El crecimiento económico mundial se está recuperando con más fuerza de la prevista. Es probable que se acelere hasta alcanzar el 4% en 2018, frente al 3,2% de 2016. Son buenas noticias en muchos sentidos, pero ¿podemos esperar que este mayor crecimiento alivie la frustración por el aumento de la desigualdad y la inseguridad económica que ha sacudido a los estamentos políticos de muchos países?
Ese ha sido el supuesto implícito tras el «modelo de crecimiento» estándar de las últimas décadas: que una marea creciente del PIB, impulsada especialmente por reformas del lado de la oferta y mayores incentivos a la inversión de capital privado y a la producción orientada a la exportación, acabaría elevando todos los barcos.
Sin embargo, los recientes acontecimientos políticos en todo el mundo sugieren que, en muchos países, la mayoría de la ciudadanía no confía en ello. Y desde la crisis financiera, los líderes políticos han expresado un escepticismo similar y han pedido repetidamente, en comunicados del G20 y declaraciones de la ONU, iniciativas nuevas y más deliberadas para hacer que el crecimiento económico sea más inclusivo socialmente.
Pese a este nuevo consenso en que la política económica debe dar mucha más prioridad al progreso socioeconómico generalizado, las estadísticas de crecimiento del PIB siguen siendo el principal medio con que los gobiernos siguen el desempeño económico nacional y los medios lo comunican. Como lo que se mide tiende a gestionarse, la primacía de las estadísticas del PIB suele reforzar el desequilibrio en la atención y los recursos destinados a las políticas de estabilidad macroeconómica y financiera, que influyen en el nivel general de actividad económica; en comparación con la solidez y la equidad de las instituciones y los incentivos de política en ámbitos estructurales como el desarrollo de competencias, los mercados laborales, la competencia, la gobernanza de los inversores y las empresas, la protección social, la infraestructura y los servicios básicos, que desempeñan un papel importante en la configuración del patrón de la actividad económica y, en particular, de la amplitud de la participación social en el proceso y los beneficios del crecimiento.
Esta es, sin duda, parte de la razón por la que el consenso en torno al crecimiento inclusivo aún no ha pasado de la aspiración colectiva a la acción concertada, ni se ha traducido en un cambio del modelo estándar que sustenta la mentalidad de la mayoría de los responsables de la política económica y las prioridades que establecen.
Esta semana, en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, la Iniciativa del Foro para Configurar el Futuro del Progreso Económico publica una medida más amplia del desempeño económico nacional: el Índice de Desarrollo Inclusivo (IDI). El IDI parte de la idea de que la mayoría de la ciudadanía evalúa el progreso económico de sus países no por la cantidad de bienes y servicios que produce su economía (PIB), sino por el nivel de vida de sus hogares: un fenómeno multidimensional que abarca los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad económica y la calidad de vida.
El crecimiento del PIB se entiende mejor como una medida de primer nivel del desempeño económico nacional: es un medio —aunque de vital importancia— para alcanzar la medida social definitiva del éxito: un progreso generalizado del nivel de vida. Por tanto, tanto los responsables de la política económica como la ciudadanía se beneficiarían de una métrica alternativa, o al menos complementaria, de resultado final que mida el nivel y el ritmo de mejora del progreso socioeconómico compartido.
El IDI ofrece este balance de resultados para 103 países. Se basa en un tablero más amplio de 12 indicadores en tres ámbitos: crecimiento y desarrollo; inclusión; y equidad intergeneracional y sostenibilidad.
Los datos comparativos del Índice aportan pruebas contundentes de que no basta con confiar en que un crecimiento relativamente sólido del PIB genere por sí solo un progreso socioeconómico inclusivo y un nivel de vida mediano creciente. El crecimiento del PIB per cápita presenta una correlación bastante débil con los resultados en tres cuartas partes de los indicadores del IDI, incluidos los relativos al empleo, la desigualdad de ingresos, la desigualdad de riqueza, los ingresos medianos de los hogares, el endeudamiento público y la intensidad de carbono.
Esta conclusión resulta aún más clara al considerar las tendencias del IDI durante los últimos cinco años. Todos los países avanzados, salvo tres, han visto crecer su PIB en este periodo, pero solo 10 de 29 han registrado avances claros en el pilar de Inclusión del IDI. La mayoría, 16 de 29, ha experimentado un deterioro de la Inclusión, y los tres restantes se han mantenido estables. Este patrón se repite en la relación entre el desempeño del crecimiento del PIB y el pilar de Equidad intergeneracional y sostenibilidad del Índice, y se observa incluso en el grupo de países con el crecimiento más sólido.
Los datos de los países en desarrollo muestran una desconexión similar entre el crecimiento del PIB y la Inclusión. De los 30 países situados en los dos quintiles superiores en cuanto al desempeño del crecimiento del PIB durante los últimos cinco años, solo 6 obtuvieron resultados igual de buenos en la mayoría de los indicadores de Inclusión; 13 no superaron un nivel mediocre y 11 registraron resultados claramente deficientes.
El crecimiento del PIB es una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr el progreso generalizado del nivel de vida con el que la ciudadanía acaba juzgando el éxito económico de sus países. Conviene tener presente este mensaje ahora que el crecimiento económico mundial por fin está repuntando hasta alcanzar un nivel más sólido. Los líderes políticos y empresariales no deberían esperar que un mayor crecimiento sea una panacea para las frustraciones sociales que han agitado la política de muchos países en los últimos años.
Más bien, se necesita un nuevo modelo de crecimiento que sitúe a las personas y su nivel de vida en el centro de la política económica nacional y de la integración económica internacional. De hecho, muchos países tienen un potencial considerable sin aprovechar para aumentar simultáneamente el crecimiento económico y la inclusión social. Sin embargo, para activar más plenamente el círculo virtuoso del crecimiento inclusivo, deberán:
Replantear la reforma económica estructural como un esfuerzo por fortalecer el ecosistema de instituciones y políticas estructurales de una economía, que desempeñan un papel importante tanto en el impulso del progreso generalizado del nivel de vida como en la generación de un mayor crecimiento; y
Adoptar una métrica más amplia del éxito económico nacional que se ajuste mejor a la medida definitiva del progreso económico de la sociedad y ofrezca incentivos para que los responsables de la política económica alcancen sus objetivos: una mejora amplia y sostenida del nivel de vida.
En realidad, el sistema implícito de distribución de los ingresos de muchos países tiene un desempeño muy deficiente o está relativamente poco desarrollado, pero esto se debe a la falta de atención e inversión en ámbitos clave de las políticas, no a una ley de hierro del capitalismo. La desigualdad es, en gran medida, un desafío endógeno y no exógeno para quienes formulan las políticas. Debe reconocerse, priorizarse y medirse como tal para mantener la confianza pública en la capacidad del progreso tecnológico y de la integración económica internacional de respaldar la mejora del nivel de vida de todos.
