Los últimos 20 años constituyen un buen laboratorio para estudiar el éxito de distintos modelos económicos en América Latina. Aunque hay muchos ganadores, Venezuela destaca como un claro perdedor: se han dilapidado las ventajas naturales del país y ahora el país se enfrenta a una crisis humanitaria.
El actual desorden económico y social de Venezuela exige volver a estrechar la relación con las instituciones financieras internacionales, que ayudarían a restablecer los mecanismos normales del mercado en su economía. Aunque este enfoque resulta ideológicamente repugnante para el liderazgo actual, una actitud pragmática podría desbloquear miles de millones de dólares en ayuda y alivio de la deuda para una nación sumida en el caos.
Mientras Venezuela ha seguido una trayectoria económica accidentada, México, Colombia, Chile y otros países han disfrutado de un crecimiento sostenido y alcanzado plena independencia financiera al tiempo que adoptaban un enfoque de mercado. Cuando se endeudan en el extranjero, lo hacen en sus propios términos: con tasas de entre el 3 % y el 4 % para un bono a 10 años denominado en dólares estadounidenses, una fracción de los actuales costos de financiación de Venezuela.
Un lobo solitario en América Latina
No cabe duda de que estos bajos costos reflejan años de políticas financieras eficaces aplicadas por estos países. Estas políticas han abarcado una gestión macroeconómica estable, inversiones eficaces en infraestructura y desarrollo humano, el compromiso con la diversificación económica, el apoyo a los mecanismos de mercado y esfuerzos sostenidos para crear amplias reservas locales de ahorro y reducir la dependencia del capital extranjero. Venezuela puede seguir su ejemplo.
Al retomar esa relación, Venezuela debería poder desbloquear una importante asistencia financiera de la comunidad internacional para atender las necesidades humanitarias y apoyar una reorientación de la economía. El solo inicio del proceso podría desbloquear varios miles de millones de dólares en asistencia en cuestión de semanas, con condiciones mínimas, para ayudar a Venezuela a atender necesidades urgentes.
Sin embargo, podría llegar una asistencia mucho más significativa cuando Venezuela alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre un plan económico detallado a mediano plazo, lo que supondría meses de dolorosas negociaciones. Con ese acuerdo, Venezuela podría obtener decenas de miles de millones de dólares en apoyo mediante una combinación de nuevos préstamos y una operación de reestructuración de la deuda con respaldo oficial.
La asistencia del FMI para reestructurar la deuda debería ser de especial interés para Venezuela. Con más de 30.000 millones de dólares estadounidenses en pagos de deuda externa que vencen en los próximos cinco años, Venezuela tiene mucho que ganar si aplaza o reduce esos flujos de efectivo mediante un acuerdo voluntario con los acreedores.
El FMI podría ofrecer margen para crecer
La sugerencia podría sorprender a quienes recuerdan que, en la década de 1980, el FMI protegía los intereses de la banca internacional. Sin embargo, desde entonces la política del FMI ha cambiado. El FMI y sus principales accionistas del G7 entienden que los países que se recuperan de una crisis necesitan un margen de maniobra suficiente para reanudar el crecimiento. Además, en lo que respecta a la deuda privada, los venezolanos y el FMI compartirían el interés común de llevar a cabo una amplia y exitosa operación de deuda que conserve el efectivo del país y apoye la estabilización económica y social.
El papel del FMI en la ayuda a Grecia—por no hablar de Ucrania y Jamaica— en los últimos años debería servir de ejemplo. En esos casos, el préstamo del FMI a cada país estaba condicionado a una reestructuración integral de la deuda. Los acreedores hicieron importantes concesiones financieras al país porque comprendieron que, si no cooperaban, el resultado sería un impago desordenado. Así funcionaría en Venezuela: sin canje de deuda, no hay FMI; es una herramienta poderosa para ayudar a un país a obtener un acuerdo justo.
La deuda de Venezuela es excepcionalmente compleja e incluye bonos y préstamos tanto del Estado soberano como de la petrolera estatal PDVSA. Sin embargo, la historia nos enseña que, cuando hay voluntad, hay un camino: en 2006, Irak reestructuró la deuda de la época de Saddam Hussein con la ayuda de una resolución de la ONU respaldada por el G7 que protegía los petroleros del país. Si Venezuela vuelve a estrechar su relación con la comunidad internacional, debería encontrar un firme apoyo a la reestructuración de la deuda.
Dicho esto, la cooperación internacional no es un menú a la carta. Un país no puede elegir solo las partes que le gustan —el dinero y el alivio de la deuda, pero no las reformas—. El apoyo del FMI tendría que ofrecerse con la condición de que las autoridades venezolanas elaboren un nuevo programa económico para el país, basado en políticas fiscales y monetarias sostenibles. Y probablemente un programa económico implicaría otras reformas, como la privatización gradual de empresas que no sean fundamentales para el funcionamiento del Estado, la resolución de disputas en el país y en el extranjero, y el restablecimiento de la transparencia en las operaciones del Gobierno, especialmente en lo relativo a PDVSA.
A cualquier país le resulta doloroso pensar que sus decisiones económicas estarán sujetas a la aprobación de expertos extranjeros. Sin embargo, ante la disyuntiva entre sufrir el actual caos económico o permitir que una parte externa ayude a elaborar y supervisar un nuevo plan económico durante unos años, es probable que gran parte de la población optara por esto último.
Como demuestran los demás países de la región, una vez que la economía vuelve a encarrilarse, se puede reembolsar al FMI y enviar de vuelta a casa a quienes la supervisan: es una condición temporal. El plan revolucionario de Hugo Chávez ha fracasado, y Venezuela necesita un nuevo modelo que implique acercarse a sus vecinos y a las instituciones internacionales.
