Como una de las pocas sociedades que quedan con una economía comunista dirigida por el Estado, la vivienda en Cuba ha seguido un camino social y económico singular desde la revolución de 1959. Sin embargo, en julio, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un nuevo proyecto de constitución que reconoce un papel más amplio para los mecanismos de mercado, incluida la liberalización del mercado de la propiedad privada residencial.
Esta reestructuración económica se basa en un programa de modernización previo: el paquete de reformas de los Lineamientos de 2011, que inicialmente permitió a los cubanos comprar viviendas, y tiene como objetivo impulsar el crecimiento anual del PIB y optimizar la inversión extranjera.
Los esfuerzos del expresidente estadounidense Barack Obama en 2014 para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba (aunque en gran medida revertidos por la administración Trump) contribuyeron a que más de 5 millones de visitantes llegaran a la isla en 2015. Y desde 2010, cientos de miles de cubanos se han convertido en trabajadores por cuenta propia, a menudo en la industria turística, con el consiguiente aumento de restaurantes, transporte privado y alojamiento.
Las nuevas reformas de mercado buscan que las políticas socialistas del país sean más sostenibles, y la propiedad inmobiliaria convive con otras medidas que impulsarán una nueva generación de emprendedores.
Sin embargo, comentaristas como Luis Carlos Battista han sostenido que los cambios en la constitución vigente no implican un mercado completamente libre y abierto. El sistema socialista cubano sigue regulando de forma estricta el trabajo por cuenta propia, por ejemplo, con sanciones por infracciones. Pero el cambio constitucional para poseer propiedades de forma privada amplía las oportunidades.
Valor de las viviendas
Se cree que las viviendas nacionalizadas durante el periodo revolucionario posterior a 1959 valen actualmente más de 100.000 millones de dólares estadounidenses. Aunque el gobierno cubano no publica tasaciones de propiedades, los agentes inmobiliarios informan de que las tasaciones están aumentando rápidamente en La Habana, una ciudad popular entre los extranjeros, donde un apartamento puede comprarse por menos de 15.000 dólares estadounidenses en un barrio de clase trabajadora. La venta de propiedades privadas a extranjeros sigue siendo ilegal, y eludir estas restricciones, pidiendo a un amigo o familiar (en Cuba) que compre propiedades en nombre de otra persona, es muy arriesgado, especialmente en un mercado inmobiliario mayoritariamente al contado que no ofrece seguro de títulos ni la garantía básica de los derechos de propiedad para los extranjeros.
Sin embargo, las recientes reformas económicas han suscitado temores de que un nuevo mercado inmobiliario alimente la especulación de inversores extranjeros y desplace a los cubanos. Ya existe un auge clandestino informado en el mercado de la vivienda, impulsado en particular por cubanoamericanos.
A pesar de cierta estratificación económica tras el “periodo especial” de austeridad posterior a 1990, las particularidades históricas de la vivienda social cubana han hecho que en gran medida se evitara la diferenciación social por la propiedad de la vivienda. Pero el mercado emergente de la vivienda (legal o ilegal) ha generado un nuevo fenómeno: la concentración de quienes tienen el mayor poder adquisitivo en las zonas más deseables. La posibilidad de vender viviendas será ahora una oportunidad para los hogares de bajos ingresos que tengan una buena vivienda en una zona deseable, para convertir ese valor en efectivo y cubrir otras necesidades básicas. Asimismo, los “nuevos ricos” podrán adquirir viviendas de calidad en las zonas de su elección, ya que ahora podrán canalizar sus recursos.
Cuba sigue enfrentándose a una crisis general de vivienda y a un déficit de viviendas, con recursos limitados para grandes programas de vivienda. Las autoridades han reducido los requisitos mínimos para las nuevas viviendas reguladas, han establecido un subsidio para la mejora de viviendas destinado a los más pobres y han puesto en marcha un programa para erradicar algunas de las peores condiciones en las viviendas antiguas, las ciudadelas. El traslado de residentes a nuevos complejos de viviendas está sustituyendo a los modelos anteriores de mejora participativa en los barrios locales. Pero persisten importantes desafíos para atender las necesidades masivas de vivienda.
Airbnb
A pesar de los temores ante un aumento de la propiedad extranjera, el mercado inmobiliario emergente en Cuba es en gran medida resultado de inversión nacional. Con salarios medios de 35 dólares al mes en algunas localidades, muchos de los 90 % de cubanos que trabajan para el gobierno dependen de la economía informal, la bolsa negra, para compensar los bajos salarios. Para obtener dinero extra, un propietario cubano puede convertir legalmente habitaciones de su residencia principal para alojar a un visitante (generalmente un turista extranjero) que paga por una noche una cantidad que muchos esperarían ganar normalmente en un mes.
El crecimiento de las estancias privadas en casas, o casas particulares, en Cuba atrajo la atención de Airbnb, y desde que comenzó a operar en Cuba en 2015 se han publicado en la plataforma más de 22.000 habitaciones, que han generado al menos 40 millones de dólares estadounidenses.
Como parte de los esfuerzos de cabildeo de Airbnb ante el gobierno estadounidense para restablecer los visados “de persona a persona” de Obama, que permiten a los estadounidenses visitar la isla sin formar parte de un viaje organizado en grupo, la empresa afirmó que Cuba era su mercado de crecimiento más rápido (aunque partiendo de una base inicial baja). Airbnb logró convencer al Congreso de que alojarse en una casa particular estaría permitido en el marco de una estrategia de “Apoyo al pueblo cubano”, ya que los ingresos de los alquileres de Airbnb van a los residentes y no al Estado.
Un desafío clave para las empresas cubanas y para compañías como Airbnb es la falta de acceso masivo a internet en Cuba, disponible principalmente en hoteles para turistas, algunos lugares de trabajo y un número creciente de puntos de internet locales. El nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, anunció recientemente planes para desplegar el servicio de internet en teléfonos móviles, ampliando el acceso a otros 5 millones de usuarios para impulsar la economía y “ayudar a los cubanos a defender su revolución”. La posible expansión de Airbnb puede, sin embargo, generar preocupación. En otros lugares, ha tenido un efecto distorsionador considerable en el mercado, aumentando los alquileres mensuales y expulsando a los residentes locales.
Lecciones de China
El mercado emergente en China (fuente de inspiración de los Lineamientos de Castro) podría ofrecer lecciones valiosas sobre cómo se podría modernizar el sistema cubano (aunque con diferencias de escala y desarrollo económico). En 2005, los economistas predijeron una burbuja en el mercado inmobiliario chino, que anunciaba el fin de una época dorada de inversión. Sin embargo, la propiedad privada en China está fuertemente controlada y vigilada; se utilizan políticas de “enfriamiento”, como impedir las transacciones cuando el mercado se sobrecalienta, y ofrecer incentivos cuando el mercado se deprime. Dadas las similitudes en el enfoque de mantener el gobierno socialista mediante la apertura de mercados, y el nivel de influencia que los líderes cubanos obtuvieron de China, Cuba podría adoptar una táctica similar para controlar la especulación.
Desde 1959, la vivienda en Cuba no se ha ajustado con claridad a las nociones neoliberales de tenencia. La “propiedad social de viviendas” transmitía seguridad, pero no valor de inversión ni apreciación de precios. Las malas condiciones de la vivienda siguen siendo uno de los desafíos más significativos. Aunque cierta mercantilización puede resultar beneficiosa, como en muchos países, la intervención estatal en la vivienda puede seguir siendo un instrumento importante de la política de bienestar. Durante el periodo revolucionario, la vivienda no ha sido el lugar de la desigualdad que ha sido en las economías neoliberales.
Lo que la vivienda en Cuba realmente necesita es una mejora sustancial de la economía cubana y/o el fin del bloqueo económico estadounidense. Pero el nuevo cambio constitucional podría contribuir en parte a apoyar un sector empresarial emprendedor junto al sector estatal, aunque abordar la indiscutible necesidad de vivienda de Cuba requiere recursos para la construcción y la renovación. Esto sería indiscutiblemente popular entre los ciudadanos cubanos, mejorando su calidad de vida, y en especial entre la generación más joven, que no ha podido asegurarse una vivienda propia. Tras la aprobación del proyecto de constitución, los legisladores lo someterán a consulta y, más adelante, a un referéndum nacional. Los inversores extranjeros están observando y ejerciendo presión, pero en última instancia serán las personas quienes decidan.
