En 2015, 193 países adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una hoja de ruta general de políticas hasta 2030. Estos objetivos se basan en la idea de que, para un futuro sostenible, el crecimiento económico debe ir de la mano de la inclusión social y la protección del medio ambiente.
Nuestras respectivas instituciones, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), respaldan plenamente estos objetivos. Desde la perspectiva de la ONU, representan un primer paso hacia un mundo más pacífico, próspero y cooperativo, especialmente en tiempos cada vez más peligrosos. Para el FMI, ayudan a sustentar la estabilidad económica y un crecimiento económico sostenible e inclusivo.
En 2017, aumentaron la mayoría de los tipos de flujos de financiación para el desarrollo, gracias a una recuperación de la economía mundial, a un mayor nivel de inversión y a unas condiciones favorables en los mercados financieros. Sin embargo, menos de tres años después de su adopción, la implementación de los ODS se enfrenta a un obstáculo importante: el aumento de la deuda pública en algunos países en desarrollo. Este es el preocupante mensaje de un nuevo informe sobre financiación para el desarrollo publicado por la ONU, en colaboración con el FMI y casi 60 otras agencias.
Aquí está el problema: como se señaló recientemente por el Subdirector Gerente del FMI, Tao Zhang, el 40 por ciento de los países de bajos ingresos corre un alto riesgo de crisis de deuda o no puede hacer frente en su totalidad al servicio de su deuda; esta cifra supone un aumento respecto al 21 por ciento de hace apenas cinco años. Además, varios países en desarrollo también están quedando rezagados en cuanto al ingreso per cápita, debido a factores como la fragilidad y los conflictos; entre ellos figuran países vulnerables como Haití, la República Democrática del Congo y Chad.
Bajos ingresos fiscales y escaso apoyo internacional
Un problema clave es que muchos de estos países no logran recaudar ingresos públicos suficientes. Existen muchas razones para ello: bases impositivas reducidas, una dependencia persistente de las industrias extractivas y una administración tributaria débil. Pero la evasión fiscal también forma parte del problema. La baja recaudación tributaria en los países en desarrollo de bajos ingresos, donde la mediana de los ingresos fiscales es de solo el 13,3 por ciento del PIB, puede atribuirse en parte a la informalidad y a la evasión fiscal.
Ante esta situación, el primer paso de cualquier estrategia de reforma debe ser, sin duda, aumentar los ingresos a nivel nacional. Pero en un mundo donde la actividad empresarial se ha vuelto cada vez más global, los esfuerzos nacionales por sí solos no bastarán. También necesitaremos una colaboración internacional más estrecha en materia fiscal. Es alentador que los gobiernos estén desarrollando nuevas normas internacionales sobre el intercambio de información tributaria; debemos asegurarnos de que los países en desarrollo también se beneficien de ellas.
La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) también desempeña un papel fundamental. Según datos publicados recientemente, la AOD ascendió a 146.600 millones de dólares en 2017. Sin embargo, esta cifra representa menos de la mitad del objetivo acordado internacionalmente del 0,7 por ciento de la renta nacional bruta. Además, una proporción creciente de la AOD se destina a emergencias, como los costos de acogida de refugiados en los propios países y la ayuda humanitaria. Si bien esta ayuda es fundamental, deja menos recursos disponibles para las inversiones públicas a largo plazo en desarrollo sostenible. Los flujos de AOD hacia los países más pobres y vulnerables se han estancado y siguen concentrados en unos pocos de ellos. Los países donantes deben intensificar su asistencia en este ámbito.
Inversión privada en apoyo de los ODS
Dadas las grandes necesidades de inversión, atraer más inversión privada será fundamental. Sin embargo, los países menos adelantados aún tienen dificultades para lograrlo a gran escala, especialmente en sectores ajenos a las industrias extractivas. El informe insta a los países en desarrollo a seguir creando entornos empresariales competitivos, entre otras medidas mediante la mejora de los marcos institucionales y regulatorios y el desarrollo de carteras de proyectos y proyectos susceptibles de inversión, especialmente en infraestructuras.
Más recientemente, los responsables de políticas también se han centrado en compartir los riesgos con los inversores privados, mediante instrumentos como las garantías y las asociaciones público-privadas. Si se aplican correctamente, estas actividades de financiación combinada pueden desbloquear inversiones adicionales para los ODS. Por ahora, en su mayoría, dejan de lado a los países donde la necesidad es mayor. Solo el 7 por ciento de la financiación privada movilizada hasta la fecha se ha destinado a proyectos en los países menos adelantados.
También existe el riesgo de que estas actividades aumenten la carga de la deuda, incluso a través de pasivos contingentes fuera de balance. Estos riesgos deben gestionarse con cuidado.
Riesgos crecientes de endeudamiento
El reciente crecimiento de la deuda mundial no es, sin embargo, únicamente una mala noticia. Un mayor acceso a los mercados financieros internacionales y los préstamos de nuevos acreedores, como China, han permitido obtener financiación muy necesaria para inversiones en infraestructuras en los últimos años. Además, la inversión en capacidad productiva, si se realiza de forma adecuada, puede generar mayores ingresos que compensen el servicio de la deuda. El informe recomienda que las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda tengan en cuenta este importante canal.
Pero surgen problemas cuando la deuda ya es elevada, cuando los recursos no se gastan bien (incluso en presencia de corrupción y debilidades de gobernanza), o cuando un país se ve afectado por desastres naturales o choques económicos, como reversiones repentinas de los flujos de capital. Otro problema es que la nueva ola de crédito privado suele conllevar tipos de interés más altos y vencimientos más cortos. Además, la coordinación entre acreedores se ha vuelto más difícil, lo que genera problemas cuando es necesaria una reestructuración de la deuda.
Cuando el riesgo de crisis de deuda es alto, una respuesta rápida para aliviar la tensión financiera inmediata puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y un daño duradero. Debemos reflexionar seriamente sobre soluciones innovadoras en este ámbito. Por ejemplo, un mayor uso de instrumentos de deuda contingentes al estado de la economía, que reducen o aplazan las obligaciones de deuda de un país durante las crisis, puede proporcionar cierto alivio en algunos casos. Al reducir los riesgos de impago y las primas de riesgo, también amplían el espacio fiscal disponible para la inversión.
Otra idea interesante son los canjes de deuda por clima: estos implican que financiadores concesionarios recompren deuda pendiente, liberando recursos para luchar contra el cambio climático y ayudar a las regiones gravemente afectadas por desastres relacionados con el clima.
Ahora es el momento
En definitiva, solo nos quedan doce años para implementar los ODS. El actual repunte de la economía mundial abre una ventana de oportunidad vital, pero debemos asegurarnos de que la agenda de financiación no se vea descarrilada por el aumento de la deuda pública.
La ONU y el FMI están unidos en esta causa común. Así lo demuestra nuestro informe conjunto, que formula recomendaciones sobre finanzas públicas y deuda, inversiones privadas, comercio y otras prioridades fundamentales para la financiación de los ODS. Nuestras instituciones se comprometen a intensificar nuestro apoyo a los ODS, al servicio de nuestros países miembros, para lograr un mundo más próspero y pacífico.
