Desoyendo las esperanzas de que las negociaciones pudieran conducir a un acuerdo entre Grecia y sus acreedores antes de que terminara la semana y venciera el programa, el primer ministro Tsipras anunció el viernes por la noche que convocaría un referéndum para que el pueblo griego expresara su opinión sobre la última propuesta de los acreedores. Según el discurso de Tsipras, la decisión de convocar un referéndum se basa en la convicción del Gobierno de que aceptar la propuesta sobre la mesa excedería su mandato, porque entraría en conflicto con el programa electoral con el que fue elegido. El ministro de Finanzas Varoufakis también se expresó en este sentido: dijo que, ante una decisión de tal envergadura, el Gobierno griego consideraba que debía consultar al pueblo griego y contar con el respaldo de más del 50% de los ciudadanos.
El sábado por la noche, el Parlamento griego autorizó el referéndum: 178 diputados respaldaron la propuesta y 120 votaron en contra (el umbral de autorización era de 151 votos). Según informa Kathimerini , los diputados de la formación ultraderechista Amanecer Dorado votaron junto al Gobierno, mientras que los partidos de la oposición Nueva Democracia, PASOK y To Potami, y el Partido Comunista KKE votaron en contra. Por tanto, el referéndum se celebrará dentro de una semana, el domingo 5 de julio. Según lapregunta propuesta por el Gobierno griego, se pedirá al pueblo griego que responda lo siguiente:
«Se pregunta al pueblo griego si acepta, con su voto, el proyecto de acuerdo presentado por la Comisión Europea, el BCE y el FMI en el Eurogrupo del 25 de junio de 2015 y que consta de dos documentos, los cuales constituyen la base de la pregunta del referéndum: el primero se titula “Reformas para completar el programa actual y más allá” y el segundo, “Análisis preliminar de la sostenibilidad de la deuda”.
Todo ciudadano que rechace la propuesta de las instituciones vota NO.
Todo ciudadano que acepte la propuesta de las instituciones vota SÍ».
El Gobierno hará campaña por el NO y rechazará la propuesta de los acreedores.
Los documentos
La pregunta del referéndum se basará en la valoración que haga el pueblo de la propuesta de los acreedores del 25 de junio. Esta es la propuesta que debía enviarse al Eurogrupo para su debate: publicada por el Financial Times ; es idéntica al documento publicado ayer por la Comisión Europea «en aras de la transparencia y para información del pueblo griego». El Gobierno griego consideró inaceptable esta propuesta e incompatible con el mandato que había recibido en virtud del programa electoral con el que se había presentado. Sin embargo, antes de que las conversaciones se rompieran el viernes, el Gobierno griego había presentado una contrapropuesta, que también se filtró y fue publicada por el Financial Times. Por tanto, puede ser útil recordar aquí los puntos principales de la propuesta de los acreedores, en contraste con esta contrapropuesta griega posterior, que presumiblemente el Gobierno griego consideraría aceptable y compatible con su mandato.
En cuanto al objetivo de superávit primario , el texto de los acreedores prevé objetivos del 1, 2, 3 y 3,5 por ciento del PIB en 2015, 2016, 2017 y 2018. Ambas partes están de acuerdo con estos objetivos y, como ya se señaló en este blog durante la fase anterior de las negociaciones, el 1 por ciento del PIB en 2015 está por debajo del objetivo que el ministro de Finanzas Varoufakis intentó negociar sin éxito en el primer Eurogrupo al que asistió. Se trata de una concesión importante por parte de los acreedores respecto de sus exigencias iniciales, pero el problema es que el deterioro de la economía griega durante los últimos meses ha sido tal que ahora incluso esta «concesión» implica la necesidad de aprobar un presupuesto suplementario para 2015 (vigente a partir del 1 de julio). Si ahora hay coincidencia sobre los objetivos, las posiciones sobre cómo cubrir este déficit fiscal en el presupuesto suplementario son, sin duda, muy distintas.
Un conjunto de medidas se basaría en los impuestos a las empresas. Ambas partes están de acuerdo en aumentar del 26% al 28% la tasa del impuesto sobre la renta de las sociedades en el presupuesto de 2016 (aunque la parte griega propuso inicialmente un 29%, que los acreedores rebajaron). Pero discrepan sobre qué hacer a más corto plazo. El documento de los acreedores pedía introducir, antes de finales de 2016, pagos anticipados del 100% tanto del impuesto sobre la renta de las sociedades como del impuesto sobre la renta de las empresas individuales; la parte griega los eliminó en su última contrapropuesta. Por otro lado, el Gobierno griego quería volver a incluir un impuesto único del 12% sobre los beneficios empresariales superiores a EUR 0,5 millones, para cumplir el objetivo fiscal de 2015. Esto figuraba en la oferta griega inicial, pero los acreedores se habían opuesto.
Otra medida fiscal sobre la que hay desacuerdo es el gasto militar: los acreedores piden reducirlo en 400 millones, mientras que la contrapropuesta griega ofrecía una reducción de 200 millones; presumiblemente, la diferencia se cubriría con un «aumento del impuesto sobre el tonelaje» y la aplicación de un «marco fiscal eficaz para el transporte marítimo comercial», dos medidas que no se debatieron en la oferta de los acreedores.
En cuanto a la reforma del IVA —un asunto muy debatido durante el último mes—, los acreedores dieron marcha atrás respecto de su exigencia inicial de unificar los tipos del IVA en uno solo o, como máximo, dos, y aceptaron mantener el sistema de tres tipos, incluida la reducción del tipo más bajo del 6,5% al 6%, como en la propuesta griega inicial. A cambio, se redistribuirían los productos entre los distintos tramos, con el objetivo de lograr un aumento neto de los ingresos equivalente al 1 por ciento del PIB anual mediante cambios paramétricos. Una concesión importante de los acreedores en materia de IVA es aceptar la exigencia griega de que la energía permanezca en el tramo del 13%, en vez de pasar al del 23%. En cambio, una exigencia inamovible de los acreedores es eliminar los tipos reducidos del IVA en las islas griegas, una concesión políticamente difícil de aceptar para el Gobierno griego. De hecho, la última contrapropuesta griega quería restablecer ese descuento, lo que supondría un objetivo menor para el aumento de los ingresos por IVA (0,93% del PIB) que el exigido por los acreedores.
En materia de pensiones, probablemente el asunto más delicado y políticamente conflictivo de toda la fase de negociación, la oferta del 25 de junio muestra que la semana pasada las posiciones seguían siendo divergentes. Los acreedores pidieron elevar la edad de jubilación a 67 años para 2022, mientras que la parte griega propuso inicialmente 2036 y después ofreció 2025. Sin embargo, el principal punto de fricción es la «prestación solidaria» EKAS, que complementa las pensiones de los pensionistas pobres y, por ello, es un asunto extremadamente delicado. Inicialmente, los acreedores pidieron eliminar gradualmente esta prestación para 2017, pero la propuesta del 25 de junio parecía aceptar que se eliminara gradualmente para 2019, un año antes de lo que la parte griega estaba dispuesta a ofrecer (2020). Sin embargo, las instituciones exigirían que la eliminación gradual empezara de inmediato para el 20% de los beneficiarios con mayores ingresos, algo que la contrapropuesta griega del viernes rechazaba, junto con la petición de congelar en términos nominales los límites de las pensiones contributivas mensuales garantizadas hasta 2021. En cuanto al aumento de las cotizaciones sanitarias de los pensionistas —propuesto originalmente por el Gobierno griego—, la propuesta de los acreedores incluye un incremento medio del 4% al 6%.
La pregunta y las encuestas
El propósito de este resumen es informar, con la mayor objetividad posible, sobre las posiciones existentes.
Como suele ocurrir en las votaciones de referéndum, la objetividad no es la única variable: la forma en que las distintas partes plantean y presentan la pregunta puede influir considerablemente en el comportamiento de los votantes. A partir del discurso de Tsipras y de los relatos de los debates parlamentarios, parece que el Gobierno presentará la votación como una decisión entre preservar la soberanía y aceptar la imposición de los acreedores, quienes —dijo Tsipras en ocasiones anteriores— intentarían humillar al Gobierno y al pueblo griegos. La oposición, en cambio, presentará la votación como una decisión sobre la pertenencia de Grecia a la eurozona, que un voto por el NO podría socavar de facto.
Las encuestas parecen reflejar una polarización similar. Durante los últimos meses (y años), los sondeos han mostrado sistemáticamente que una mayoría significativa del pueblo griego quiere seguir en el euro. Pero las encuestas sobre el apoyo a un acuerdo con los acreedores han variado considerablemente.
Una encuesta del instituto demoscópico Alco publicada en la edición dominical del periódico Proto Thema y recogida por Reuters indicó que el 57% de 1.000 encuestados estaba a favor de alcanzar un acuerdo, mientras que el 29% quería romper con los acreedores. Otra encuesta de Kapa Research, que preguntó a 1.005 encuestados cómo votarían si un nuevo acuerdo «doloroso» se sometiera a referéndum, obtuvo un porcentaje considerablemente menor: el 47,2% estaba a favor de un acuerdo y el 33% en contra, mientras que más del 18% estaba indeciso. Esto significa que hay un número muy elevado de votantes indecisos que podrían cambiar de postura. La misma encuesta mostró que solo el 48,3% de los encuestados afirmaba que no apoyaría ninguna medida del Gobierno que pudiera dejar a Grecia fuera de la eurozona, una proporción preocupantemente baja. Todas estas encuestas se realizaron antes de la imposición de controles de capital; por tanto, una cuestión crucial será cómo han influido los últimos acontecimientos en el voto de los indecisos.
Calendario y conclusión general
El programa griego vence mañana. La declaración del Eurogrupo emitida el sábado 27 de julio reitera claramente este hecho, pero no indica que el plazo vaya a ampliarse unos días después del referéndum. Sin una prórroga, el referéndum no tendrá sentido. Coincido con mi colega Zsolt Darvas en que, en este momento histórico, los líderes de la eurozona deberían permitir que el pueblo griego haga oír su voz, y en que el Eurogrupo debería conceder explícitamente esta excepción. Si el resultado de la votación es un SÍ, aún será posible llegar a un acuerdo. Probablemente habrá que reconsiderar muchos aspectos de las propuestas actuales, a la luz del período de controles de capital.
En particular, conviene recordar que los meses de verano (especialmente julio) son fundamentales para la recaudación de ingresos del Estado, como ya se ha mostrado en este blog. En mayo, los ingresos ya estaban muy por debajo de lo previsto, y no sabemos qué impacto tendrá la situación actual. La declaración reciente de la Comisión muestra que, si gana el SÍ, los acreedores podrían adoptar una postura más pesimista. Afirma que «todas las partes implicadas entendían que esta reunión del Eurogrupo debía alcanzar un acuerdo integral para Grecia, que no solo habría incluido las medidas acordadas conjuntamente, sino que también habría abordado las necesidades futuras de financiación y la sostenibilidad de la deuda griega». Esto es algo a lo que los acreedores se comprometieron en 2012.
Por su parte, el primer ministro Tsipras también hizo promesas a su pueblo, que desde luego no incluían controles de capital ni la salida del euro. La declaración de la Comisión también hace referencia a un «paquete para un nuevo comienzo para el empleo y el crecimiento en Grecia, que impulse la recuperación y la inversión en la economía real», que debería formar parte del acuerdo y permitir a Tsipras cumplir al menos algunos de los compromisos que asumió ante su pueblo para lograr un futuro más próspero. En mi opinión, ha llegado realmente la hora de cumplir las promesas, por ambas partes. Pero esto solo será posible si el pueblo griego da un salto de fe y vota SÍ.
Este artículo se publicó originalmente en Bruegel, el centro de estudios con sede en Bruselas. Lea el artículo en su sitio web, aquí. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autoría: Silvia Merler, ciudadana italiana, se incorporó a Bruegel como investigadora asociada en agosto de 2013.
Imagen: Una bandera de la Unión Europea (izquierda) y una bandera nacional griega ondean mientras el cielo se refleja en la fachada de un edificio en Atenas, 17 de febrero de 2015. REUTERS/Alkis Konstantinidis.
