Podría pensarse que Somalia tendría poco que celebrar en las últimas semanas, ya que Al-Shabaab, aparentemente resurgido, sigue presentando batalla; una tenacidad acorralada que incluso reconoció el presidente Barack Obama durante su reciente visita al África Oriental.
Esa amenaza para la seguridad también ha dado al traste con las esperanzas de que el país, con casi 11 millones de habitantes, celebre el próximo año unas elecciones plenas, una noticia que habría ensombrecido aún más las celebraciones de su 55.º aniversario, conmemorado a principios de este mes.
El gobierno del país, respaldado internacionalmente, se mantiene gracias a una fuerza de 22-000 efectivos procedentes de cinco países de la Unión Africana, además de soldados locales, pero eso no ha disuadido los frecuentes ataques de los islamistas, el más reciente el domingo en un hotel que alberga tres misiones diplomáticas y que dejó al menos 13 personas muertas.
Pero en medio de toda esta actividad, un equipo del Fondo Monetario Internacional visitó discretamente el país, a raíz de la readmisión de este en la institución crediticia en abril de 2013, y por primera vez en más de dos décadas disponemos de una visión general prácticamente independiente y fiable de la economía del país.
La capa superficial complacería a muchos: ajustado por inflación, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 3,7 % en 2014, o un 6,6 % en términos nominales, con la agricultura y los servicios aportando la mayor parte de este crecimiento. Se espera que el PIB real descienda al 2,7 % este año, pero pocos le reprocharían el avance, incluso con multinacionales como Mastercard, que ya anda husmeando por el país.
Una tasa de inflación del 1,3 % impresionaría a la mayoría de los países en cualquier lugar, mientras que un equipo de tecnócratas locales, cada vez más numeroso, inicia el considerable desafío de estabilizar su sector financiero.
Luego están las noticias no tan buenas. Atraer a profesionales de la diáspora es un gran quebradero de cabeza, y existen varias lagunas que favorecen la corrupción. El FMI se refiere eufemísticamente a estas últimas como una falta de «principios fiscales sólidos y de información transparente», mientras que hay poca claridad sobre la gestión de la compleja política federal ni sobre cómo proteger los ingresos por hidrocarburos para que no saturen el sistema.
El país también carece de un plan para reforzar la credibilidad de sus empresas de transferencia de dinero, mientras que hay muy pocos datos para dimensionar cualquier cosa, lo que el FMI denomina la necesidad de «mejorar la capacidad estadística», con su amplio sector informal prácticamente fuera del radar, especialmente del fisco.
Y luego están las malas noticias sin paliativos: la preparación y ejecución presupuestarias son deficientes en el mejor de los casos, y el poco efectivo disponible se destina a salarios y seguridad. Incluso esos pagos están atrasados, y el presupuesto de 2015 se elaboró sobre la base de un saldo de caja cero.
Existe un enorme déficit en cuenta corriente, del 11 % de su PIB de 5.700 millones de dólares; sus principales mercados de exportación en Oriente Medio son volátiles, las importaciones son principalmente alimentos, las remesas, que con 1.300 millones de dólares equivalen a una quinta parte del PIB, están amenazadas, y los donantes financian todos los planes de reducción de la pobreza.
Además, el país no cumple los requisitos para acceder a los recursos del FMI y podría no cumplirlos durante mucho tiempo: su deuda externa de 5.300 millones de dólares equivale al 93 % de su PIB, y sigue acumulando más deuda a medida que intenta financiar los déficits presupuestarios, mientras que sus activos apenas llegan a 60 millones de dólares.
La economía está mayoritariamente dolarizada, señala el FMI, y el efectivo escasea, sin que los más pobres puedan acceder siquiera a los billetes de menor denominación. Y luego está el pequeño asunto de las falsificaciones: el 95 % de los billetes de chelín somalí son falsos.
Si bien el tono general de la consulta del Artículo IV del FMI es alentador y comprensivo, se trata de una larga lista de problemas por resolver, y es difícil ocultar que la economía de Somalia es, en esencia, una economía con respiración asistida.
No es de extrañar: como consecuencia de la guerra civil desencadenada en 1991, sus instituciones estatales quedaron casi reducidas a escombros, y ahora apenas están recuperando el terreno, pero el camino de vuelta será largo, incluso para este país famosamente resiliente y emprendedor.
«Se requiere una considerable asistencia de los donantes para ayudar a Somalia a afrontar estos desafiantes retos», afirma el informe del personal del FMI. La evaluación es una dura prueba de realidad para el gobierno de Somalia y una lección sobria para los posibles inversores. Mogadiscio se habría librado de críticas si hubiera intentado expurgar ampliamente el texto, o incluso oponerse a su publicación, ya que le proporcionaba margen de maniobra, dado que solo había regresado al programa en 2013.
Pero no lo hizo, y esto es significativo. Durante mucho tiempo, las evaluaciones anuales que el FMI realiza a las economías de sus Estados miembros, conocidas como consultas del Artículo IV, se mantuvieron en gran medida bajo reserva, y solo los funcionarios gubernamentales tenían acceso a ellas. En gran parte, esto se debía a razones económicas: los tecnócratas temían que difundir demasiada información los expusiera a fuertes castigos del mercado, como huidas masivas de capital que dañaran sus monedas, una postura que incluso el propio FMI había respaldado.
Solo en 1997 el organismo, con sede en Washington, comenzó a publicar sus Notas Informativas al Público (PIN, por sus siglas en inglés), breves cuidadosamente redactados sobre la situación de las economías de los Estados miembros, emitidos por su consejo ejecutivo.
Cuatro años más tarde, el FMI, tras un prometedor programa piloto, empezó a hacer voluntaria la publicación de los informes del personal sobre el Artículo IV, más detallados y directos, pero permitió a los países eliminar la información que considerasen sensible o rechazar su publicación por completo.
Desde entonces, el panorama ha cambiado por completo: durante unos 10 años, la publicación de los informes del personal ha sido «voluntaria pero presunta», lo que significa que los países deben oponerse explícitamente a la publicación, algo que ahora se considera la norma.
Pocos países se oponen a la publicación de las notas informativas, mientras que, según algunas estimaciones, ocho de cada 10 permiten ahora la publicación de los informes del personal.
Somalia, desde luego, tiene menos motivos de preocupación respecto a los mercados ahora que aún está definiendo sus sistemas básicos, pero le preocuparía captar fondos muy necesarios de donantes e inversores espantados. Sin embargo, la publicación en realidad juega a su favor —investigaciones solventes han establecido en los últimos años un vínculo entre la publicación de los informes del personal y la transparencia de un régimen.
Según los investigadores, los gobiernos que han tendido a buscar la supresión de la exposición pública y descarnada de sus finanzas suelen tener déficits democráticos. Pero si un régimen es más transparente en su país, puede ofrecer promesas creíbles a quienes quieran ayudarlo, y por ello es transparente en el extranjero.
En esencia, el hecho de exponerlo todo al desnudo puede resultar algo incómodo para Somalia, pero solo así puede granjearse la buena voluntad crucial de los mercados y los donantes.
Este artículo se publica en colaboración con Mail & Guardian Africa. La publicación no implica el respaldo del Foro Económico Mundial a las opiniones expresadas.
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Autor: Lee Mwiti es colaborador de Mail & Guardian Africa.
Imagen: Niñas de pie en el interior de su aula en una escuela primaria de la localidad de Dobley. REUTERS/Thomas Mukoya.
