El impasse chino-estadounidense tiene su raíz en el “hiperglobalismo”, según el cual los países deben abrir sus economías a las empresas extranjeras, sin importar las consecuencias para sus estrategias de crecimiento o sus modelos sociales. Pero un régimen comercial mundial que no puede acomodar a la mayor economía comercial del mundo es un régimen que necesita con urgencia ser reparado.
El mundo necesita con urgencia un plan para la “coexistencia pacífica” entre Estados Unidos y China. Ambas partes deben aceptar el derecho de la otra a desarrollarse según sus propias condiciones. Estados Unidos no debe intentar remodelar la economía china a imagen de su economía de mercado capitalista, y China debe reconocer las preocupaciones de Estados Unidos sobre el empleo y las fugas tecnológicas, y aceptar las limitaciones ocasionales de acceso a los mercados estadounidenses que estas preocupaciones implican.
El término “coexistencia pacífica” evoca la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El líder soviético Nikita Jrushchov comprendió que la doctrina comunista del conflicto eterno entre sistemas socialistas y capitalistas había dejado de ser útil. Estados Unidos y otros países occidentales no estaban maduros para revoluciones comunistas en un futuro próximo, y era improbable que desalojaran a los regímenes comunistas del bloque soviético. Los regímenes comunistas y capitalistas tenían que convivir.
La coexistencia pacífica durante la Guerra Fría quizá no fue bonita; hubo mucha fricción, con cada bando patrocinando su propio conjunto de intermediarios en una lucha por la influencia global. Pero tuvo éxito al evitar un conflicto militar directo entre dos superpotencias armadas hasta los dientes con armas nucleares. Del mismo modo, una coexistencia pacífica económica entre Estados Unidos y China es la única forma de evitar costosas guerras comerciales entre los dos gigantes económicos del mundo.
El impasse actual entre Estados Unidos y China tiene su raíz en el paradigma económico erróneo que he denominado “hiperglobalismo”, según el cual los países deben abrir sus economías a las empresas extranjeras de forma máxima, sin importar las consecuencias para sus estrategias de crecimiento o sus modelos sociales. Esto exige que los modelos económicos nacionales —las normas internas que rigen los mercados— converjan considerablemente. Sin tal convergencia, las regulaciones y normas nacionales parecerán obstaculizar el acceso al mercado. Se tratan como “barreras comerciales no arancelarias” en el lenguaje de los economistas y juristas especializados en comercio.
Así, la principal queja de Estados Unidos contra China es que las políticas industriales chinas dificultan que las empresas estadounidenses hagan negocios allí. Los subsidios de crédito mantienen a flote a las empresas estatales y les permiten sobreproducir. Las normas de propiedad intelectual facilitan que los derechos de autor y las patentes sean anulados y que los competidores copien nuevas tecnologías. Los requisitos de transferencia de tecnología obligan a los inversores extranjeros a formar empresas conjuntas con empresas nacionales. Las regulaciones restrictivas impiden que las firmas financieras estadounidenses atiendan a clientes chinos. El presidente Donald Trump parece dispuesto a cumplir su amenaza de imponer aranceles punitivos adicionales por valor de 200.000 millones de dólares a las exportaciones chinas si China no cede a las exigencias de Estados Unidos en estos ámbitos.
Por su parte, China tiene poca paciencia con los argumentos de que sus exportaciones han provocado sacudidas significativas en los mercados laborales estadounidenses o de que algunas de sus empresas roban secretos tecnológicos. Le gustaría que Estados Unidos siguiera abierto a las exportaciones e inversiones chinas. Sin embargo, la apertura de China al comercio mundial fue cuidadosamente gestionada y secuenciada, para evitar efectos adversos sobre el empleo y el progreso tecnológico.
La coexistencia pacífica exigiría que Estados Unidos y China se concedieran mutuamente un mayor margen de política, con la integración económica internacional cediendo prioridad a los objetivos económicos y sociales internos en ambos países (así como en otros). China tendría plena libertad para aplicar sus políticas industriales y regulaciones financieras, con el fin de construir una economía de mercado con características chinas distintivas. Estados Unidos podría proteger libremente sus mercados laborales frente al dumping social y ejercer una mayor supervisión sobre las inversiones chinas que amenacen objetivos tecnológicos o de seguridad nacional.
La objeción de que un enfoque así abriría las compuertas del proteccionismo y paralizaría el comercio mundial se basa en un malentendido sobre qué impulsa las políticas comerciales abiertas. Como indica el principio de la ventaja comparativa, los países comercian porque les conviene. Cuando adoptan políticas que restringen el comercio, lo hacen porque obtienen beneficios compensatorios en otros ámbitos o por fallos políticos internos (por ejemplo, la incapacidad de compensar a los perdedores).
En el primer caso, un comercio más libre no está justificado, porque dejaría a la sociedad en peor situación. En el segundo, un comercio más libre puede estar justificado, pero solo en la medida en que se aborde el fallo político (y se proporcione compensación). Los acuerdos internacionales y los socios comerciales no pueden distinguir de forma fiable entre estos dos casos. E incluso si pudieran, no está claro que puedan ofrecer el remedio adecuado (permitir la compensación, siguiendo con el ejemplo) o evitar problemas políticos adicionales (captura por parte de otros intereses especiales, como los grandes bancos o las empresas multinacionales).
Consideremos a China desde esta perspectiva. Muchos analistas creen que las políticas industriales chinas han desempeñado un papel clave en su transformación en una potencia económica. Si es así, no convendría ni a los intereses de China ni a los de la economía mundial restringir tales prácticas. Alternativamente, podría ocurrir que estas políticas sean económicamente perjudiciales en su conjunto, como han sostenido otros. Incluso en ese caso, sin embargo, la mayor parte de los costes la soportan los propios chinos. En cualquier caso, tiene poco sentido facultar a los negociadores comerciales —y a los intereses especiales que se esconden tras ellos— para resolver cuestiones fundamentales de política económica sobre las que existe poco acuerdo incluso entre los economistas.
Quienes temen la pendiente resbaladiza del proteccionismo deberían tomar nota de la experiencia bajo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, anterior a la creación de la Organización Mundial del Comercio. Con el régimen del GATT, los países gozaban de mucha más libertad para perseguir sus propias estrategias económicas. Las normas comerciales eran a la vez más débiles y menos abarcadoras. Sin embargo, el comercio mundial creció (en relación con la producción global) a un ritmo más rápido en las tres décadas y media posteriores a la Segunda Guerra Mundial que bajo el régimen hiperglobalista posterior a 1990. Del mismo modo, se puede argumentar de forma convincente que, gracias a sus políticas de crecimiento heterodoxas, China es hoy un mercado mayor para los exportadores e inversores extranjeros de lo que habría sido si se hubiera atenido a políticas conformes con la OMC.
Por último, algunos dirán que estas consideraciones son irrelevantes, porque China se ha adherido a la OMC y debe cumplir sus normas. Pero la entrada de China en la OMC se basó en la idea de que se había convertido, o se convertiría pronto, en una economía de mercado de estilo occidental. Esto no ha ocurrido, y no hay buenas razones para esperar que ocurra (o que deba ocurrir). Un error no se corrige agravándolo. Un régimen comercial mundial que no puede acomodar a la mayor economía comercial del mundo —China— es un régimen que necesita con urgencia ser reparado.
