¿Destruirán los problemas de Grecia la unión monetaria europea o revelarán cómo debe salvarse? El polémico acuerdo de rescate reciente, que algunos han comparado con el Tratado de Versalles de 1919, con Grecia en el papel de Alemania, ofrece el último giro en la saga existencial de la eurozona. El acuerdo ha provocado una división en Syriza, el partido de izquierdas que gobierna Grecia; ha abierto una brecha entre la canciller alemana, Angela Merkel, y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, de una inflexibilidad absoluta; y ha impulsado un esfuerzo de Francia por reafirmarse dentro del eje franco-alemán, que siempre ha sido el «motor» de la integración europea.
Mientras tanto, muchos economistas keynesianos de Norteamérica, como los galardonados con el Premio Nobel Paul Krugman y Joseph Stiglitz, simpatizan con la postura antiausteridad de Grecia. Otros economistas, principalmente europeos, sostienen que Alemania debe asumir un papel político acorde con su preeminencia económica y aceptar acuerdos de cesión de soberanía (y de reparto de cargas) para garantizar la cohesión y la sostenibilidad de la unión monetaria. Humillar a un país pequeño y convertirlo en un protectorado virtual no sirve a los intereses de Europa a largo plazo.
Sin embargo, esto es lo que está en juego. Grecia firmó el acuerdo tras recibir una invitación explícita de Schäuble a abandonar la eurozona, supuestamente de forma temporal, y adoptar una nueva moneda. La postura de Alemania supuso el primer desafío abierto por parte de una potencia europea destacada a la idea de que la unión monetaria es irrevocable. Como notaron rápidamente los franceses, instintivamente simpatizantes del argumento antiausteridad y conscientes de su papel cada vez más subordinado en la asociación franco-alemana, la postura alemana también señalaba un posible cambio de una “Alemania europea” a una “Europa alemana.”
Las negociaciones entre Grecia y sus acreedores tampoco ayudaron: generaron una creciente desconfianza en la competencia y las intenciones de Syriza. Las tácticas negociadoras taimadas y erráticas, junto con planes secretos para prepararse, como parte de un «Plan B», para una salida del euro, minaron la credibilidad del Gobierno, lo que llevó incluso a Paul Krugman a reconocer: “Puede que haya sobrestimado la competencia del Gobierno griego.”
Sin embargo, por muy complicado que sea el juego de culpas, pueden extraerse algunas lecciones que orienten la política futura. Cuando una mala conducta fiscal de Grecia, un país que representa no más del 2 % del PIB de la eurozona, supone graves peligros para la supervivencia de la unión monetaria, es evidente que algo no funciona. ¿Pero está la solución en medidas más severas, como sanciones más duras o incluso la expulsión, para hacer cumplir las normas de la eurozona, o es necesario ajustar las normas para adaptarlas a las distintas circunstancias de los miembros?
Hasta ahora, la aplicación de las normas ha fracasado, debido a deficiencias en los cimientos de la eurozona. Primero, los saldos fiscales y de las cuentas exteriores deben mantenerse bajo control para garantizar la estabilidad financiera y sostener la moneda común. Segundo, eliminar los desequilibrios es responsabilidad de los gobiernos nacionales en el marco de un régimen de rescate organizado por autoridades supranacionales, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, en cooperación con el Consejo Europeo, que a su vez representa a los gobiernos nacionales.
La saga griega muestra que este sistema no puede controlar con la rapidez suficiente los desequilibrios desestabilizadores para evitar grandes crisis. Los desequilibrios no son únicamente resultado de políticas irresponsables. Pueden reflejar debilidades más profundas en las estructuras económicas, como la falta de competitividad o deficiencias institucionales. Si Alemania insiste en la responsabilidad nacional, puede descubrir que la aplicación de las normas tendrá que ser cada vez más dura, lo que acabaría provocando tal convulsión social y política que todo el edificio del euro se derrumbaría.
La alternativa es adoptar una «unión de transferencias» que garantice un mejor equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Estados Unidos encarna esa solución, al garantizar un patrón de desarrollo integrado en todo el país. La eurozona debe reforzar sus estructuras fiscales lo suficiente para responder a las condiciones económicas generales, teniendo en cuenta al mismo tiempo las circunstancias diferentes de cada país miembro. Estas estructuras más sólidas deberían permitir transferencias limitadas de recursos entre los países de la eurozona, ya sea para aplicar políticas anticíclicas o para complementar el gasto en inversión, en particular en infraestructura económica y social.
Pero esto debe implicar inevitablemente la creación de un presupuesto independiente para la eurozona, con traspaso de competencias de las autoridades nacionales a las supranacionales. Los impuestos comunes y los eurobonos deberían formar parte de la nueva estructura fiscal, y el Mecanismo Europeo de Estabilidad debería incluir un fondo de redención de deuda lo bastante grande para resolver las crisis de deuda soberana. Al mismo tiempo, la unión bancaria, establecida por la UE tras la crisis financiera mundial de 2007-2008, debería reforzarse ampliando la base de capital del Fondo Único de Resolución y creando un esquema común de garantía de depósitos.
Todo esto presupone que se ampliarán significativamente las competencias de las instituciones supranacionales de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. La Comisión debería convertirse en un verdadero gobierno, con un presidente elegido por sufragio popular. Debería crearse un ministerio de Finanzas europeo, cuyo titular presidiría el Eurogrupo (que reúne a los ministros de Finanzas de los Estados miembros de la eurozona). Una asamblea especial del Parlamento Europeo, integrada por los miembros de la eurozona, debería tener facultades, a semejanza de un parlamento nacional, para legislar y controlar al poder ejecutivo.
Estas propuestas suscitarán numerosas críticas, y no solo por parte de los euroescépticos. Pero avanzar hacia la integración fiscal y política es el precio que Europa, empezando por la eurozona, debe pagar para mantener su unidad y su relevancia global. La alternativa es una aplicación inconsistente (por no decir arbitraria) de las normas vigentes, que provoque divisiones entre los Estados miembros y, finalmente, fragmentación.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
Para estar al día con la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Yannos Papantoniou fue ministro de Economía y Finanzas de Grecia entre 1994 y 2001. Actualmente es presidente del Center for Progressive Policy Research, un centro de estudios independiente.
Imagen: Ilustración fotográfica tomada con la función de exposición múltiple de la cámara que muestra una moneda de un euro y un mapa de Europa. REUTERS/Kai Pfaffenbach.
