La historia es la siguiente: desde 1979 —el punto culminante del último ciclo económico antes de la investidura de Ronald Reagan como presidente—, el crecimiento económico en Estados Unidos ha sido, en su inmensa mayoría, un fenómeno reservado a los ricos. Los salarios, los ingresos y el nivel de vida reales (ajustados a la inflación) de los hogares pobres y de clase media de Estados Unidos son, en el mejor de los casos, apenas más altos. Aunque el PIB real anual per cápita ha crecido un 72%, de 29.000 a 50.000 dólares (a precios de 2009), casi todo ese crecimiento ha ido a parar a quienes ahora ocupan el nivel más alto de la distribución de ingresos de Estados Unidos.
Todo esto es cierto, pero hay algunas salvedades importantes. Una de ellas aparece en Distribución de los ingresos de los hogares e impuestos federales, publicado el año pasado por la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos (CBO). En 2010, los ingresos reales después de impuestos del quintil más bajo de los hogares estadounidenses eran un 49% mayores que en 1979, lo que equivale a un crecimiento medio anual del 1,3%. En 2010, los ingresos después de impuestos de los tres quintiles intermedios eran un 40% mayores, equivalente a un crecimiento medio anual del 1,1%.
Sin duda, los hogares situados entre los percentiles 81 y 99 aumentaron sus ingresos después de impuestos un 64%, mientras que el 1% más rico los incrementó un 201%, lo que representa una tasa media de crecimiento anual del 3,6%, muy superior a la de cualquier otro grupo de ingresos. Y, a estas alturas, con la recuperación también concentrada entre los ricos, es muy probable que el 1% más rico de los estadounidenses se acerque a un aumento acumulado del 300% desde 1979.
Pero los aumentos de los ingresos reales del 1,3% anual para los quintiles intermedios y del 1,1% para el inferior no son precisamente poca cosa, ¿verdad? La diferencia respecto de la tasa media de crecimiento anual del PIB per cápita, del 1,6%, es pequeña, ¿no?
Pues sí y no. Un optimista (o un apologista) podría argumentar que, aunque los ingresos de mercado se han vuelto, en efecto, mucho más desiguales desde 1979, con los hogares de la mitad inferior de la distribución perdiendo terreno en términos absolutos en cuanto a ingresos reales y con un sistema tributario cada vez menos progresivo, el crecimiento del Estado de bienestar moderó considerablemente este aumento de la desigualdad.
Pero si se observa la tasa de crecimiento anual del 1,3% de los ingresos reales después de impuestos del quintil inferior que calcula la CBO, 0,9 puntos porcentuales se deben al crecimiento de los programas de financiación sanitaria Medicare, Medicaid y el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños. La CBO contabiliza todo ese crecimiento como un aumento de los ingresos reales después de impuestos de los hogares pobres de Estados Unidos. Pero ese dinero no está disponible para que los estadounidenses pobres lo gasten, por lo que habría que aplicar algún ajuste a la baja.
Además, solo la mitad de esos gastos se traduce en una mayor atención sanitaria recibida por los beneficiarios de los programas; la otra mitad se destina al sistema general de financiación sanitaria de Estados Unidos y cubre atención que antes no recibía compensación. Y el sistema de financiación sanitaria estadounidense es excepcionalmente ineficiente: otros países de la OCDE obtienen más en términos de salud y servicios sanitarios por cada dólar que gastan que Estados Unidos por cada 2 dólares que gasta. Como resultado, una estimación más acertada de la contribución de la ampliación de los programas públicos de salud de Estados Unidos al bienestar material de los estadounidenses pobres es de apenas 0,2 puntos porcentuales al año.
De ahí la necesidad de algo parecido al mandato individual de seguro médico de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de 2010 («Obamacare»), o de afrontar la realidad y adoptar un sistema de financiación sanitaria de pagador único. En cualquier caso, Estados Unidos necesita obtener de su enorme gasto sanitario un valor comparable al que obtienen otros países de la OCDE.
Francamente, tengo sentimientos encontrados sobre la relación entre el crecimiento de los programas públicos de financiación sanitaria y la desigualdad. En los días impares, mi conclusión es que desde 1979 el bienestar material ha crecido un 0,5% anual para los estadounidenses pobres, frente al 4% anual para los ricos (y el 6% anual para los superricos). Esto se debe a que, en ningún sentido razonable, la mayor parte de la expansión equivale a un aumento de los ingresos de los estadounidenses pobres, y a que Estados Unidos obtiene relativamente poco valor de su financiación sanitaria.
En los días pares, sin embargo, mi conclusión es muy distinta. En 1979, los estadounidenses pobres estaban tan rezagados respecto de las democracias sociales habituales de la OCDE en materia de salud y atención sanitaria que, aunque cada dólar adicional solo producía 0,25 dólares en servicios sanitarios reales, para los pobres esos 0,25 dólares equivalían aproximadamente a un dólar en términos de bienestar material.
Según esta interpretación, la expansión de los programas sanitarios de Estados Unidos ha mantenido el bienestar material de los pobres, medido correctamente, en una trayectoria ascendente desde 1979, a un ritmo no muy inferior al del PIB real per cápita. Pero las brechas de cobertura y financiación sanitaria que existían en Estados Unidos en 1979 lo convertían en un país mucho más desigual de lo que indicaban los datos sobre la distribución de los ingresos.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: J. Bradford DeLong es profesor de Economía en la y asociado de investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica.
Imagen: Se ven banderas de Estados Unidos a lo largo del recorrido del desfile presidencial en Washington, el 20 de enero de 2013. REUTERS/Shannon Stapleton
