En un plebiscito organizado apresuradamente el 16 de julio, celebrado bajo los auspicios de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, para rechazar el llamamiento del presidente Nicolás Maduro a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, más de 720.000 venezolanos votaron en el extranjero. En las elecciones presidenciales de 2013, solo lo hicieron 62.311. Cuatro días antes del referéndum, 2.117 aspirantes rindieron el examen chileno de habilitación médica, de los cuales casi 800 eran venezolanos. Y el 22 de julio, cuando se reabrió la frontera con Colombia, 35.000 venezolanos cruzaron el estrecho puente entre los dos países para comprar alimentos y medicinas.
Es evidente que los venezolanos quieren irse, y no es difícil entender por qué. Medios de todo el mundo han informado sobre Venezuela y documentado situaciones verdaderamente horribles, con imágenes de hambre, desesperanza y ira. La portada del número de The Economist del 29 de julio lo resumía así: «Venezuela sumida en el caos».
Pero ¿se trata simplemente de otra recesión corriente o de algo más grave?
El indicador más utilizado para comparar las recesiones es el PIB. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de Venezuela en 2017 está un 35% por debajo de los niveles de 2013, o un 40% en términos per cápita. Se trata de una contracción mucho más pronunciada que la de la Gran Depresión de Estados Unidos entre 1929 y 1933, cuando se estima que el PIB estadounidense cayó un 28%. Es ligeramente mayor que el declive de Rusia (1990-1994), Cuba (1989-1993) y Albania (1989-1993), pero menor que el registrado por otros antiguos Estados soviéticos durante la transición, como Georgia, Tayikistán, Azerbaiyán, Armenia y Ucrania, o por países devastados por la guerra, como Liberia (1993), Libia (2011), Ruanda (1994), Irán (1981) y, más recientemente, Sudán del Sur.
Dicho de otro modo, la catástrofe económica de Venezuela eclipsa cualquier otra de la historia de Estados Unidos, Europa occidental o el resto de América Latina. Y, sin embargo, estas cifras subestiman enormemente la magnitud del colapso, como está revelando el trabajo en curso con Miguel Angel Santos, Ricardo Villasmil, Douglas Barrios, Frank Muci y Jose Ramón Morales en el Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard.
Está claro que una caída del 40% del PIB per cápita es un fenómeno muy poco frecuente. Pero varios factores hacen que la situación de Venezuela sea aún más sombría. Para empezar, aunque la contracción del PIB venezolano (a precios constantes) entre 2013 y 2017 incluye una caída del 17% en la producción de petróleo, no refleja el desplome del 55% de los precios del petróleo durante ese período. Las exportaciones de petróleo disminuyeron en 2.200 dólares per cápita entre 2012 y 2016, de los cuales 1.500 dólares se debieron a la caída de los precios del petróleo.
Son cifras enormes, dado que el ingreso per cápita de Venezuela en 2017 es inferior a 4.000 dólares. En otras palabras, mientras que el PIB per cápita cayó un 40%, el ingreso nacional, incluido el efecto de los precios, disminuyó un 51%.
Por lo general, los países amortiguan esos choques negativos de precios reservando dinero durante los períodos de bonanza y endeudándose o recurriendo a esos ahorros en los malos tiempos, de modo que las importaciones no tengan que caer tanto como las exportaciones. Pero Venezuela no pudo hacerlo porque aprovechó el auge petrolero para sextuplicar la deuda externa. El derroche durante los años buenos dejó pocos activos que liquidar en los malos, y los mercados no estaban dispuestos a prestar a un deudor excesivamente endeudado.
Tenían razón: Venezuela es ahora el país más endeudado del mundo. Ningún país tiene una deuda externa pública mayor como proporción del PIB o de las exportaciones, ni afronta un servicio de la deuda más elevado como proporción de las exportaciones.
Pero, al igual que Rumania bajo Nicolae Ceauşescu en la década de 1980, el Gobierno decidió recortar las importaciones mientras se mantenía al día con el servicio de la deuda externa, sorprendiendo repetidamente a los mercados, que esperaban una reestructuración. Como consecuencia, las importaciones de bienes y servicios per cápita cayeron un 75% en términos reales (ajustados por inflación) entre 2012 y 2016, y volvieron a disminuir en 2017.
Un colapso así solo es comparable al de Mongolia (1988-1992) y Nigeria (1982-1986), y supera todos los demás colapsos de las importaciones en períodos de cuatro años registrados en el mundo desde 1960. De hecho, las cifras de Venezuela no muestran ningún amortiguamiento: la caída de las importaciones fue casi igual a la de las exportaciones.
Además, como este descenso de las importaciones impuesto administrativamente provocó escasez de materias primas e insumos intermedios, el colapso de la agricultura y la manufactura fue incluso mayor que el del PIB total, lo que redujo en casi otros 1.000 dólares per cápita el valor de los bienes de consumo producidos localmente.
Otras estadísticas corroboran este panorama desolador. Los ingresos fiscales no petroleros disminuyeron un 70% en términos reales entre 2012 y 2016. Además, la aceleración de la inflación provocó una caída real del 79% en los pasivos monetarios del sistema bancario durante el mismo período. Medida al tipo de cambio del mercado negro, la caída fue del 92%, de 41.000 millones de dólares a apenas 3.300 millones.
Inevitablemente, el nivel de vida también se ha desplomado. El salario mínimo —que en Venezuela también equivale al ingreso del trabajador mediano, debido a la elevada proporción de personas que lo perciben— cayó un 75% (a precios constantes) entre mayo de 2012 y mayo de 2017. Medido en dólares al tipo de cambio del mercado negro, disminuyó un 88%, de 295 dólares al mes a apenas 36.
Medido en calorías del alimento más barato disponible, el salario mínimo cayó de 52.854 calorías al día a apenas 7.005 durante el mismo período: una disminución del 86,7%, insuficiente para alimentar a una familia de cinco personas, suponiendo que todos los ingresos se destinen a comprar el alimento más barato. Con su salario mínimo, los venezolanos podían comprar menos de una quinta parte de los alimentos que podían comprar los colombianos, tradicionalmente más pobres, con el suyo.
La pobreza de ingresos aumentó del 48% en 2014 al 82% en 2016, según una encuesta realizada por las tres universidades más prestigiosas de Venezuela. El mismo estudio constató que el 74% de los venezolanos perdió involuntariamente un promedio de 8,6 kilos (19 libras) de peso. El Observatorio Venezolano de la Salud informa de un aumento de diez veces en la mortalidad de pacientes hospitalizados y de cien veces en la muerte de recién nacidos en hospitales durante 2016. Y, sin embargo, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha rechazado repetidamente ofertas de ayuda humanitaria.
El ataque sin cuartel del Gobierno de Maduro contra la libertad y la democracia está atrayendo, con razón, una mayor atención internacional. La Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea han publicado informes demoledores, y Estados Unidos anunció recientemente nuevas sanciones.
Pero los problemas de Venezuela no son solo políticos. Hacer frente a la catástrofe económica sin precedentes que ha causado el Gobierno también requerirá el apoyo coordinado de la comunidad internacional.
