se menciona en este texto, pero no se refuerza.
¿Debe ser jurídicamente vinculante el acuerdo de París?
Por separado, sigue pendiente la cuestión general del estatus jurídico formal del Acuerdo de París. Esta sigue siendo una cuestión latente para París. Las conversaciones de Lima reafirmaron la determinación de las partes de «adoptar un protocolo, otro instrumento jurídico o un resultado acordado con fuerza jurídica en virtud de la Convención».
En otras palabras, el acuerdo de París podría ser jurídicamente vinculante e incluir mecanismos de cumplimiento, o bien consistir en una decisión de menor alcance que exija medidas nacionales con fuerza jurídica. O podría ser una combinación de estas dos últimas opciones.
La opinión predominante es que Estados Unidos rechazará un acuerdo jurídicamente vinculante y sólido. De hecho, París aún podría acabar en un débil acuerdo político (al estilo de Copenhague), lo que supondría el fracaso de la hoja de ruta acordada en las conversaciones climáticas de Durban en 2011.
El miércoles pasado, el ganador del Premio Nobel y exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, presentó su presentación de diapositivas revisada ante un numeroso público en uno de los actos paralelos de la COP. Ofreció una imagen aterradora no solo de las consecuencias futuras de unas negociaciones fallidas y una mitigación débil, sino también de nuestro mundo desmoronándose bajo el embate actual del calentamiento global acelerado.
El contraste entre su mensaje y las disputas poco realistas y dilatorias de esta COP no pudo ser más marcado. El comportamiento egoísta y, en última instancia, contraproducente de Partes de países desarrollados como Australia —que actúan para proteger su riqueza frente a las legítimas reivindicaciones del Sur global— se perfila como el mayor obstáculo para alcanzar un acuerdo eficaz en París el próximo año.
Este artículo se publica en colaboración con The Conversation. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Peter Christoff es actualmente investigador visitante en el Monash Sustainability Institute y profesor asociado de la Melbourne School of Land and Environments de la Universidad de Melbourne.
Imagen: El humo sale a borbotones de las chimeneas de la central eléctrica de Belchatow, la mayor central eléctrica de carbón de Europa. REUTERS/Peter Andrews.
