La mayoría de los países ricos cuentan hoy con millones de «trabajadores pobres»: personas cuyos empleos no les permiten superar el umbral de pobreza y cuyos salarios, por tanto, deben ser subvencionados por el Estado. Estas subvenciones adoptan la forma de créditos fiscales.
La idea es muy antigua. Inglaterra puso en marcha su sistema «Speenhamland», una forma de asistencia pública no institucional destinada a compensar el aumento de los precios del pan, durante las guerras napoleónicas. En 1795, las autoridades de Speenhamland, una aldea de Berkshire, autorizaron una escala móvil de complementos salariales sujeta a comprobación de medios. Los complementos que recibían las familias variaban según el número de hijos y el precio del pan.
Pero el sistema fue criticado por permitir a los empleadores pagar salarios inferiores al mínimo de subsistencia, ya que el contribuyente compensaría la diferencia. En 1834, el sistema Speenhamland fue sustituido por la New Poor Law, que confinaba la ayuda a las casas de trabajo, en condiciones tan denigrantes que obligaban a las personas a volver al mercado laboral.
Después, en el siglo XX, el principio de Speenhamland fue revivido, y nada menos que por el liberal partidario del libre mercado Milton Friedman. En 1962, Friedman propuso un «impuesto negativo sobre la renta», mediante el cual las personas que ganaran por debajo de cierto umbral recibirían ingresos complementarios del gobierno, en lugar de pagarle impuestos. La idea era sacar a la gente del subsidio y devolverla al trabajo. Se implementó como el Earned Income Tax Credit en Estados Unidos y como el Working Families Tax Credit en el Reino Unido.
Al mismo tiempo, se han hecho esfuerzos por elevar el nivel de los ingresos del trabajo mediante la legislación sobre salario mínimo. Pero el salario mínimo nunca ha alcanzado el nivel mínimo fijado para un «ingreso digno» y, por tanto, no ha reducido de forma apreciable la factura de las subvenciones salariales.
En 2008, unas 5,5 millones de familias trabajadoras del Reino Unido recibían créditos fiscales, entre ellos los créditos laborales y por hijos, las prestaciones de vivienda y las ayudas fiscales locales. Las políticas de austeridad han reducido esta cifra a 4,3 millones. Dado que en 2012 había 11,4 millones de hogares con empleo en el Reino Unido, esto significa que un asombroso 38 % no percibía un «salario digno». O, dicho de otro modo: el salario de equilibrio del mercado no fue capaz de proporcionar un ingreso digno al 38 % de las familias trabajadoras. Estos son los «trabajadores pobres».
En su anuncio presupuestario del 8 de julio, el canciller del Exchequer, George Osborne, propuso recortar 12.000 millones de libras esterlinas (18.600 millones de dólares) del gasto en prestaciones sociales durante los cuatro años siguientes, como parte de su plan para reducir el déficit. De esta cantidad, 9.000 millones de libras procederán de recortes en las subvenciones fiscales a las familias trabajadoras.
Para compensar este recorte, Osborne propuso elevar el salario mínimo de 6,50 libras por hora a 9 libras por hora durante el mismo período. El aumento recaerá sobre los empleadores, no sobre las arcas públicas, por lo que la reducción de créditos y prestaciones supone una ganancia neta para el Tesoro de Su Majestad. Un análisis del Institute for Fiscal Studies ha concluido que, si bien el Tesoro ahorrará 12.000 millones de libras, el aumento bruto de los salarios derivado del salario mínimo más alto asciende solo a 4.000 millones de libras. Como explicó Paul Johnson, director del IFS, lo resumió así: «Simplemente no entra suficiente dinero en el nuevo salario mínimo como para compensar ni de lejos, en términos monetarios, a las personas que perciben créditos fiscales.»
Pero incluso si el salario mínimo se elevara lo suficiente para compensar la retirada de los créditos fiscales, trasladar a los empleadores una mayor parte del coste del trabajo, en lugar de a los contribuyentes, sería la estrategia equivocada. La razón es que para muchas personas, quizá para la mayoría, el trabajo será una fuente de ingresos cada vez menor.
Después de todo, una predicción en la que podemos confiar con firmeza es que la automatización irá ganando terreno de forma cada vez más considerable en el mundo del trabajo humano. Hasta el 50 % de los empleos existentes podría estar en riesgo en los próximos 20 años. Queda abierta, como mínimo, la cuestión de si se podrán crear suficientes empleos nuevos para reemplazarlos o, de hecho, si es deseable seguir produciendo cada vez más productos con el único fin de proporcionar empleo humano a salarios cada vez más bajos.
A medida que los robots reemplacen cada vez más la mano de obra humana, las personas necesitarán ingresos que sustituyan a los salarios del trabajo. Mientras que los créditos fiscales apuntan en la dirección de los ingresos sustitutivos, elevar el salario mínimo apunta en la dirección opuesta, al hacer que los ingresos dependan más de los empleos. De hecho, centrarse en el salario mínimo casi con toda seguridad aceleraría el proceso de automatización. Las pruebas previas de que la legislación sobre salario mínimo no reduce la demanda de trabajo podrían no sostenerse frente a la rápida caída del coste de automatizar la producción de bienes y servicios.
En definitiva, si Osborne se toma en serio su compromiso de garantizar un «ingreso digno» para todos, debería avanzar hacia la idea de una renta «básica» o «ciudadana», independiente del mercado laboral. Una vía sencilla sería conceder a todos los ciudadanos un crédito fiscal incondicional, que podría incrementarse gradualmente a medida que caigan las retribuciones del trabajo.
Tanto los pensadores de libre mercado como los socialistas llevan mucho tiempo defendiendo la implantación de un esquema de renta básica. Pero la idea siempre ha tropezado con dos objeciones: las sociedades son demasiado pobres para permitírselo y desincentivaría el trabajo.
La primera objeción, sin duda, ya no es válida para las economías avanzadas, mientras que la segunda carece de relevancia, dado que el objetivo no es reforzar el incentivo para trabajar, sino permitir que las personas vivan sin trabajar. Una renta básica incondicional haría posible el trabajo a tiempo parcial para muchos que hoy deben trabajar a jornada completa con salarios insuficientes para vivir. Y todos los trabajadores empezarían a disfrutar de la libertad de decidir cuánto trabajar y en qué condiciones, igual que hoy la tienen los propietarios de un capital considerable.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Robert Skidelsky, catedrático emérito de Economía Política de la Universidad de Warwick y miembro de la Academia Británica en las áreas de historia y economía, es miembro de la Cámara de los Lores británica.
Imagen: Una niña extiende su dinero. REUTERS/Kieran Doherty.
