La desigualdad ha ganado terreno en la agenda mundial desde la crisis financiera de 2008, avivando las llamas del populismo.
En el mundo rico, la mayoría de la gente siente que no recibe un trato justo y la movilidad social se ha estancado en muchos países, lo que significa que los niños de entornos más pobres siguen en desventaja de por vida. Mientras tanto, el análisis del Foro Económico Mundial muestra que el crecimiento económico no se traduce necesariamente en avances en la lucha contra la desigualdad.
En la Reunión Anual del Foro Económico Mundial de enero de 2019, conversamos con Minouche Shafik, directora de la London School of Economics and Political Science (LSE) y exsubgobernadora del Banco de Inglaterra. A continuación, se presenta una transcripción editada.
¿Cómo define la idea de equidad y de una economía justa?
Una economía justa sería aquella en la que, si no supieras en qué lugar de esa economía acabarías –no sabrías en qué familia nacerías ni dónde nacerías–, pensarías: podría tener una buena vida en esa economía.
¿Qué tiene de injusta la forma en que funciona la economía actual?
En la economía actual, depende demasiado de en qué familia nazcas y de las oportunidades que eso conlleva lo que te ocurre. Lo que a la mayoría de la gente le gustaría ver es una sociedad y una economía en la que se garantice a todos un mínimo, de modo que nadie quede en la indigencia absoluta. Pero también que, si trabajas duro y te esfuerzas, puedas progresar independientemente de la familia en la que hayas nacido.
¿Qué mecanismos tenemos ya para intentar garantizar que la economía sea justa y que las personas tengan una oportunidad equitativa?
Tenemos dos mecanismos para intentar que la economía sea justa. Tenemos lo que los economistas llaman políticas de predistribución. Eso significa cosas como la educación, la formación en competencias y las vías para ayudar a las personas a mejorar antes de que el gobierno intervenga en términos de gasto.
Y luego tenemos las políticas de posdistribución, que implican que, después de que hayas ido a trabajar, el gobierno a veces te grava con impuestos o te concede prestaciones para intentar compensarte por cualquier injusticia en la economía. Esos son los mecanismos actuales que tenemos y, sin duda, ninguno de ellos funciona lo suficientemente bien.
¿Qué falla en ellos y cuáles son sus mayores debilidades?
Los problemas de lo que llamamos políticas de predistribución –nuestros sistemas educativos– son que no hacen lo suficiente para compensar la desventaja en las primeras etapas. Numerosas investigaciones demuestran ahora que son los primeros mil días de vida los que influyen enormemente en los resultados vitales. Por eso, la educación en los primeros años, la nutrición a una edad muy temprana y las intervenciones en ese momento pueden tener enormes beneficios en los principales resultados de salud y educativos de las personas y en sus perspectivas profesionales. Así que no estamos haciendo lo suficiente en el mismo comienzo.
Y nuestros sistemas educativos siguen siendo muy desiguales. Las personas con mayores ingresos pueden acaparar oportunidades y reservarlas para sus propios hijos, a través de cosas como la educación privada y las clases particulares. También podríamos hacer mucho más cuando las personas terminan la escuela para apoyarlas, de modo que, si pierden su empleo, puedan adquirir nuevas competencias con bastante facilidad para encontrar otro.
¿Qué grandes cambios debemos hacer para lograr una sociedad más justa?
Tendríamos que invertir mucho más en la educación en los primeros años, especialmente para los niños de entornos desfavorecidos. Y tendríamos que intentar compensar la falta de oportunidades que pueden tener por el lugar en el que nacen. Eso podría significar darles oportunidades para acceder a experiencias educativas más interesantes, ya sea en ciencia, arte o formación digital.
También tendríamos que ayudarles a acceder a la educación superior, si esa es la vía adecuada para ellos, mediante becas dirigidas a jóvenes en situación de desventaja. Una vez que terminen la universidad, debemos asegurarnos de que, a medida que cambie el mercado laboral, tengan oportunidades para recualificarse y actualizar sus competencias. Eso supone una inversión mucho mayor que la que hacemos actualmente en el aprendizaje permanente.
¿Cómo pueden los países permitirse esto? ¿Es un coste o una inversión?
Invertir en las competencias y la educación de las personas es probablemente una de las mejores inversiones que pueden hacer los países. Sabemos que nos dirigimos hacia una economía del conocimiento. El activo más importante que tienen los países es su gente, y los rendimientos de una buena inversión en educación y competencias son muy, muy altos. Por eso creo que el argumento de la asequibilidad es una premisa algo falsa.
El otro aspecto de una economía justa es la redistribución. En este punto suele surgir la pregunta: ¿pueden los países permitirse transferir ingresos a las capas de la sociedad con menores ingresos?
Es evidente que existe una cuestión de justicia y cohesión social, así como de estabilidad y de mantenimiento unida de la sociedad. Si las personas no creen que la forma en que está organizada la economía sea justa, votarán a partidos y políticos que les prometan algo distinto. Por tanto, eso también es un imperativo muy importante para garantizar que nuestros países sean mucho más justos.
¿Podría alguna forma de renta básica universal formar parte de la solución para una sociedad más justa?
La renta básica universal es una solución en un número muy reducido de casos, en particular en países de bajos ingresos, donde a menudo resulta más eficiente distribuir pequeñas cantidades de dinero a hogares muy pobres, y donde la focalización no tiene sentido porque la mayoría de la gente es muy pobre.
También creo que tiene sentido cuando se utiliza para sustituir algo que es mucho peor y más ineficiente, como, por ejemplo, si existen subsidios energéticos y se decide compensar a las personas con una cantidad fija de ingresos.
Creo que, para cualquier país que pueda gestionar un estado de bienestar adecuado –es decir, para la mayoría de los países de ingresos medios y altos–, la renta básica universal es una política muy costosa, que podría suponer alrededor del 5 o el 6 % del PIB, lo que representa una cantidad de dinero bastante elevada.
Ese dinero podría utilizarse de forma mucho más eficiente mediante, por ejemplo, el complemento de los salarios de los trabajadores con ingresos muy bajos o el incremento del salario mínimo, para garantizar que la prestación llegue a quienes más la necesitan.
Así que, para la mayoría de los países más ricos, creo que la renta básica universal no es la solución, y existen soluciones mucho mejores que utilizarían los recursos y los destinarían a quienes más los necesitan.
¿Qué papel deben desempeñar los gobiernos y las empresas para encontrar soluciones para una economía más justa?
Todos tenemos un papel que desempeñar para intentar que la economía sea más justa. Es evidente que los gobiernos tienen un papel fundamental en la manera en que recaudan impuestos y gastan, y en cómo se aseguran de que las prestaciones lleguen a quienes más las necesitan, y de que garantizan a todos un mínimo de ingresos básicos, educación y atención sanitaria. También establecen las normas que rigen el funcionamiento del sector privado.
El sector privado también tiene un papel fundamental que desempeñar, en particular en lo que respecta a las condiciones de empleo y a si ofrece a los trabajadores un trabajo digno y prestaciones razonables, incluso cuando no trabajan a jornada completa.
Las empresas también tienen un papel fundamental en la movilidad social. Pueden, si así lo deciden, contratar a personas y apoyar a quienes procedan de entornos desfavorecidos, que después podrían progresar enormemente dentro de su organización.
El sector privado puede servir de modelo e inspiración para sus empleados si las personas sienten que contribuyen a promover la igualdad.
¿Es función de los economistas medir una sociedad o cambiarla?
Los buenos economistas se preocupan mucho por la medición y no deberían pensar en ella de una forma muy estrecha y mecánica. No todo gira en torno al PIB, y no todo puede medirse en unidades monetarias.
En la LSE hemos realizado bastantes investigaciones sobre el bienestar y lo que hace felices a las personas. Lo que observamos es que, hasta cierto punto, más ingresos hacen más felices a las personas. En una etapa muy temprana, cuando los ingresos no son muy altos, dar más dinero a las personas no contribuye demasiado a hacerlas más felices.
De hecho, lo que observamos que hace felices a las personas es tener buena salud –tanto física como mental–, buenas relaciones y un trabajo significativo. Esos tres factores son los principales impulsores de la felicidad de las personas, y son cuestiones importantes que los economistas deberían medir cada vez más.
Es evidente que los economistas desempeñan un papel importante al ayudar a la sociedad a evaluar las consecuencias económicas de los cambios que desea introducir. Toda sociedad tiene que tomar decisiones: entre eficiencia y equidad, qué valora más; en qué invertir. Los economistas pueden desempeñar un papel realmente valioso al proporcionar a la sociedad las herramientas y el análisis necesarios para tomar esas decisiones tan difíciles.
