Hace ochocientos años, el 6 de noviembre de 1217, un rey de diez años, Enrique III, observó cómo su regente estampaba su sello (era demasiado joven para tener uno propio) en un documento que se convertiría en fundamento de las constituciones británica y, más tarde, estadounidense, así como de las de otros países. Junto con lo que ese día pasó a conocerse como la Carta Magna, se llamó Carta del Bosque.
A menudo considerada la primera carta ambiental del mundo, pues buscaba equilibrar la necesidad de preservar los recursos naturales con las necesidades humanas, fue notable por revertir 150 años de cercamiento de tierras y devolverlas a los bienes comunes. También fue la primera vez que el Estado reconoció que todos los hombres libres tenían derecho a la subsistencia y a establecer un hogar en los bienes comunes. Además, marcó un primer avance modesto para el feminismo al conceder a las viudas el derecho a rechazar un nuevo matrimonio y el derecho a la subsistencia: el derecho a «estovares razonables» (bienes necesarios) en los bienes comunes.
La Carta tuvo otra distinción: permaneció en los libros de leyes más tiempo que cualquier otra norma, 754 años. Sin embargo, mientras todos los escolares aprenden sobre la Carta Magna, pocos oyen hablar de la Carta del Bosque.
No es difícil explicar por qué.
Abuso sistemático
Los principios fundamentales de la Carta —que los bienes comunes deben preservarse junto con los derechos de quienes los comparten— han sido objeto de abusos sistemáticos a lo largo de la evolución del capitalismo, en beneficio de los ricos y poderosos.
Sin embargo, una economía de mercado saludable necesita unos bienes comunes dinámicos. Son una fuente de subsistencia y de ingresos sociales, pues proporcionan recursos para el uso directo de la gente común sin costo alguno o a bajo costo, o ofrecen algo por mucho menos de lo que costaría obtenerlo en el mercado. Unos bienes comunes ricos y diversos reducen el costo de vida de quienes los utilizan. Y, a lo largo de la historia, quienes más se han beneficiado de ellos han sido las personas con bajos ingresos.
Pensemos en un prado comunal, un parque, un huerto comunitario o una parcela de cultivo (Schrebergarten en Alemania). Todos son valiosos para quienes no pueden permitirse una vivienda con jardín. Pensemos en una biblioteca pública, que vale más para quienes no pueden permitirse tener muchos libros. Pensemos en una vía fluvial pública o en un caladero. Todos los tipos de bienes comunes tienen un valor monetario imputado que, en conjunto, constituye una fuente de ingresos sociales. Así, los bienes comunes reducen la desigualdad económica y la inseguridad en la sociedad. Por tanto, su reducción aumenta la desigualdad.
La situación empeora por lo que se conoce como la paradoja de Lauderdale, enunciada por primera vez por el séptimo conde de Lauderdale en 1804. Observó que el aumento de la riqueza privada iba asociado al descenso de la riqueza pública, incluida la reducción de los bienes comunes. En términos actuales, a medida que crece la riqueza de una élite minoritaria, se fortalece su capacidad para privar a la mayoría de los bienes comunes.
Escasez artificial
Esto se debe a la «escasez artificial». Mediante el poder político, la élite puede inducir a las autoridades locales a facilitar el cercamiento y la privatización de tierras, aguas y otros servicios que hasta entonces eran públicos. También puede presionar a las administraciones públicas para que reduzcan los impuestos, disminuyendo los recursos financieros destinados al mantenimiento de los bienes comunes restantes. Ambas tendencias han sido generalizadas y hacen que las medidas convencionales del aumento de la desigualdad de ingresos se queden cortas al reflejar su crecimiento real.
Históricamente, el principal medio por el que se han mermado los bienes comunes ha sido el cercamiento, que los convierte en propiedad privada para uso comercial. Un fenómeno moderno ha sido la comercialización parcial o total de los bienes comunes, por ejemplo, cobrando por usar un parque o transformándolo en un espacio para «eventos» comerciales. Un tercer medio ha sido su reducción mediante el abandono deliberado, a menudo como preludio de la privatización, lo que erosiona el aprecio y el uso de los bienes comunes hasta debilitar el interés en preservarlos. El abandono ha sido generalizado durante la era de la austeridad; los recortes del gasto público han dejado los bienes comunes expuestos a una privatización precipitada, con el fin de recaudar fondos para cubrir los agujeros fiscales que dejaron las rebajas de impuestos a los ricos.
Espacios públicos de propiedad privada
Otra forma peculiarmente moderna de mermar los bienes comunes es la creación de lo que se conoce como POPS, sigla en inglés de espacios públicos de propiedad privada. La ciudadanía suele desconocer que muchos espacios abiertos que parecen públicos en nuestros pueblos y ciudades, en realidad, son propiedad de promotores inmobiliarios privados o de empresas, que los controlan.
¿Quién iba a saber, por ejemplo, que Paternoster Square, en el centro de Londres, sede de la Bolsa de Londres y a dos pasos de la catedral de San Pablo, pertenece a Mitsubishi, una empresa automovilística japonesa? Los POPS se han extendido por todo el mundo e imponen restricciones privadas al acceso público. Las zonas de descanso y ocio solo están disponibles si sus propietarios lo permiten.
Una práctica relacionada podría denominarse CORPS, sigla en inglés de espacios públicos rurales gestionados comercialmente. En este caso, no cambia la propiedad, pero sí la gobernanza, lo que permite que prevalezcan los intereses comerciales sobre otros usos tradicionales.
Pérdida de biodiversidad
Por ejemplo, el Distrito de los Lagos, en el norte de Inglaterra, ha sido uno de los grandes bienes comunes, donde se han preservado la biodiversidad y múltiples usos durante siglos. Sin embargo, en los últimos años se ha ido convirtiendo en una vasta zona de explotación comercial de ovejas; los grandes ganaderos ovinos han conseguido el uso casi exclusivo de las tierras, que a su vez han perdido su biodiversidad.
La actitud predominante hacia los bienes comunes en la era de la globalización estuvo marcada ideológicamente por un infame artículo de Garrett Hardin de 1968, titulado «La tragedia de los bienes comunes». Sostenía que los bienes comunes siempre serían sobreexplotados hasta quedar arruinados. Los economistas neoliberales concluyeron con entusiasmo que esto demostraba la superioridad de los derechos de propiedad privada y que debía maximizarse la privatización.
Esto coincidía con un principio de la escuela austríaca de economía, que sustentaba el modelo asociado con Friedrich Hayek (el economista predilecto de Thatcher y Reagan, y ganador del Premio Nobel en 1976): aquello que no tenía precio no podía tener valor alguno.
Lo que distingue a los bienes comunes es que no son propiedad privada, no tienen precio y se orientan al «valor de uso» en lugar del «valor de cambio». No existen para generar beneficios. Como la esencia de los bienes comunes es que no están en venta, obviamente no tienen «precio». Para los neoliberales, podían regalarse o venderse a precio de saldo.
Gestión responsable
Hacia el final de su vida, Hardin admitió que debería haber titulado su artículo «La tragedia de los bienes comunes sin gestionar». Eso no lo excusaba, pues él y sus partidarios deberían haber reconocido desde el principio que, a lo largo de la historia, los bienes comunes a menudo se habían gestionado con esmero y éxito. De hecho, el principio por el que Elinor Ostrom recibiría el Premio Nobel de Economía en 2009 ya estaba plasmado en la Carta del Bosque. Los bienes comunes requieren una gestión responsable y límites organizados al acceso, el uso y la enajenación de lo que se produce en ellos.
La verdadera tragedia de los bienes comunes es que las élites actúan para mermarlos mediante la usurpación, el cercamiento, el abandono y la comercialización. Esto se ha convertido en un saqueo de los bienes comunes.
Pensemos en la decisión del presidente Donald Trump de retirar la protección de 2 millones de acres de terrenos de parques nacionales federales. Pensemos en la privatización del agua, un bien público natural. Pensemos en la pérdida de playas públicas, parques tranquilos, bibliotecas o árboles centenarios que adornan las carreteras públicas.
Los principales perjudicados
Los principales perjudicados por el saqueo de los bienes comunes son las generaciones futuras. Lamentablemente, quizá se podría compensar lo suficiente a una cantidad suficiente de votantes actuales como para atenuar su oposición. Pero la tragedia se ve agravada por la grotesca desigualdad actual. Esta ha inclinado decisivamente el poder político a favor de las élites que más ganan con la privatización y el cercamiento de los bienes comunes y menos los necesitan. Quienes más pierden y más los necesitan —el precariado, que depende de los bienes comunes para alcanzar un nivel de vida tolerable— son quienes menos capacidad tienen para oponerse a esa pérdida.
Necesitamos una campaña mundial de información y educación sobre los múltiples valores de uso de los bienes comunes, además de un nuevo cálculo que otorgue un valor económico adecuado y completo a todas sus partes y respete la denominada regla de Hartwick sobre la equidad intergeneracional. Estos cambios son esenciales. No se producirán sin una presión pública coordinada, que requiere recursos y un respaldo valiente. Si se permite que continúe el saqueo, la infame ocurrencia de Margaret Thatcher —«la sociedad no existe»— podría acercarse peligrosamente a la realidad. No hay tiempo que perder.
Este artículo se basa en parte en un libro reciente, La corrupción del capitalismo: por qué prosperan los rentistas y el trabajo no se paga (Londres, Biteback, 2017)
