La Revolución Verde se considera uno de los grandes éxitos de la historia del desarrollo económico. En las décadas de 1960 y 1970, la creación y adopción de variedades de cereales de alto rendimiento transformaron la economía india y salvaron de la hambruna a miles de millones de personas en gran parte del mundo en desarrollo.
Pero hoy, el futuro de la institución responsable de la Revolución Verde —un consorcio de 15 centros de investigación de todo el mundo llamado el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR)— está amenazado. El Banco Mundial, uno de sus principales financiadores, está considerando retirar su apoyo financiero.
Por sí sola, esta decisión sería bastante preocupante. La misión del CGIAR es la seguridad alimentaria mundial, y la investigación agrícola básica tiene un enorme potencial para generar beneficios económicos para las personas pobres del mundo. Pero aún más preocupante es la señal que envía el Banco Mundial: que ya no respaldará los bienes públicos mundiales insuficientemente financiados que son cruciales para preservar el progreso social, económico y político del último siglo.
Los recortes propuestos al CGIAR forman parte del esfuerzo del Banco Mundial por reducir su presupuesto administrativo en 400 millones de dólares: una promesa hecha por el presidente de la organización, Jim Yong Kim, en 2013. Actualmente, el Banco Mundial concede al CGIAR una subvención anual de 50 millones de dólares; esta se reduciría en 20 millones, y es posible que el monto total se elimine gradualmente por completo en un período de unos pocos años.
Por sí sola, la suma en cuestión no sería demasiado significativa para ninguna de las dos organizaciones. Las cifras que se están debatiendo son insignificantes en comparación con los 52.000 millones de dólares comprometidos en 2013 por los donantes del Banco Mundial para ayudar a combatir la pobreza mundial y prestar asistencia a los países de bajos ingresos. Para el CGIAR, los recortes propuestos, aunque dolorosos, no serían devastadores; en 2013, el grupo gastó 984 millones de dólares para financiar sus actividades.
Aun así, el Banco Mundial —la principal institución mundial de desarrollo— está declarando, en esencia, que la investigación agrícola no es una prioridad de desarrollo. De hecho, la financiación del CGIAR no es la única que está en riesgo. El Banco Mundial también está considerando recortar sus pequeñas pero catalizadoras contribuciones a la Red de Desarrollo Global, que financia a investigadores de países en desarrollo. También está en riesgo su apoyo a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, que promueve la divulgación de acuerdos relacionados con los recursos naturales para reducir la corrupción, así como su financiación del Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales. Estos programas, entre otros, reciben apoyo del Fondo para Subvenciones al Desarrollo del Banco, que se ha señalado como posible fuente de recortes al presupuesto administrativo.
El dinero que aporta el Banco Mundial para respaldar la provisión de bienes públicos mundiales relacionados con el desarrollo nunca ha constituido una gran parte de sus gastos. Los aproximadamente 200 millones de dólares anuales que destinaba al CGIAR y a otros beneficiarios de subvenciones palidecen frente a los 35.000 millones de dólares en préstamos que concedió en 2012. Pero los recortes propuestos desmantelarían un área de las actividades del Banco que debería ampliarse, no reducirse.
Es cierto que, en sus inicios, el Banco Mundial no fue concebido como proveedor de subvenciones a instituciones que trabajaran en bienes públicos mundiales. Su misión principal era —y sigue siendo— proporcionar préstamos y asistencia técnica a los gobiernos. Sin embargo, cabe señalar que, en relación con el endeudamiento soberano, la inversión privada y las remesas de los migrantes, la relevancia del Banco Mundial para las finanzas de los países en desarrollo ha disminuido considerablemente en el siglo XXI.
Como sus préstamos o garantías se ofrecen junto con conocimientos especializados y asesoramiento, el Banco Mundial todavía tiene un producto viable. Pero, como he sostenido anteriormente, debería tener otro. Como principal institución de desarrollo del mundo y la única plenamente global, está bien situada —y, de hecho, tiene la responsabilidad— para ayudar a promover, financiar y establecer prioridades en la gestión de los bienes públicos mundiales.
Es hora de que uno o varios gobiernos miembros del Banco Mundial asuman esta causa. La rápida respuesta de la organización a la reciente pandemia de ébola constituye un ejemplo notable de su capacidad para abordar preocupaciones mundiales. Además, este año, la comunidad internacional acordará los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas que se verían favorecidas por inversiones en ámbitos como la investigación y el desarrollo agrícolas, las iniciativas para optimizar el uso de la tierra y el agua, y la protección forestal.
Estados Unidos, en estrecha colaboración con Alemania, el Reino Unido y China, debería poder proporcionar al Banco Mundial un mandato claro a este respecto. La misión del Banco en el siglo XX —ayudar a los países a financiar su desarrollo— seguirá siendo vital en el futuro previsible. Pero también hay margen para que el Banco Mundial ajuste su enfoque en el siglo XXI, haciendo mayor hincapié en uno de los requisitos fundamentales del desarrollo: la gestión cuidadosa y la protección de los bienes públicos mundiales.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. Su publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Nancy Birdsall es la presidenta fundadora del Center for Global Development.
Imagen: Se muestran unas manos delante de un globo terráqueo iluminado. REUTERS
