Establecida por el Tratado de Roma en 1957, la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea es un derecho fundamental que disfrutan todos los ciudadanos de la UE. Constituye un principio fundamental en el que se sustenta la idea de una Europa próspera, pacífica e integrada.
Aun así, históricamente los europeos han ejercido su derecho a circular libremente por la UE mucho menos de lo previsto, debido a barreras lingüísticas y culturales que han mantenido a muchos europeos ligados a sus mercados laborales nacionales.
Sin embargo, la crisis actual puede estar cambiando la perspectiva de los europeos sobre la libre circulación. El año pasado, la migración de Grecia a Alemania aumentó un 90%. Sin sorpresa, los jóvenes españoles también están abandonando su tasa de desempleo nacional del 50% en busca de mercados en crecimiento en otros países de la UE que aún pueden absorber nuevos trabajadores.
En consecuencia, muchos gobiernos nacionales que luchan contra el elevado desempleo interno y contra electorados airados, agravado por el temor a flujos migratorios incontrolados previstos que podrían derivarse de un colapso catastrófico del euro, están poniendo en cuestión esa libertad básica. El Reino Unido, por ejemplo, se ha pronunciado en voz alta sobre estas cuestiones y ha amenazado con restringir unilateralmente la libre circulación de personas como parte de su intento de negociar un «nuevo acuerdo» con la UE.
Lamentablemente, esta reacción no se sustenta en los hechos. La evidencia empírica sugiere que el temor a que los trabajadores extranjeros desplacen a los nacionales está mal fundado. Los trabajadores migrantes rara vez desplazan a la fuerza laboral nacional. Por el contrario, contribuyen de forma sustancial a las economías nacionales mediante la mano de obra que aportan, los impuestos que pagan y los servicios que consumen.
El proteccionismo del mercado laboral no sacará a Europa de la crisis actual, pero sin duda generará mayores problemas económicos en el futuro. Los Estados miembros europeos, cada vez más envejecidos, se enfrentarán en las próximas décadas a una escasez de mano de obra de enormes proporciones. Muy pronto, las naciones europeas competirán por nuevos migrantes, intentando atraer trabajadores de todos los niveles desde Europa y más allá.
Por ello, adoptar una actitud nacionalista hacia el mercado laboral es una respuesta peligrosa y miope a la crisis actual. Erosionar los cimientos de la movilidad laboral dentro de Europa retrasaría aún más a la UE en la satisfacción de una necesidad crítica: impulsar el crecimiento y garantizar la prosperidad económica a largo plazo.
Más allá del importante beneficio económico, la libre circulación también allana el camino hacia una identidad europea común. En última instancia, el mero intercambio de bienes a través de las fronteras y la integración de las políticas fiscales no sentarán las bases necesarias para una unión política más estrecha.
El derecho fundamental de los ciudadanos europeos a desplazarse, trabajar y construir su vida en otros Estados miembros, incluido el establecimiento de familias y el cultivo de amistades, fomenta un verdadero sentido de ciudadanía europea común. Si los europeos empiezan hoy a cerrar sus fronteras a sus propios conciudadanos europeos, dentro de poco quedará poco del sentido de «lo europeo» que defender.
Autora: Anu Bradford es catedrática de Derecho en la Facultad de Derecho de Columbia y miembro del consejo de Sitra, el Fondo Finlandés para la Innovación. En 2010 fue reconocida como Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial.
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