Como defensor de larga trayectoria de la renta básica, y como alguien que ha participado en programas piloto en cuatro continentes, el último año ha sido una montaña rusa, quizá resumible en dos pasos adelante y uno atrás, con una calificación de progreso de seis sobre 10. Se requerirán actos de valentía para avanzar con decisión en 2019, pero se están abriendo más puertas.
Ha habido un hervidero de actividad. Quizá lo que ha ocurrido en Canadá y Estados Unidos refleje mejor los contrastes en la fortuna, aunque los acontecimientos en Europa y en otros lugares también son alentadores. Un momento destacado fue el 18.º congreso internacional de BIEN (Basic Income Earth Network) en Tampere, Finlandia, que reunió a cientos de académicos y activistas de todo el mundo para debatir los avances. También se publicaron varios libros significativos, y el Banco Mundial respaldó la renta básica como herramienta de desarrollo en su Informe sobre el Desarrollo Mundial.
América del Norte
El debate en Canadá y Estados Unidos ha seguido dos direcciones: por un lado, la introducción de la renta básica como alternativa a las políticas sociales existentes, financiada mediante impuestos directos, y por otro, la creación de fondos de capital con dividendos. Las primeras han estado implícitas en programas piloto y proyectos de demostración.
A comienzos del año, los programas piloto de renta básica estaban en marcha en tres comunidades de Ontario (Hamilton, Lindsay y Thunder Bay), con un alcance de 4.000 personas. Aunque, como la mayoría de los demás experimentos, no eran pruebas de una renta básica completa, tenían muchas características de una renta básica en sentido estricto. Los primeros informes fueron unánimemente favorables, y las encuestas mostraban que era popular, tanto que los conservadores que concurrían a las elecciones provinciales afirmaron que los programas continuarían si resultaban elegidos.
Sin embargo, al asumir el cargo, Doug Ford puso fin a los programas y ordenó que se entregaran los datos recopilados para la evaluación. Sin desanimarse, en las redes sociales circularon vídeos que informaban sobre la respuesta de los participantes.
Hubo también un epílogo inesperado. En diciembre, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el ministro de Desarrollo Social, Jean-Yves Duclos, afirmaron en entrevistas que un ingreso mínimo nacional garantizado podría ser una opción, mientras buscaban formas de ayudar a los canadienses a adaptarse a un mercado laboral inestable y cambiante. Duclos pronosticó que llegaría.
En Estados Unidos, Barack Obama, en un discurso reflexivo en Sudáfrica, señaló que la renta básica cobraría protagonismo en los años venideros, y destacados líderes empresariales volvieron a respaldarla, entre ellos Mark Zuckerberg y Elon Musk. Pero, principalmente, fue un año de posicionamiento de los posibles candidatos presidenciales demócratas, quienes presentaron propuestas con elementos de renta básica. Uno de ellos, Andrew Yang, ha hecho de ella su propuesta política central.
Hubo un entusiasmo alentador en torno a las declaraciones del joven alcalde de Stockton, California, quien ha tomado un camino distinto, al poner en marcha un proyecto de demostración mediante el cual, gracias a una subvención de 1 millón de dólares de Chris Hughes, cofundador de Facebook, 100 personas de zonas de bajos ingresos recibirán una renta básica mensual de 500 dólares durante 18 meses. El proyecto se retrasó por el proceso de envío de invitaciones a 1.000 personas elegidas al azar, de entre las cuales se seleccionarán las 100. Pero debería comenzar en febrero de 2019.
En Chicago, un amplio grupo de legisladores ha propuesto un programa piloto, y al cierre del año la propuesta estaba pendiente de la aprobación del alcalde. Si prospera, será el mayor programa de este tipo en Estados Unidos. También resulta alentador el programa puesto en marcha en cuatro ciudades estadounidenses, en el que 1.000 madres de bajos ingresos recibirán 333 dólares al mes, sin condiciones, durante 40 meses desde el nacimiento de sus hijos, en un proyecto denominado Baby’s First Years, porque se centra en la relación entre la seguridad de ingresos básicos y el desarrollo cerebral. En otro programa piloto, también descrito con mayor precisión como proyecto de demostración, el Magnolia Mother’s Trust comenzó a proporcionar a 15 mujeres afroamericanas de bajos ingresos en Misisipi 1.000 dólares al mes, sin condiciones, en diciembre de 2018.
Aunque tuvo lugar en 2017, otro acontecimiento que cristalizó en 2018 y que podría convertirse en un anticipo de las respuestas a desastres naturales y sociales fue la reacción de Dolly Parton, la estrella de la música country, ante la devastación causada por los incendios forestales en su ciudad natal, Gatlinburg (Tennessee). Destinó millones de dólares a My People’s Fund, desde el cual se iban a pagar 1.000 dólares al mes a unas 900 familias durante seis meses. Tantas otras donaciones se realizaron que la cantidad se incrementó a 5.000 dólares en el último mes. Un análisis mostró que el dinero no solo permitió a las personas acceder a una vivienda, sino que también aumentó el trabajo, en lugar de reducirlo.
Mientras tanto, los principales demócratas no paraban de presentar propuestas. El senador Cory Booker presentó un proyecto de ley que proponía que los niños de familias de menores ingresos recibieran 1.000 dólares al año, depositados en cuentas de ahorro especiales, con un importe que ascendería a 2.000 dólares si sus familias son pobres, financiado mediante mayores impuestos sobre las ganancias de capital y las herencias. Las cuentas estarían bloqueadas hasta que el titular cumpliera 18 años, momento en que podría utilizar el dinero para compras de «creación de activos». Esto se aleja de una renta básica: es paternalista, no confía en que las personas tengan la capacidad de decidir qué es lo mejor para sí mismas, requeriría un costoso control burocrático y plantearía el problema de la «debilidad de la voluntad», como ocurre con todos los esquemas de transferencias de capital. Pero refleja la conciencia de que el sistema de distribución se ha quebrado.
La senadora Kamala Harris presentó un proyecto de ley para subvencionar el alquiler mediante un crédito fiscal reembolsable sobre el impuesto federal sobre la renta, que pronto se consideró más probable que enriquezca a los propietarios que que proporcione seguridad de ingresos básicos a los inquilinos de bajos ingresos, y los críticos señalaron que una renta básica ayudaría más a esos inquilinos. Harris propuso la Ley LIFT (Livable Incomes for Families Today, «ingresos dignos para las familias de hoy») de Clase Media, que ofrece 250 dólares al mes para las personas solteras y 500 dólares para las parejas, reduciéndose a medida que aumentan los ingresos. Un inconveniente es que alguien que no gane nada no recibiría nada, mientras que alguien tendría que ganar al menos 3.000 dólares para recibir la prestación completa.
La representante Bonnie Watson Coleman presentó un proyecto de ley destinado a corregir una deficiencia regresiva del programa de Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo (EITC), que actualmente absorbe 65.000 millones de dólares al año. Ampliaría las prestaciones del EITC a los cuidadores familiares y a los estudiantes. Como ocurre con otros créditos fiscales, el EITC se ha basado en una conceptualización arbitraria de lo que es trabajo y lo que no lo es. Reconocer eso supone, al menos, un paso en la dirección de una renta básica. Los créditos fiscales son regresivos, deprimen los salarios y subvencionan a los empleadores de bajos salarios.
Mientras tanto, se han producido avances en torno a la segunda vía hacia la renta básica, la de los dividendos sociales o comunes. Una vez más, ha habido un revés. La idea de partida es que los recursos naturales forman parte de los bienes comunes; pertenecen a todos, a los comuneros. Si alguien o una empresa los explota con fines comerciales, debe pagar una «renta» a los comuneros.
Esta visión se remonta a siglos atrás, personificada en el pensamiento de filósofos como John Locke y de los padres fundadores de Estados Unidos, como Thomas Jefferson y Thomas Paine, y en los escritos de Henry George y de economistas posteriores. Ello ha dado lugar a un renovado interés por el impuesto sobre el valor del suelo, los ecoimpuestos o gravámenes y los gravámenes digitales. Pero los principales ejemplos prácticos se han basado en las regalías del petróleo.
El esquema más destacado, en el que las regalías se canalizan hacia un fondo de capital permanente del que se pagan dividendos iguales, es el Fondo Permanente de Alaska. Creado en 1976 y pagando dividendos anuales a todos los residentes de Alaska desde 1982, ha demostrado ser sumamente popular. Hasta 2011, el valor de los dividendos aumentó de forma constante. Pero los sucesivos gobernadores republicanos habían reducido imprudentemente el impuesto sobre la renta a cero. Así, cuando cayeron los precios del petróleo, la deuda pública aumentó, lo que llevó al gobernador más reciente a recurrir al fondo para pagar los gastos operativos del gobierno, provocando un colapso de los dividendos anuales. Esto se consideró, con razón, un impuesto que golpeaba a las personas de bajos ingresos, y provocó una caída de la popularidad del gobernador y su retirada de la campaña de reelección en octubre de 2018. El restablecimiento de los dividendos de Alaska dependerá de quién le suceda.
Pero la idea de los fondos de capital está ganando terreno. El gran avance de 2018 fue el creciente apoyo a los impuestos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. La comunidad científica mundial coincide unánimemente en que el cambio climático es una amenaza gigantesca para la humanidad y la naturaleza, y que se requiere una acción radical para afrontarlo. Entre otras medidas, eso exige impuestos o gravámenes elevados sobre el C02. Hay dos problemas: los impuestos son impopulares y el impuesto sobre el carbono es regresivo.
En 2018, Canadá se propuso afrontar ambos problemas combinando un impuesto sobre el carbono con la promesa de dividendos que se pagarían a todos, en virtud de la Ley de Fijación de Precios de la Contaminación por Gases de Efecto Invernadero, a partir de 2019. El impuesto sobre el carbono es demasiado modesto para reducir sustancialmente las emisiones, pero la ley ha establecido un principio, aunque la industria petrolera lo impugna y, como cabía esperar, el primer ministro de Ontario, de tendencia derechista, Doug Ford, lo ha calificado de «el peor impuesto de todos los tiempos».
El nuevo impuesto incrementará el precio de la gasolina en 42 centavos de dólar por galón (11 centavos por litro), es decir, un 8%. Pero, con inteligencia, la ley pretende ser neutra en cuanto a ingresos, de modo que todos los ingresos se devuelvan a las provincias de las que proceden, y que el 90% se entregue a las personas físicas en forma de reembolsos, destinándose el 10% restante a organizaciones afectadas por el impuesto, como escuelas y hospitales. Los reembolsos supondrán que alrededor del 70% de los hogares canadienses recibirán más de lo que pagan en impuestos. Esto es, en todo menos en el nombre y en la certeza de la cuantía, una renta básica, y además es progresivo.
En noviembre de 2018, un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó un proyecto de ley similar a la reforma canadiense, que propone gravar las emisiones y redistribuir los ingresos en forma de dividendos. Estará condenado mientras los compañeros negacionistas del cambio climático de Donald Trump controlen el Senado. Pero también ofrece una vía prometedora para financiar un sistema de renta básica. Un plan similar ha sido promovido por antiguos funcionarios gubernamentales respaldados por grandes empresas como AT&T, P&G, Johnson & Johnson, GM y PepsiCo, y con respaldo financiero de ExxonMobil.
Así, en América del Norte se está abriendo paso la idea de que pueden obtenerse ingresos de los usos comerciales de los bienes comunes, o recursos naturales, y de las deducciones comerciales de los bienes comunes en forma de contaminación. Los observadores deberían tener en cuenta propuestas afines. En Chicago, el innovador concejal Ameya Pawar planteó un plan para ‘public-tize’ el sistema de agua de Chicago, entregando participaciones a todos los residentes de la ciudad y pagándoles dividendos que serían una especie de renta básica. Según él, dado que Chicago dispone de abundante agua dulce, debería considerarse un recurso público, del mismo modo que el petróleo se trata en Alaska.
Por último, el debate estadounidense se ha intensificado con la propuesta de la recién elegida representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, respaldada por al menos 40 miembros del Congreso, de un Nuevo Pacto Verde, que incluye una renta básica mensual. Sin duda el pacto resultará polémico en su forma original. Pero desde luego apunta en la dirección necesaria.
Europa
Mientras las propuestas burbujeaban en América del Norte, los debates europeos cobraron mayor protagonismo, y más políticos y partidos políticos se manifestaron a favor. Aunque el economista estadounidense Joseph Stiglitz ha descartado la renta básica en el Reino Unido, afirmando que «es una evasiva. No creo que sea lo que la gente quiere», existen pruebas en sentido contrario. Una encuesta de Populus en Gran Bretaña reveló que el 41% apoyaba la renta básica, y solo el 17% estaba en contra, mientras que el resto afirmó no saberlo. Una encuesta paneuropea que abarca 23 países reveló un fuerte apoyo público en todo el continente.
El desarrollo más llamativo se produjo en Italia, lo que dejó a los defensores de la renta básica con sentimientos encontrados. El partido populista Movimiento Cinque Stelle hizo campaña en las elecciones generales con un programa que incluía lo que denominaba renta básica, que resultó notablemente atractivo en el sur de Italia, y que la mayoría de los analistas han descrito como la principal razón de su éxito al convertirse en el partido más numeroso del parlamento y, ahora, formar parte del gobierno. Lo que ofrece el M5S no es en realidad una renta básica, pero el hecho de que resultara tan popular fue una prueba más de que algunos de sus críticos están desconectados de la realidad.
Los programas piloto se han extendido. En 2017 hubo una difusión mundial de lo que se presentó como un programa piloto gubernamental de renta básica en Finlandia. A mediados de 2018, la BBC y el diario The Guardian informaron casi con regocijo de que se había puesto fin al programa de forma prematura. Esto se difundió en los medios de todo el mundo y se repitió en blogs de redes sociales. La información era errónea. La intención original, anunciada antes del inicio del programa piloto en 2017, era que durara dos años, hasta finales de diciembre de 2018. Esto es exactamente lo que ocurrió.
Los periodistas habían malinterpretado una declaración de un nuevo ministro de Finanzas, de derechas, según la cual el programa no se prorrogaría porque se oponía a él. El gobierno avanzó hacia un régimen de workfare, que exigía a todos los desempleados asistir a entrevistas trimestrales, y aumentó el periodo de espera para recibir las prestaciones por desempleo y la duración del derecho a ellas. Se imponía un enfoque utilitarista, en el que se estaba implantando un régimen más punitivo, más cercano al sistema Universal Credit del Reino Unido, lo que provocó que miles de personas perdieran el derecho a la asistencia social. Pero esto no tuvo nada que ver con lo que sucedía en el programa piloto de renta básica.
El programa piloto finlandés no pone a prueba una renta básica completa, sino que comprueba características compatibles con ella. Proporcionó 560 € al mes a 2.000 desempleados inscritos seleccionados al azar en todo el país, flexibilizando la norma según la cual debían demostrar que buscan empleo y permitiéndoles conservar la prestación si encontraban uno. Los primeros informes de la evaluación realizada por KELA, la organización oficial de seguridad social, son alentadores. Se publicará un informe en 2019.
En noviembre de 2018, el partido de la oposición, la Alianza de Izquierdas, anunció que su programa electoral para las elecciones generales previstas para 2019 incluiría el compromiso de una renta básica de 800 € al mes, suprimiendo gradualmente la asistencia social sujeta a comprobación de recursos, pero manteniendo sin cambios la ayuda para la vivienda. La renta básica se recuperaría mediante impuestos a las personas de altos ingresos, y se introduciría de forma gradual mediante la consolidación de diversas prestaciones de la seguridad social.
En los Países Bajos, programas piloto parciales de renta básica estaban en marcha en Groninga, Tilburg, Utrecht y Wageningen. Los experimentos se derivan de una ley de 2015 que permitió a las administraciones locales experimentar con políticas sociales. Inicialmente, los programas se asemejaban más al workfare, pero las administraciones locales han encontrado formas de acercarlos a una renta básica, aunque sufren por estar limitados a los beneficiarios de asistencia social y por ofrecerse solo a personas seleccionadas al azar, no a comunidades enteras. Como en Finlandia, se describen mejor como «experimentos de confianza», para ver cómo responde la gente cuando no está sujeta a condicionalidad de comportamiento.
Otro experimento está en marcha en Barcelona, con el nombre de B-Mincome, que se viene desarrollando desde octubre de 2017 y está previsto que dure hasta finales de 2019. De nuevo, sus promotores lo consideran una renta básica, pero el dinero se entrega por unidad familiar, no individualmente. Se proporciona a 1.000 familias participantes, con 500 más como grupo de control. Cuando se puso en marcha, se afirmó que la intención principal era «analizar la forma más eficaz de reducir la desigualdad y romper el ciclo de la pobreza».
En Suiza, una iniciativa de un cineasta suizo para poner en marcha un programa piloto en Rheinau, una localidad del cantón de Zúrich, despertó mucha atención. La idea era incentivar a 650 residentes para que se ofrecieran voluntariamente como beneficiarios, de una población de la localidad de aproximadamente el doble, y financiar mediante crowdfunding una renta básica considerable durante un año, variando la cuantía según el grupo de edad.
Quienes ganaran más de 2.500 francos suizos tendrían que devolverla a medida que aumentaran sus ingresos. Al igual que ocurrió con el referéndum suizo anterior, la iniciativa adolecía de fijar la renta básica en un nivel elevado, de hasta 2.500 francos suizos para los mayores de 25 años. A finales de año, la financiación colectiva no alcanzó la cantidad prevista. Sin embargo, los observadores coinciden en que la iniciativa atrajo mucho apoyo público en la zona.
En Alemania, un programa piloto de renta básica, denominado de forma provocadora HartzPlus, comenzará en mayo de 2019 en Berlín, con una muestra aleatoria de 250 beneficiarios de prestaciones públicas y otros 250 como grupo de control, centrándose en evaluar el impacto en el comportamiento en el mercado laboral, la salud y las relaciones sociales. Tendrá una duración de tres años y sigue a los esquemas de financiación colectiva que han resultado populares en Alemania, en particular Mein Grundeinkommen (Mi Renta Básica), que ha celebrado un sorteo cuyos ganadores obtienen una renta básica mensual de 1.000 € durante un año. Mientras tanto, el director general de la Asociación Alemana de Municipios y Ciudades (DStGB), lamentando el Estado de bienestar burocráticamente sobrecargado y el aumento de la pobreza, se pronunció a favor de la renta básica.
En el Reino Unido, se puso en marcha una iniciativa en Escocia, donde cuatro zonas (Fife, Edimburgo, Glasgow y North Ayrshire) comenzaron a preparar planes de viabilidad y diseño, con el apoyo de una subvención de 250.000 libras esterlinas del gobierno escocés, y respaldada por un grupo transpartidista de diputados del parlamento escocés. El Partido Verde también se ha pronunciado con firmeza a favor de una renta básica, y a mediados de 2018 el canciller de la Hacienda en la sombra se comprometió a que el Partido Laborista propusiera programas piloto en su próximo programa electoral, y encargó un informe (a cargo de este autor) sobre por qué y cómo deberían llevarse a cabo.
En suma, el debate sobre la renta básica se ha integrado en la corriente principal de la elaboración de políticas europeas, probablemente impulsado por la preocupación por los ocho gigantes analizados en el artículo complementario de este informe de progreso. Entre las conclusiones relevantes que se consolidaron el año pasado a ambos lados del Atlántico figura que una proporción grande y creciente de quienes viven en pobreza de ingresos pertenece a hogares en los que al menos una persona tiene empleo: el 80% en el caso de Estados Unidos y el 60% en el Reino Unido, por ejemplo. Pero el elevado endeudamiento privado, la inseguridad, la desigualdad, la precariedad, la preocupación por el avance de los robots y los temores ante el populismo están sin duda detrás del creciente interés.
La renta básica en otros lugares
Hacia finales de año, en los medios indios hubo mucho revuelo en torno a informaciones según las cuales el primer ministro Modi podría incluir un compromiso con la renta básica en el programa electoral del BJP para las elecciones generales de abril de 2019. Algunos diputados se han manifestado a favor y, en varios estados, se han elaborado planes locales. Estas iniciativas derivan en parte de los programas piloto exitosos realizados en Delhi Occidental y Madhya Pradesh, y de un capítulo muy citado del informe anual del ministro de Finanzas de enero de 2017. Hoy se acepta ampliamente que algún tipo de renta básica para la India es financieramente viable.
En otros países asiáticos ha habido movimientos políticos. Así, el jefe del Consejo de Personalidades Eminentes del primer ministro de Malasia propuso que el sistema de subsidios BR1M, enormemente costoso, fuera sustituido por un fondo nacional del que se pagarían dividendos en forma de rentas básicas mensuales. En China se creó una red nacional para promover la renta básica, que ha destacado el éxito de un programa de renta básica en Huaidi, en Shijiazhuang. Y en Corea del Sur, el programa de «dividendo juvenil» puesto en marcha por el alcalde de la ciudad de Seongnam ganó una popularidad considerable e interés político en todo el país.
El mayor programa piloto se puso en marcha en Kenia, donde GiveDirectly lanzó su programa insignia. Está previsto que dure 12 años, con 21.000 adultos, y pagos mensuales equivalentes a alrededor de la mitad del ingreso medio de los hogares de bajos ingresos. Este programa, evidentemente ambicioso, despierta gran interés. Sin embargo, pasarán años antes de que estén disponibles las evaluaciones de su impacto, y conviene preocuparse por la fatiga investigadora. Lo que ha hecho es impulsar el interés por la renta básica entre los responsables políticos de todo el mundo.
Además de la súbita conversión del Banco Mundial, revelada en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018, diversos documentos del FMI han recomendado la renta básica, invirtiendo de nuevo posiciones anteriores del FMI. Y las revisiones del Banco Mundial de las pruebas procedentes de países en desarrollo han refutado (de nuevo) los argumentos de que las transferencias monetarias conducen a un mayor gasto en males privados, más dependencia y menos trabajo, y efectos comunitarios negativos, siendo además fiscalmente insostenibles. Si esos organismos financieros no se hubieran opuesto a quienes llevamos muchos años defendiendo la renta básica, quizá estaríamos hoy más avanzados de lo que estamos. Pero sería mezquino no desearles éxito en su labor de promoción en el año que viene.
Vender la renta básica
Durante 2018, el debate sobre el coste probable de una renta básica se volvió más informado. Por ejemplo, un estudio estimó que un impuesto del 2% sobre la riqueza financiera sería suficiente para financiar una renta básica anual de 12.000 dólares para cada hogar estadounidense. Estudios en el Reino Unido sugirieron que, sustituyendo muchas prestaciones existentes y aumentando el tipo del impuesto sobre la renta en un 3%, podría costearse una renta básica digna. Otros calcularon que podría financiarse con gravámenes sobre la riqueza, el valor del suelo y las incursiones en los bienes comunes.
Durante el año se reconoció cada vez más que las generosas exenciones fiscales personales en Estados Unidos, y las cada vez más generosas deducciones personales en el Reino Unido, son una forma perversa de renta básica: un «programa de apoyo a la renta al revés: los ricos reciben más que la clase media, y la clase media más que los pobres», como señaló un comentarista estadounidense. Esto es así en la medida en que cuestan tanto en ingresos públicos como lo haría una renta básica modesta, pero son regresivas, ya que la ganancia en ingresos libres de impuestos es mayor para los contribuyentes de ingresos más altos, y mayor para quienes tienen ingresos suficientes para pagar impuestos que para quienes no tienen ninguno.
Lo que debe investigarse más en el año venidero son los efectos de retroalimentación y los efectos multiplicadores. Se ha demostrado que las rentas básicas impulsan el trabajo, la productividad y los ingresos, lo que genera ingresos fiscales y reduce los costes sociales. Pero ¿qué tan grandes son esos efectos? Todos los modelos de simulación y las estimaciones de costes realizadas hasta ahora han ignorado los efectos de retroalimentación. Por ejemplo, existen abundantes pruebas de que la seguridad que proporciona una renta básica mejora la salud mental y física, lo que reduce el gasto en servicios sanitarios, aumenta la productividad y reduce la pobreza. Por tanto, el coste neto de una renta básica sería inferior a su coste presupuestario simple. Sin embargo, no disponemos de buenas estimaciones del ahorro que resultaría.
Mi conclusión de este análisis es que más avances se lograrán centrándose en la creación de fondos de capital permanentes, a partir de los cuales pueden pagarse dividendos en forma de renta básica, que aumentarían gradualmente a medida que crece el fondo. Una característica de vincular la renta básica a activos o bienes comunes es que las personas pueden ver una conexión entre ambos y es menos probable que la perciban como una simple dádiva. Quizá el secreto no esté en la idea, sino en el enfoque.
