El Directorio Ejecutivo del FMI acaba de aprobar un nuevo marco para intensificar la labor en materia de gobernanza y corrupción en nuestros países miembros. Permítanme explicar por qué es importante y qué significa para nuestro trabajo.
Costos de la corrupción
Todos sabemos que la corrupción arraigada es perjudicial para la economía y socava la capacidad de los países para lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
El documento que acabamos de publicar presenta resultados empíricos que muestran que la corrupción elevada está asociada con un crecimiento, una inversión, una inversión extranjera directa (IED) y unos ingresos tributarios significativamente menores. Descender del percentil 50 al 25 en un índice de corrupción o gobernanza está asociado con una caída de medio punto porcentual o más en la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita, y con una disminución de 1½–2 puntos porcentuales en la relación entre inversión y PIB. Nuestros resultados también muestran que la corrupción y la mala gobernanza están asociadas con una mayor desigualdad y un menor crecimiento inclusivo.
No es difícil entender estos resultados. Sabemos que la corrupción debilita la capacidad del gobierno para recaudar impuestos y desvía el gasto de inversiones valiosas en ámbitos como la salud, la educación y las energías renovables hacia proyectos derrochadores con beneficios a corto plazo. Sabemos que actúa como un impuesto sobre la inversión, o algo peor, debido a la incertidumbre sobre las exigencias de futuros sobornos. También sabemos que la corrupción lleva a los jóvenes a invertir menos en aptitudes y educación, porque para progresar importa a quién se conoce y no qué se sabe. Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, obstaculiza las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y hace que se desmorone la cohesión social. La corrupción es un gran obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Intensificación de la labor
En vista de todo esto, está justificado y es oportuno que el FMI intensifique su labor contra la corrupción. Es importante que esta labor se integre en nuestro trabajo general de promoción de la buena gobernanza en ámbitos clave como la gestión de las finanzas públicas, la supervisión del sector financiero y la lucha contra el lavado de dinero.
Este enfoque más amplio es necesario. Las deficiencias de gobernanza son perjudiciales por sí mismas, pero también abren la puerta a una corrupción generalizada. Para que sean verdaderamente eficaces, las estrategias contra la corrupción deben ir más allá de limitarse a encarcelar a las personas. Requieren reformas regulatorias e institucionales más amplias. A fin de cuentas, la «cura» más duradera contra la corrupción son unas instituciones sólidas, transparentes y responsables. En las célebres palabras de Louis Brandeis: «Se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes; la luz eléctrica, el policía más eficaz».
Este enfoque más amplio ofrece un beneficio adicional: dado que la corrupción suele estar estrechamente relacionada con deficiencias más generales de gobernanza y a menudo es difícil de medir, podemos usar las deficiencias de gobernanza para corroborar las evaluaciones de la corrupción.
Debo señalar que este no es un tema nuevo para nosotros. Contamos con una política de gobernanza desde 1997, y es una buena política: nuestro examen concluyó que sus principios son acertados. Esta política nos exige abordar las cuestiones de gobernanza y corrupción cuando tienen un impacto macroeconómico significativo. También nos insta a trabajar con instituciones asociadas, en especial el Banco Mundial, en los ámbitos de su competencia, y a no interferir en la política ni en casos individuales de aplicación de la ley.
Sin embargo, aunque estos principios son sensatos, nuestro examen concluyó que su aplicación era desigual. No siempre exigimos a los miembros el mismo estándar ante acciones similares. Con demasiada frecuencia, nuestros análisis carecían de claridad.
Esto va a cambiar. Ahora hemos adoptado un marco para intensificar la labor en materia de gobernanza y corrupción, cuyo objetivo es entablar un diálogo más sistemático, imparcial, eficaz y franco con los países miembros.
Como primer paso, estamos desarrollando una metodología clara y transparente para evaluar la naturaleza y la gravedad de las deficiencias de gobernanza. Examinaremos una amplia gama de indicadores: la calidad de las instituciones presupuestarias que gestionan la recaudación de impuestos y el gasto; la solidez de la supervisión del sector financiero; la integridad de los bancos centrales; la transparencia y la imparcialidad de la regulación de los mercados; la previsibilidad de aquellos aspectos del Estado de derecho que son vitales para la salud económica, en particular el cumplimiento de los contratos; y la idoneidad de los marcos de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por supuesto, también evaluaremos directamente la gravedad de la corrupción.
El siguiente paso será evaluar el impacto económico de las deficiencias de gobernanza y corrupción identificadas y formular recomendaciones de política específicas para cada país. Es importante que lo hagamos con un horizonte temporal más amplio, dado que la mala gobernanza y la corrupción perjudican la economía no solo por las perturbaciones a corto plazo, sino también por el lento deterioro institucional. En nuestros programas de financiamiento, analizaremos si los problemas obstaculizan la capacidad de los países para implementar sus reformas económicas.
El lado de la oferta de la corrupción
Hay un elemento adicional. Es una verdad básica que, para adaptar una frase de Milton Friedman, la corrupción es siempre y en todas partes un fenómeno de dos partes. A todo soborno recibido le corresponde uno entregado. Además, los fondos obtenidos mediante la corrupción suelen ocultarse fuera del país, a menudo en los sectores financieros de las principales capitales. Es muy posible que algunos países tengan «las manos limpias» en casa, pero «las manos sucias» en el extranjero.
Por lo tanto, para combatir realmente la corrupción, debemos abordar la facilitación de prácticas corruptas por parte de actores privados. Para ello, alentaremos a nuestros países miembros a ofrecerse voluntariamente para que el Fondo evalúe sus marcos jurídicos e institucionales y determine si tipifican como delito y enjuician el soborno de funcionarios extranjeros, y si cuentan con mecanismos para impedir el lavado y el ocultamiento de dinero ilícito. Me complace que nueve países —todos los del G7, además de Austria y la República Checa— ya se hayan ofrecido voluntariamente para esta evaluación. Esto representa un importante voto de confianza en el nuevo marco.
Ahora que contamos con el pleno apoyo de nuestros miembros, debemos pasar a la implementación. En nuestras labores de supervisión y en nuestros programas de financiamiento, cabe esperar más evaluaciones y debates sobre gobernanza y corrupción. También intensificaremos el desarrollo de capacidades en estos ámbitos para ayudar a los países a fortalecer sus marcos regulatorios e instituciones.
Nuestro objetivo es ser francos, rigurosos, transparentes e imparciales. Esto, a su vez, nos da más credibilidad y nos permite hacer aún mejor nuestro trabajo.
Retomando las palabras de Brandeis, estoy convencida de que esta labor intensificada en materia de gobernanza y corrupción logrará lo mismo que la inversión en tecnología solar para el medio ambiente: aprovechar el inmenso poder de la luz del sol para encaminar la economía mundial hacia un rumbo más saludable y sostenible. Si todo sale según lo previsto, cada vez quedarán menos rincones oscuros donde pueda ocultarse la corrupción. Espero trabajar estrechamente con nuestros países miembros para hacer realidad este objetivo.
