Una acción radical podría transformar la desigualdad en la próxima década.
Las políticas podrían incluir la eliminación drástica de los subsidios a los combustibles fósiles y la protección de los bienes comunes globales.
Una sociedad más igualitaria reduciría el estrés y las enfermedades mentales.
Es 2030 y todavía me maravilla cómo ocurrió en mediados de 2020, cuando el nuevo gobierno llegó al poder, tras haber prometido hacer frente a los tres males de la economía: desigualdades crónicas y crecientes, inseguridad económica crónica y una forma de capitalismo ecológicamente insostenible. También prometieron construir una economía de mercado eficiente y viable. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad.
Para avanzar en esa dirección, introdujeron gradualmente la política fiscal más transformadora que jamás se hubiera concebido. En primer lugar, eliminaron los enormes subsidios que se habían concedido en favor de los rentistas y de los usuarios de combustibles fósiles, y pusieron en marcha una estrategia para desplazar, en términos relativos y absolutos, la carga impositiva de los impuestos sobre el trabajo, la producción y los bienes de consumo básicos hacia un sistema de gravámenes sobre todos los intereses que se habían beneficiado de los bienes comunes.
Argumentaron que la tierra, el aire, el agua, el paisaje, los recursos naturales, los servicios sociales que hereda la sociedad, los datos que generamos y nuestras instituciones culturales pertenecen a todos y, por naturaleza, no pertenecen a nadie. No son propiedad del Estado ni propiedad privada. Todo ello resultaba bastante difícil de comprender para la gente en aquel momento. La perspectiva preocupó a los empresarios, ya que sugería que era un código para despojarles de la propiedad privada.
El gobierno comenzó con una medida convencional: un gravamen del 1 % sobre toda la riqueza, reconociendo el enorme aumento de la riqueza en relación con el PIB y que la desigualdad de la riqueza era mucho mayor que la desigualdad de los ingresos. También se justificó por motivos éticos, ya que la riqueza refleja en parte las inversiones de la sociedad a lo largo de generaciones. El gobierno también convirtió el impuesto de sucesiones en un Gravamen sobre la Transmisión de Riqueza, que era más justo y reducía la elusión fiscal. Asimismo, introdujo un Gravamen sobre el Valor del Suelo, por razones similares, con referencia a defensores anteriores, entre ellos Milton Friedman y Henry George.
Destinó los ingresos de estos gravámenes a un nuevo Fondo de los Bienes Comunes, modelado a partir del Fondo de Pensiones de Noruega que se había convertido en el mayor fondo de capital nacional del mundo. El gobierno hizo que el fondo fuera democrático e independiente, gobernado por un sistema de partes interesadas, y decretó que solo podía realizar inversiones en actividades ecológicamente sostenibles. Pero lo que hizo transformador al fondo fue que estaba obligado a reinvertir los rendimientos de sus inversiones en forma de Dividendos Comunes iguales para todos los ciudadanos residentes, una especie de renta básica. Esto ganó apoyo popular para el fondo y los gravámenes.
Otros gravámenes introducidos tenían un carácter más explícitamente ecológico. El más fácilmente justificable fue el Gravamen sobre las Emisiones de Carbono, facilitado políticamente por el hecho de que miles de economistas, muchos de ellos en Estados Unidos, lo habían defendido. Lo que lo había obstaculizado era un fuerte cabildeo y la constatación de que, por sí solo, sería regresivo, razón por la cual fue rechazado por los Chalecos Amarillos en Francia en 2018-2019. El gobierno superó ese obstáculo asegurando a todos que los ingresos se reciclarían como parte de los Dividendos Comunes, haciendo progresivo el gravamen.
Ese gravamen también contribuyó a reducir los tres males -desigualdad, inseguridad económica y deterioro ecológico-, ya que los Dividendos Comunes empezaron a parecer lo bastante elevados como para proporcionar a más personas una seguridad económica básica, mientras que el gravamen obligaba a los usuarios de combustibles fósiles a tomarse más en serio la necesidad de reducir su consumo.
El gobierno también introdujo un Gravamen sobre Minerales y Minería, para reconocer la naturaleza de bien común público de esos recursos, algo que habían hecho el Fondo Permanente de Alaska y el Fondo de Pensiones de Noruega. Y, reconociendo el creciente problema de la escasez de agua, se introdujo un Gravamen sobre el Uso del Agua, aplicado a los grandes consumidores de agua. También hubo gravámenes sobre el uso comercial de los bienes comunes urbanos, entre ellos un Gravamen sobre Licencias de Urbanización, un Gravamen sobre Propiedades Vacías (Especulación) y un Gravamen sobre los POPS, este último en reflejo de la extensión de los “espacios públicos de propiedad privada” en nuestras ciudades y pueblos.
Se introdujo un Gravamen sobre los Viajeros Frecuentes, justificado por la constatación de que volar en exceso era una causa importante del aire tóxico. Esto tuvo efectos redistributivos, ya que los ricos utilizaban desproporcionadamente las aerolíneas, mientras que quienes vivían en comunidades de bajos ingresos sufrían en mayor medida el aire tóxico, con el consiguiente aumento de la morbilidad y la reducción de la esperanza de vida. Los investigadores habían demostrado que alrededor de una tercera parte de todas las muertes por ictus, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias estaban relacionadas con el aire tóxico, y que las víctimas eran principalmente los pobres.
El Gravamen sobre los Viajeros Frecuentes se complementó con un Gravamen sobre los Cruceros de Lujo, justificado por el hecho de que esos enormes buques utilizaban el diésel más tóxico y mantenían sus motores en funcionamiento mientras estaban en puerto, lo que provocó un aumento considerable del cáncer de garganta en las comunidades cercanas. Los ingresos se destinaron al Fondo de los Bienes Comunes, mientras que los propietarios de los cruceros empezaron a perfeccionar su modelo de negocio, reduciendo así su impacto negativo en el aire y el mar.
Después existió el Gravamen sobre las Vallas Publicitarias en Altura, justificado por el hecho de que las vallas publicitarias antiestéticas constituían una intrusión en el paisaje común. Fuentes de ingresos mucho más importantes fueron el Gravamen sobre la Propiedad Intelectual, el Gravamen sobre los Datos Digitales y el Gravamen sobre las Aplicaciones.
Este sistema de gravámenes supuso un giro radical a favor de una economía de libre mercado, ya que se centró en las rentas de los rentistas y en las intrusiones ilegítimas en los bienes comunes. Pero el acierto estuvo en lo que se hizo con los ingresos. En efecto, los ingresos principales del Fondo de los Bienes Comunes procedían de gravámenes sobre tres tipos de bienes comunes: recursos naturales agotables, bienes comunes renovables y bienes comunes no agotables.
El primero abarca recursos como el petróleo, el gas natural y los minerales, situados bajo el suelo o el lecho marino. Se trata, en efecto, de activos de capital, y el tratamiento de los ingresos procedentes de su producción y agotamiento debería respetar la Regla de Hartwick de Equidad Intergeneracional, formulada por el economista estadounidense John Hartwick ya en 1977. Esta regla establece que las generaciones futuras deben beneficiarse de los bienes comunes tanto como las actuales, de modo que estas últimas no puedan apropiárselos por completo. El valor de un activo de capital debe conservarse en la medida de lo posible. Así, como reconoció el Banco Mundial, solo las “rentas de recursos” deberían reciclarse a los comuneros actuales, mientras que el valor del capital debería conservarse en el fondo.
Según la experiencia del Fondo de Noruega, el rendimiento neto de la inversión de los ingresos de los gravámenes pertinentes fue superior al 4 % anual, después de descontar los gastos de gestión. Esto constituyó la base de los ingresos necesarios para los Dividendos Comunes.
Afortunadamente para gran parte de la población, la mayoría de los ingresos del Fondo de los Bienes Comunes procedían de fuentes no agotables y renovables, a las que no era necesario aplicar la Regla de Hartwick. Al final, resultó que alrededor de tres cuartas partes del valor del Fondo podían distribuirse en Dividendos Comunes iguales. Esto permitió que el fondo siguiera creciendo año tras año, aunque los gravámenes contra la contaminación estaban logrando el efecto deseado de inducir a los contaminadores a reducir sus efectos negativos y, en consecuencia, a ahorrarse algunos pagos de gravámenes.
En la última década, los Dividendos Comunes han llegado a equivaler a alrededor del 50 % de la renta per cápita del país. El gobierno se ha comprometido a mantener esa cifra y ahora destina una parte mayor de los ingresos del Fondo de los Bienes Comunes, que sigue creciendo, a revitalizar los bienes comunes, en particular los parques y las vías fluviales.
Un beneficio poco apreciado de la estrategia fiscal, del Fondo de los Bienes Comunes y de los Dividendos ha sido una nueva era de la ilustración, en la que cada vez más personas se inclinan a trabajar más en tareas creativas y menos en labores mecánicas. Esto ha liberado más tiempo para el trabajo de cuidados en las familias y entre vecinos, así como para más trabajo comunitario. Históricamente, este trabajo no se remuneraba y, por tanto, se realizaba de forma menos óptima.
Todavía recuerdo que, en varios países anteriores a 2020, las oficinas nacionales de estadística habían calculado que el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado era superior al valor equivalente de todo el trabajo remunerado en la industria manufacturera, la construcción y los servicios no financieros. Como la gente no podía permitírselo, existían grandes “déficits de cuidados”. Ahora, gracias a los Dividendos Comunes, más personas pueden permitirse realizar ese trabajo “no remunerado”.
Los dividendos también han animado a más personas a negarse a realizar trabajos desagradables o a exigir salarios más altos por hacerlos. Aunque algunos empleadores protestaron, se produjeron cambios muy positivos. Los salarios de esos trabajos desagradables subieron hasta que hubo suficientes personas dispuestas a realizarlos, más de esos puestos se automatizaron y otros se consideraron innecesarios. Sin duda, eso es lo que como sociedad deberíamos haber querido.
Hubo un efecto no previsto. Las tasas de criminalidad han descendido drásticamente desde 2020. La seguridad económica contribuyó, pero las investigaciones habían demostrado que el aumento de la contaminación atmosférica era una causa significativa del incremento de la violencia criminal. Así, el sistema de gravámenes, al mejorar la calidad del aire y, con ella, la salud mental y física, no solo redujo el gasto público y privado en atención sanitaria, sino que también disminuyó la violencia criminal.
Lo mejor de todo es que hemos recuperado nuestro equilibrio con la naturaleza. La mayoría de nosotros dedicamos tiempo y energía a revitalizar los bienes comunes y a reconstruir nuestra conexión con la naturaleza.
Hoy tenemos una sociedad en la que las personas están menos estresadas, menos frenéticas y son menos propensas a apoyar a demagogos populistas (de izquierda o de derecha) que explotan sus miedos e inseguridades. Las empresas que producen bienes o prestan servicios que la gente desea prosperan en una economía de libre mercado más sólida, y el “capitalismo rentista” que había envenenado la globalización ha sido superado. Lo que John Maynard Keynes deseaba y predijo erróneamente para el siglo XX -“la eutanasia del rentista”- se ha cumplido en gran medida.
Algunos de los efectos sociales que hoy damos por sentados, en particular la reducción del estrés y de las enfermedades mentales, la existencia de más tiempo de calidad para mantener nuestras relaciones, la reintegración de nuestros mayores en la vida de las generaciones más jóvenes y la disposición de muchos de nosotros a dedicar tiempo a cuidar de los demás.
No obstante, se ha producido un cambio importante que era muy necesario en 2020. Muchos de nosotros dedicamos ahora más tiempo y energía a aprender sobre actividades políticas y a participar en ellas, como la actividad de la scholé que los antiguos griegos consideraban el deber del verdadero ciudadano. En 2020, demasiadas personas sentían que no tenían tiempo para pensar en la política real, y mucho menos para implicarse en ella. Esto permitió que algunos políticos explotaran la ignorancia y los prejuicios de la gente, una situación que vemos mucho menos ahora.
Lo mejor de todo es que hemos recuperado nuestro equilibrio con la naturaleza. La mayoría de nosotros dedicamos tiempo y energía a revitalizar los bienes comunes y a reconstruir nuestra conexión con la naturaleza. Una figura inspiradora del pasado habría apreciado nuestra recuperación, Alexander von Humboldt. Hemos reducido el ritmo y hemos renovado nuestra conexión con la naturaleza, revitalizando a la especie humana y a otras especies naturales. Nada es perfecto, pero es mucho mejor que cuando algunos políticos populistas conducían las políticas por mal camino. Fue un final muy ajustado.
Ah, se me olvidó decir en qué país estamos. Es el suyo.
