La reforma fiscal de gran alcance ocupa un lugar destacado en la agenda de Estados Unidos para 2017. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, lleva años preparándose para ello y elaborando planes detallados para reformar la tributación de los ingresos empresariales y personales. Ahora, con mayoría republicana en el Senado y un presidente republicano en la Casa Blanca, esos planes pueden servir de base para la acción legislativa.
La reforma propuesta del impuesto de sociedades es especialmente significativa. Creo que tendrá un efecto muy favorable en la inversión empresarial, al impulsar la productividad y el crecimiento económico general. Las nuevas normas fiscales también tendrán efectos importantes en las economías extranjeras.
Aunque no está garantizado que se apruebe ninguno de los cambios propuestos, la probable configuración del paquete fiscal se va perfilando. Incluye cuatro componentes principales.
Un tipo impositivo más bajo sobre los beneficios empresariales. El tipo actual del 35 % es el más alto entre todos los países industrializados. Tanto los republicanos de la Cámara de Representantes como la administración Trump han propuesto reducirlo a la mitad, lo que haría que el capital se desplazara hacia la inversión empresarial desde los bienes inmuebles, las empresas no constituidas en sociedad y las inversiones en el extranjero.
Dado que los ingresos actuales por el impuesto de sociedades equivalen al 2 % del PIB, la reducción propuesta del tipo impositivo recortaría la recaudación en torno a un 1 % del PIB, o 190.000 millones de dólares al año en la economía actual. El consiguiente aumento de la inversión impulsaría el crecimiento y reduciría la pérdida de ingresos; aun así, los republicanos del Congreso, partidarios de una reforma fiscal neutral en términos de recaudación, tendrían que afrontar un desafío.
Un sistema territorial para gravar las filiales extranjeras de las empresas estadounidenses. Estados Unidos es único entre los países industrializados porque somete los beneficios repatriados obtenidos por las filiales extranjeras de sus empresas al tipo impositivo nacional íntegro (con un crédito por los impuestos pagados al gobierno extranjero). Así, una empresa estadounidense que obtiene beneficios en Irlanda paga un impuesto del 12 % al gobierno irlandés y ahora pagaría un 23 % adicional sobre cualquier beneficio repatriado. No es de extrañar que las empresas estadounidenses opten por mantener sus beneficios en el extranjero.
La adopción de un sistema territorial aumentaría la inversión en Estados Unidos y estimularía la productividad y el crecimiento. La propuesta permitiría repatriar todos los beneficios futuros obtenidos en el extranjero por las empresas estadounidenses sin pagar impuestos adicionales. Los 2,1 billones de dólares de beneficios acumulados anteriormente en el extranjero estarían sujetos a un impuesto único de alrededor del 10 %, pagadero a lo largo de varios años.
Un impuesto de sociedades basado en el flujo de caja. Esto implica dos cosas: permitir que las empresas deduzcan de inmediato todas las inversiones en equipos e instalaciones, en vez de repartir el costo a lo largo del tiempo; y eliminar la deducción de los intereses de las deudas contraídas recientemente. Esto reduciría el riesgo asociado a los altos niveles de endeudamiento y pondría la deuda y el capital en igualdad de condiciones.
Dudo que el Congreso llegue a aprobar realmente esta reforma cuando examine sus detalles operativos. ¿Cuándo se considera que un préstamo es nuevo y cuándo es simplemente la continuación de una línea de crédito existente? ¿Qué ocurre cuando las empresas dejan de pedir préstamos para financiar la compra de equipos y pasan a arrendarlos?
Ajuste fiscal en frontera. A diferencia de la mayoría de los demás países, Estados Unidos no tiene un impuesto sobre el valor añadido. El ajuste fiscal en frontera daría a Estados Unidos la ventaja internacional de un impuesto sobre el valor añadido sin aplicarlo a las transacciones nacionales.
Así funcionaría: las empresas que importan bienes no podrían deducir el costo de esas importaciones al calcular sus beneficios imponibles. Con un tipo del impuesto de sociedades del 20 %, eso equivaldría a un arancel de importación del 20 %. Las empresas que exportan bienes podrían excluir los ingresos por exportación de sus ingresos imponibles, lo que equivaldría a una subvención a la exportación del 20 %.
Aunque parezca que esto reduciría las importaciones y aumentaría las exportaciones, no sucederá. Como aprende todo estudiante de economía, la balanza comercial depende de la diferencia entre el ahorro interno y la inversión interna. Como el ajuste fiscal en frontera no modifica el ahorro ni la inversión, tampoco cambiaría las importaciones ni las exportaciones. En cambio, los cambios en los impuestos sobre las importaciones y las exportaciones provocarían una apreciación del dólar que compensaría el efecto directo de los cambios fiscales en frontera.
Más concretamente, si se adopta el ajuste fiscal en frontera, el dólar se apreciará un 25 % frente a otras monedas. Una apreciación del dólar del 25 % reduce en un 20 % el costo de las importaciones (lo suficiente para compensar el aumento de los precios de importación causado por el impuesto del 20 %), y eleva el costo de las exportaciones estadounidenses para los compradores extranjeros (lo suficiente para compensar la subvención implícita del 20 %).
Pero si el ajuste fiscal en frontera no mejoraría la balanza comercial de Estados Unidos, ¿por qué los republicanos del Congreso están tan dispuestos a aprobarlo? La verdadera razón es que aumentaría sustancialmente la recaudación fiscal sin incrementar la carga para los consumidores ni los productores estadounidenses. Actualmente, las importaciones y las exportaciones de Estados Unidos representan, respectivamente, el 15 % y el 12 % del PIB. Dada la diferencia del 3 % del PIB, el impuesto de importación del 20 % y la subvención a la exportación del 20 % generan un ingreso neto equivalente al 0,6 % del PIB, que ahora asciende a 120.000 millones de dólares al año.
Por tanto, el ajuste fiscal en frontera cubre alrededor de dos tercios del costo de 190.000 millones de dólares de la rebaja del impuesto de sociedades, y una proporción aún mayor si se tiene en cuenta el efecto favorable de la reducción del tipo impositivo empresarial sobre el crecimiento. Además, como no cambian los precios que pagan los consumidores estadounidenses ni los que reciben los exportadores estadounidenses, el impuesto recae en los productores extranjeros, que, debido a la apreciación del dólar, reciben menos en sus propias monedas por sus exportaciones a Estados Unidos.
El ajuste fiscal en frontera cuenta con una oposición considerable entre los importadores estadounidenses, que no están convencidos de que el dólar se aprecie lo suficiente para compensar el mayor impuesto implícito a las importaciones. Pero la posibilidad de recaudar más de 100.000 millones de dólares al año sin perjudicar a los consumidores ni a los productores estadounidenses impulsará al Congreso a seguir adelante con este elemento del plan general.
La legislación de este año será la primera reforma importante del sistema fiscal estadounidense en tres décadas. Su aprobación dará lugar a un marco fiscal más favorable y competitivo para las empresas estadounidenses.
