Entre los numerosos aspectos de nuestras vidas y economías que actualmente se transforman por la penetración cada vez mayor de internet, cada vez más rápido, hay un sector en el que el cambio no avanza con suficiente rapidez: las políticas que regulan a las empresas que nos conectan a internet.
Hace dos o tres décadas, muchos países crearon reguladores para gestionar la transición hacia mercados competitivos, a medida que sus proveedores de telecomunicaciones pasaban del sector público al privado. Entonces, la conectividad a través de líneas fijas era un monopolio natural, al igual que lo eran los cables de electricidad o las tuberías de agua y gas.
Hoy en día, el sector de las telecomunicaciones es más competitivo que la mayoría de las demás industrias reguladas. Las innovaciones en el desarrollo de redes de cable, móviles y de fibra han puesto fin al monopolio natural al facilitar la replicación de la antigua infraestructura de línea fija. Los modelos de negocio en evolución han difuminado los límites entre los proveedores de conectividad y los proveedores de contenidos y servicios digitales que se prestan a través de esa conectividad. Asimismo, los reguladores tradicionales de telecomunicaciones están mal preparados para resolver los problemas más apremiantes y complejos de la actualidad, como la privacidad, que a menudo involucra a varias partes interesadas.
Los organismos reguladores son conscientes de estos desafíos y han empezado a adaptarse, pero las conversaciones con líderes del sector revelan una creciente preocupación por que la transición hacia un entorno regulatorio mejorado se haya estancado.
Los responsables de políticas deben reconocer la naturaleza cambiante y convergente de toda la cadena de valor. Las empresas que prestan el mismo servicio no deberían recibir un trato diferente por su clasificación regulatoria. Muchas políticas que configuran o limitan los servicios digitales en línea –como las nuevas normas sobre datos, privacidad y seguridad, o las regulaciones sobre comunicaciones máquina a máquina o sobre negocios del «internet de las cosas»– tienen repercusiones que van mucho más allá del sector de las telecomunicaciones. Los responsables de políticas deben ampliar sus perspectivas para comprender el impacto de las políticas y regulaciones en toda la cadena de valor.
Incluso cuando los responsables de políticas trascienden los sectores, los líderes del sector entrevistados coincidieron en que hay otras dos formas en las que las mentalidades hacia las políticas y regulaciones aún deben cambiar.
En primer lugar, allí donde existe competencia, los reguladores deberían pensar más en términos «ex post» que «ex ante», y más en términos de «basados en principios» que de «basados en normas». Es cierto que en algunos ámbitos, como la gestión del espectro, las normas ex ante detalladas siguen teniendo sentido. Las empresas que realizan inversiones necesitan previsibilidad. Pero, para fomentar la experimentación y la innovación en la infraestructura, establecer principios e intervenir de manera eficiente a posteriori es, posiblemente, un enfoque mejor.
Estos principios deberían basarse en los principios más amplios de las leyes de competencia y de protección del consumidor que se aplican de forma más general, y estar alineados con ellos. A medida que disminuye la semejanza entre las telecomunicaciones y los sectores de servicios públicos de naturaleza más monopolística, también disminuye la justificación para considerar que el sector de las telecomunicaciones necesita una microgestión regulatoria mayor que cualquier otro sector competitivo.
En segundo lugar, los responsables de políticas necesitan identificar el nivel geográfico adecuado para cada regulación específica, una necesidad que es más acuciante en algunas regiones que en otras. En Europa, por ejemplo, aunque puede que no haga falta un único regulador europeo, la Comisión Europea podría, no obstante, adoptar medidas más rápidas y detalladas dentro de sus competencias actuales para unificar el marco regulatorio europeo.
Los temas que requieren una mayor armonización internacional incluyen la asignación fragmentada del espectro en distintos países, y la privacidad, la seguridad y la portabilidad de los datos almacenados en la nube. Otros temas, como la infraestructura fija, se beneficiarían más de la experimentación local, lo que permitiría a los reguladores nacionales aprender de las mejores prácticas de los demás en todo el mundo.
En todos los temas expuestos anteriormente, existe margen para que los reguladores de referencia sirvan de ejemplo a otros. Muchos países de Europa, por ejemplo, podrían aprender de la manera en que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha promovido eficazmente tanto la consolidación como el espectro como base de la competitividad y la inversión en redes durante la última década.
La economía digital es una de nuestras mejores esperanzas para impulsar la economía mundial: con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 10 %, supera a la mayoría de los demás sectores y, para 2016, representará el 5 % del PIB de los estados del G20. Necesitamos recuperar un sentido de urgencia sobre la transición hacia un régimen regulatorio que pueda ayudar a liberar todo su potencial.
Este artículo de blog se basa en entrevistas con Manuel Kohnstamm, vicepresidente sénior y director de políticas, Liberty Global Plc, Países Bajos; y Carlos López Blanco, responsable global de Asuntos Públicos y Corporativos, Telefónica SA, España.
El informe Delivering Digital Infrastructure: Advancing the Internet Economy ya está disponible.
Imagen: los dedos de un corredor de bolsa teclean frenéticamente la sesión del día en el teclado de un ordenador, en una casa de bolsa de Bombay, el 19 de mayo de 2004. REUTERS/Sherwin Crasto
