El 12 de julio, la cumbre de los líderes de la eurozona dictó sus condiciones de rendición al primer ministro griego, Alexis Tsipras, quien, aterrorizado por las alternativas, las aceptó todas. Una de esas condiciones se refería al destino de los activos públicos que aún quedaban en Grecia.
Los líderes de la eurozona exigieron que los activos públicos griegos se transfirieran a un fondo similar a la Treuhand: un instrumento de venta a precio de saldo semejante al utilizado tras la caída del Muro de Berlín para privatizar rápidamente, con enormes pérdidas financieras y efectos devastadores sobre el empleo, todos los bienes públicos del desaparecido Estado de Alemania Oriental.
Esta Treuhand griega tendría su sede en —adivinen dónde— Luxemburgo, y estaría dirigida por una entidad supervisada por el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, autor del plan. Completaría las ventas a precio de saldo en un plazo de tres años. Sin embargo, mientras que la labor de la Treuhand original estuvo acompañada por una inversión masiva de Alemania Occidental en infraestructura y transferencias sociales a gran escala a la población de Alemania Oriental, el pueblo de Grecia no recibiría ningún beneficio equivalente de ningún tipo.
Euclid Tsakalotos, quien me sucedió como ministro de Finanzas de Grecia hace dos semanas, hizo todo lo posible por atenuar los peores aspectos del plan de la Treuhand griega. Logró que el fondo tuviera su sede en Atenas y obtuvo de los acreedores de Grecia (la llamada troika de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) la importante concesión de que las ventas pudieran extenderse hasta 30 años, en lugar de apenas tres. Esto era crucial, pues permitirá al Estado griego conservar activos infravalorados hasta que su precio se recupere de los mínimos actuales inducidos por la recesión.
Por desgracia, la Treuhand griega sigue siendo una abominación y debería ser un estigma para la conciencia de Europa. Peor aún, es una oportunidad desperdiciada.
El plan es políticamente tóxico porque el fondo, aunque tendrá su sede en Grecia, será gestionado en la práctica por la troika. También es financieramente nocivo, porque los ingresos se destinarán a pagar una deuda que incluso el FMI reconoce ahora como impagable. Y fracasa en términos económicos porque desperdicia una magnífica oportunidad de crear inversiones de origen nacional que ayuden a contrarrestar el impacto recesivo de la consolidación fiscal punitiva, que también forma parte de las «condiciones» de la cumbre del 12 de julio.
No tenía por qué ser así. El 19 de junio comuniqué al Gobierno alemán y a la troika una propuesta alternativa, como parte de un documento titulado «Poner fin a la crisis griega»:
«El Gobierno griego propone agrupar los activos públicos (excluidos los relacionados con la seguridad del país, los servicios públicos y el patrimonio cultural) en una sociedad de cartera central, separada de la administración gubernamental y gestionada como una entidad privada, bajo la égida del Parlamento griego, con el objetivo de maximizar el valor de sus activos subyacentes y crear un flujo de inversión de origen nacional. El Estado griego será el único accionista, pero no garantizará sus pasivos ni su deuda».
La sociedad de cartera desempeñaría un papel activo en preparar los activos para su venta. Emitiría «un bono plenamente garantizado en los mercados internacionales de capitales» para recaudar entre 30.000 y 40.000 millones de euros (32.000-43.000 millones de dólares), que, «teniendo en cuenta el valor actual de los activos», «se invertirían en modernizar y reestructurar los activos bajo su gestión».
El plan contemplaba un programa de inversión de 3-4 años, que daría lugar a «un gasto adicional del 5 % del PIB anual», y las condiciones macroeconómicas actuales implicarían «un multiplicador de crecimiento positivo superior a 1,5», lo cual «debería elevar el crecimiento del PIB nominal por encima del 5 % durante varios años». Esto, a su vez, induciría «aumentos proporcionales de los ingresos tributarios», «contribuyendo así a la sostenibilidad fiscal y permitiendo al Gobierno griego ejercer disciplina en el gasto sin seguir reduciendo la economía social».
En este escenario, el superávit primario (que excluye los pagos de intereses) «alcanzaría con el tiempo magnitudes de “velocidad de escape”, tanto en términos absolutos como porcentuales». Como resultado, se «concedería una licencia bancaria» a la sociedad de cartera en el plazo de uno o dos años, «convirtiéndola así en un banco de desarrollo de pleno derecho, capaz de atraer inversión privada a Grecia y de emprender proyectos de colaboración con el Banco Europeo de Inversiones».
El Banco de Desarrollo que propusimos «permitiría al Gobierno elegir qué activos privatizar y cuáles no, garantizando al mismo tiempo un mayor impacto de las privatizaciones seleccionadas en la reducción de la deuda». Al fin y al cabo, «el valor de los activos debería aumentar en una cantidad superior a la realmente gastada en modernización y reestructuración, con el apoyo de un programa de asociaciones público-privadas cuyo valor se incrementa en función de la probabilidad de una privatización futura».
Nuestra propuesta recibió un silencio ensordecedor. Más exactamente, el Eurogrupo de ministros de Finanzas de la eurozona y la troika siguieron filtrando a los medios de comunicación internacionales que las autoridades griegas no tenían propuestas creíbles e innovadoras que ofrecer: su estribillo habitual. Unos días después, cuando quienes ostentaban el poder se dieron cuenta de que el Gobierno griego estaba a punto de capitular por completo ante las exigencias de la troika, consideraron oportuno imponer a Grecia su modelo Treuhand humillante, carente de imaginación y pernicioso.
En un punto de inflexión de la historia europea, nuestra innovadora alternativa fue arrojada al cubo de la basura. Allí sigue, a la espera de que otros la rescaten.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, es profesor de Economía en la Universidad de Atenas.
Imagen: Una bandera de la Unión Europea (izquierda) ondea junto a una bandera griega en la fachada de la sede del Banco de Grecia en Atenas, el 14 de abril de 2015. REUTERS/Alkis Konstantinidis.
