Esta semana, Adís Abeba, capital de Etiopía y ciudad de enorme importancia simbólica para toda África, acogerá la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. La mayoría de los países en desarrollo depositan grandes expectativas en la conferencia. Esperan que ofrezca nuevos medios para mejorar el bienestar social en un momento en que financiar sus necesidades de desarrollo se ha vuelto cada vez más difícil.
Para la mayoría de los países africanos, el desafío clave en la actualidad es la transformación económica estructural. Dicho de forma sencilla, nuestras economías deben ser capaces de crear suficientes empleos de calidad para dar trabajo a poblaciones en crecimiento. África alberga a mil millones de personas, el 74 % de las cuales son menores de 24 años, y el 61,3 % son mujeres. Las Naciones Unidas prevén que, de aquí a 2040, dentro de apenas una generación, la población total de África superará los dos mil millones: el 70,1 % tendrá menos de 25 años y las mujeres representarán el 57,7 %.
Estos hombres y mujeres jóvenes necesitan –y demandan cada vez con más fuerza– educación y empleos de alta calidad. Por ello, los gobiernos africanos deben aprovechar esta oportunidad para abogar por una mayor financiación del desarrollo sostenible, sobre la base de la movilización de unos ingresos nacionales más significativos.
La buena noticia es que en este frente se han registrado avances reales. Tanto a nivel nacional como regional, los responsables políticos prestan mayor atención a la movilización de recursos internos como medio para potenciar la eficacia de la asistencia externa. En este contexto, fortalecer la capacidad administrativa de nuestros países es fundamental, ya que nos permitirá aprovechar al máximo la asistencia financiera y técnica que prestan las instituciones bilaterales y multilaterales.
Sin embargo, lo cierto es que, además de los recursos financieros nacionales, será necesario movilizar recursos externos para cubrir las necesidades de financiación adicionales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el marco mundial de 15 años que la ONU adoptará en septiembre. En efecto, dadas las limitaciones de la capacidad de la mayoría de los países africanos para atraer financiación privada, es fundamental que la comunidad internacional aumente la ayuda oficial al desarrollo (AOD) si se quieren alcanzar los ODS.
Por eso debemos alentar a instituciones multilaterales como el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a seguir mejorando el acceso de los países africanos a sus recursos concesionales y no concesionales. También deberían apoyar nuestros esfuerzos por reajustar los marcos existentes para movilizar la AOD y garantizar un acceso más oportuno y previsible a la financiación externa, siguiendo las líneas establecidas por la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, que especifica directrices para supervisar y medir el uso de la asistencia financiera de los donantes.
En este sentido, la conferencia de Adís Abeba se celebra en un momento oportuno, ya que coincide con los esfuerzos por revisar las normas del sistema fiscal internacional. Unos 14 países, entre ellos Senegal, participan en la aplicación del Proyecto de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS), que busca aumentar la transparencia de los regímenes fiscales. Pero reconocemos que debemos ir más allá de BEPS y abordar cuestiones más amplias relacionadas con los incentivos fiscales, de elevado coste fiscal, presentes en los códigos de inversión, minería e hidrocarburos. Estos incentivos a menudo privan a nuestros gobiernos de recursos que podrían destinarse a financiar proyectos de desarrollo esenciales.
La reunión de Adís Abeba también ofrece una oportunidad única para analizar en profundidad las cuestiones relacionadas con las actividades financieras ilícitas – otra gran sangría para las arcas africanas. En efecto, se estima que las pérdidas de ingresos provocadas por dichas actividades cuestan a los países africanos entre 30 000 y 60 000 millones de dólares al año, una cifra que se sitúa en torno al total de la AOD recibida por África (46 100 millones de dólares en 2012).
Por desgracia, el problema se ha agravado en los últimos años. Por eso celebro la Asociación EE. UU.-África para Combatir las Finanzas Ilícitas, que tiene como objetivo promover la transparencia en la gestión financiera pública, combatir la corrupción, fortalecer los poderes judiciales y el Estado de derecho, y garantizar una mayor rendición de cuentas ante los agentes de la sociedad civil y del sector privado. La primera reunión de la Asociación se celebró en Dakar el 25 de junio, con la intención de establecer un grupo de trabajo integrado por varios países africanos y observadores de organizaciones como el BAfD, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE.
Lograr una mayor transparencia en la administración pública requerirá la aplicación sostenida de proyectos, como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la Construction Sector Transparency Initiative, y otros, que pongan el foco sobre el comportamiento de los gobiernos y los inversores. Del mismo modo, la revisión de los códigos de minería e hidrocarburos, cuando proceda, podría contribuir a mejorar la transparencia y a garantizar acuerdos de reparto de ingresos más equitativos entre los inversores y los países en los que operan.
La conferencia de esta semana en Adís Abeba debería sentar las bases para una financiación externa más eficaz del desarrollo sostenible durante el periodo de los ODS. Pero la calidad de lo que se construya sobre esa base dependerá del compromiso y la movilización de todos los actores, en particular los de África.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no supone el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Macky Sall es presidente de Senegal.
Imagen: Vista general de parte de la capital, Adís Abeba, de noche, Etiopía. REUTERS/Siegfried Modola
