El 25 de septiembre, los líderes mundiales se reunirán en Nueva York para formalizar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos orientarán los esfuerzos para reducir la pobreza y aumentar el bienestar, sin destruir la Tierra. The Conversation analiza cómo llegamos hasta aquí y cuánto nos falta por recorrer.
Dentro del exclusivo ámbito del sistema de las Naciones Unidas (ONU), el año 2015 tendrá una importancia histórica especial: es el año límite para que los países del mundo alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (o ODM) que se lanzaron en 2000.
Este plazo autoimpuesto ha llegado y ahora los Estados miembros están poniendo en marcha la siguiente ronda de objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (o ODS). El ejercicio más reciente de planificación del desarrollo de alto nivel intenta extraer lecciones de los ODM, que tuvieron un éxito desigual, pero que centraron la atención mundial en la desigualdad global en múltiples niveles.
Una característica notable de los ODS es el fortalecimiento de la participación del sector empresarial e industrial en el logro de las metas. Para muchos activistas, esto se percibe como una cooptación de la agenda de desarrollo por parte del sector privado.
Gran parte de la desconfianza se debe al historial de las corporaciones en materia de medidas sociales y ambientales, a preocupaciones justificadas sobre su falta de rendición de cuentas democrática y a la creciente escala del dominio financiero.
¿Pero es justo?
¿Acaso el gran dinero ejerce un gran poder?
El tamaño de las corporaciones en comparación con los países suele presentarse como una influencia distorsionadora. Según esta afirmación, las grandes empresas ejercen la misma influencia que los países de escala económica similar.
Por ejemplo, el tamaño de los ingresos de Walmart suele compararse con el producto interno bruto (PIB) de Noruega. Pero estas comparaciones son inexactas.
En un importante análisis de 2002, el profesor Paul DeGrawe y el exsenador belga Felip Camerman señalaron este problema comparativo, pero el mensaje aún no ha calado entre los activistas.
El PIB mide el valor de los bienes y servicios producidos por la economía de un país. Los ingresos de una empresa representan sus ventas. Comparar directamente el PIB y los ingresos implica contar dos veces el valor de los bienes producidos por las empresas (por ejemplo, contar el valor del acero producido y después el valor de los productos fabricados con ese acero). Una forma mucho mejor de calcular el valor de las empresas es analizar el valor añadido, que evita esta doble contabilización.
DeGrawe y Camerman señalaron en su análisis que, según esta medida más coherente, el valor añadido de las 50 mayores corporaciones representa solo el 4,5 % del valor añadido de los 50 países más grandes.
Un estudio posterior y más detallado, realizado por Tufts University en 2007 definió los parámetros del poder corporativo en comparación con los países. Estimó que las 100 mayores corporaciones representan el 4,3 % del PIB mundial.
Supervisar a las empresas
Una vez que dejamos atrás las preocupaciones sobre la escala corporativa, podemos considerar las preocupaciones genuinas sobre la contribución e influencia del sector privado en los resultados del desarrollo. Sin duda, el sector privado está obligado a servir primero a sus propios intereses de crecimiento.
Sin embargo, incluso en el marco de este interés propio existen imperativos de desarrollo claros que pueden ofrecer oportunidades win-win, como los fondos de desarrollo comunitario que forman parte de los acuerdos de impacto y beneficios. No obstante, la supervisión regulatoria no debe descuidarse. Incluso las empresas reconocen el papel de los reguladores para garantizar condiciones de competencia equitativas, de modo que los costes de la mejora del desempeño social recaigan en las empresas.
Los activistas hacen bien en preocuparse por el «greenwash», dadas las obligaciones estructurales de maximizar los beneficios a corto plazo bajo las que opera el sector privado. Por tanto, es de importancia crucial que la colaboración de los ODS con el sector privado no se utilice para moderar la aplicación estricta de la normativa.
Los activistas también tienen razón al señalar que la evasión fiscal corporativa, la perpetuación de la desigualdad salarial dentro de las estructuras empresariales y la transparencia de los ingresos deben seguir siendo preocupaciones primordiales.
La participación del sector privado en los ODS debe supervisarse con cuidado. Las lecciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas con el sector privado deben aplicarse para garantizar que se midan indicadores claros de mejora del desarrollo. El pacto ha tenido éxito en el intercambio de conocimientos y en dar visibilidad a las innovaciones para el desarrollo impulsadas por las empresas.
Sin embargo, como ocurre con otras iniciativas voluntarias, su impacto es limitado en las empresas más pequeñas y con recursos limitados. La implicación de las empresas con el derecho internacional, en particular el gran número de tratados internacionales ambientales, es una parte esencial para prevenir el «greenwash».
Forjar una asociación constructiva
También conviene señalar que algunas de las demás críticas a los ODS, que ejemplifican la «economía del optimismo» y el carácter utópico, también podrían abordarse mediante la participación del sector privado.
Las empresas podrían aportar el pragmatismo y la priorización esenciales para responder a la crítica de que los ODS descuidan el análisis coste-beneficio (estas críticas las formulan organizaciones como el Copenhagen Consensus Centre de Bjørn Lomborg).
Las Naciones Unidas son una burocracia gigantesca que debe atender a una gama tan diversa de electorados nacionales que alcanzar el consenso suele exigir diluir cualquier mensaje central. Sin embargo, es el mecanismo de gobernanza más inclusivo que tenemos para abordar los problemas planetarios y, por ello, merece nuestra paciencia.
La ineficiencia suele ser un coste que hay que asumir a cambio del pluralismo deliberativo y democrático. Los intereses empresariales deben seguir siendo una parte importante de este compromiso pluralista de la ONU.
Sin embargo, no deben ignorarse los distintos incentivos que inherentemente conducen a divergencias entre los sectores público y privado. Por ello, quizá resulte instructiva la metáfora del «amor exigente».
Los ODS deberían abrazar a las empresas, pero estar dispuestos a exigirles responsabilidades, a amonestarlas y a censurarlas cuando sea oportuno. Mediante estos medios firmes pero justos, puede forjarse una asociación más constructiva entre las esferas pública y privada del desarrollo.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el artículo original. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Saleem H. Ali es titular de la Cátedra de Desarrollo de Recursos Sostenibles en The University of Queensland.
Imagen: El magnate de las aerolíneas Richard Branson (izq.) y el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore sostienen un globo en el centro de Londres. REUTERS/Kieran Doherty.
