El escándalo del Libor del año pasado supuso un duro golpe para la vida política de Londres. Pese a todo lo ocurrido antes, el público y sus representantes quedaron atónitos al saber que los banqueros habían socavado sistemáticamente los cimientos de un referente del mercado mundial —uno que llevaba Londres en su nombre, nada menos— en beneficio propio. El canciller del Exchequer británico, George Osborne, se sintió obligado a poner en marcha una investigación parlamentaria. El 19 de junio, tras un año de trabajo, la Comisión Parlamentaria sobre Normas Bancarias presentó finalmente un gran huevo.
Sin duda, los banqueros considerarán el resultado lo que en Inglaterra llamamos un «curate’s egg» (un huevo en mal estado que un obispo sirvió a un joven clérigo que, al preguntarle si le gustaba, respondió que estaba «bueno en partes»). Se atragantarán con la recomendación de la comisión de crear un nuevo delito penal por conducta temeraria que dé lugar a rescates financiados con dinero de los contribuyentes, reforzado por un nuevo régimen de «personas con responsabilidad senior» que atribuiría todas las funciones bancarias a una persona concreta, que quedaría personalmente responsable cuando las cosas salgan mal.
La comisión sostiene que «los banqueros de alto nivel eludieron la rendición de cuentas por los fallos ocurridos durante su mandato alegando ignorancia o escudándose en la toma de decisiones colectiva». Sus miembros pretenden que eso sea imposible. Si logran lo que buscan, actuar de forma temeraria con los activos bancarios acarreará una pena de prisión, sin ninguna carta de «salir de la cárcel gratis» al estilo del Monopoly para los amos del universo financiero.
Ya oigo el ruido de los abogados afilando sus lápices: el delito debe definirse con la suficiente precisión como para resistir una impugnación por derechos humanos. Pero, si se aplicara, el régimen propuesto por la comisión sería sin duda más severo que el que se ofrece actualmente en Nueva York o en otros centros bancarios. Y los diputados británicos se muestran visiblemente impacientes ante lo que consideran el ritmo glacial del cambio en la regulación mundial; quieren actuar ya.
Si el Reino Unido avanza de esta manera unilateral, ¿cuáles serían las consecuencias para la industria bancaria de Londres? ¿Recibirían Nueva York, Fráncfort o incluso París un impulso competitivo si los banqueros internacionales, alarmados ante la perspectiva de pasar tiempo tras las rejas si sus operaciones con derivados vuelven a salir mal, abandonan la City?
Los miembros de la comisión ofrecen dos respuestas, algo contradictorias, a esa pregunta. La primera es que, sinceramente, no les importa. «El riesgo de un éxodo debería descartarse», afirma la comisión, señalando que las ventajas de ser un centro financiero mundial han ido acompañadas de graves riesgos asociados para la economía nacional. A diferencia de Estados Unidos, donde el sector financiero tiene un peso menor en el PIB, la economía del Reino Unido aún no ha recuperado la producción perdida durante la Gran Recesión posterior a 2008, debido a la continua contracción del sector bancario.
Los miembros de la comisión reconocen que la pérdida de la condición de Londres como centro financiero mundial tendría un coste elevado en términos de empleo y producción, por lo que desarrollaron una segunda línea argumental. «No existe nada intrínsecamente óptimo», afirman, en relación con unas condiciones de competencia equitativas en las finanzas internacionales. Los intentos de desarrollar un mercado financiero europeo único han obligado, a su juicio, a los países a responder a las deficiencias puestas de manifiesto por la crisis de 2008 a la velocidad del «barco más lento del convoy».
En cambio, la comisión sostiene que «puede haber grandes beneficios para el Reino Unido como centro financiero si demuestra que es capaz de establecer y cumplir normas muy por encima del mínimo internacional». Además del exigente nuevo régimen de responsabilidad personal, la comisión complementaría las normas de Basilea sobre capital bancario con un coeficiente de apalancamiento estricto.
El Gobierno británico, preocupado por encontrar formas de estimular el crecimiento a medida que se acerca la próxima cita electoral, sin duda reflexionará mucho antes de introducir cambios que puedan llevar negocios fuera del país. Pero el Gobierno está entre la espada y la pared, acorralado por un Parlamento que, con el firme respaldo de una prensa hostil a los bancos y de la opinión pública, está deseoso de aprobar reformas, y por las directivas de la UE que obligan a aplicar un régimen más estricto.
Entonces, ¿tiene razón la Comisión al afirmar que el Gobierno debería avanzar rápidamente en la reforma y descartar las consecuencias?
Las pruebas que pueden encontrarse en encuestas internacionales sugieren que los cambios regulatorios aplicados hasta ahora no han ahuyentado a los banqueros. Londres ya ha implantado un enfoque más estricto que el de la mayoría de los demás centros financieros. Los impuestos sobre las primas de los directivos han costado caro a los bancos internacionales. Los reguladores son ahora notablemente más exigentes e intrusivos que sus homólogos de Nueva York. A los banqueros no les gusta, pero todavía no se han marchado a lugares más favorables.
Tampoco indican que vayan a hacerlo. De hecho, el más reciente índice Z-Yen de centros financieros mundiales muestra que Londres mantiene su primera posición, con la misma ventaja sobre Nueva York. Los centros asiáticos avanzan, como cabría esperar, pero difícilmente son competidores directos por negocios que de otro modo se realizarían en Londres. Fráncfort y París, los competidores europeos más plausibles, languidecen en el décimo y el vigésimo sexto puesto, respectivamente.
Las agencias de calificación y los accionistas se muestran nerviosos cuando oyen que un entorno regulatorio más estricto no es necesariamente una desventaja. Pero un régimen en el que la responsabilidad personal afecta de forma intensa a las personas en una jurisdicción hará que los banqueros se lo piensen dos veces, especialmente en el caso de los bancos globales con complejos sistemas de gestión matricial que permiten trasladar a los responsables de producto a otros lugares.
Los legisladores británicos deberán asegurarse de que cualquier nuevo régimen alcance a las personas adecuadas, de la forma adecuada. Por muy atractiva que resulte políticamente la idea de banqueros canallas tras las rejas, es probable que encarcelarlos siga siendo muy complicado en la práctica.
Autor: Howard Davies, antiguo presidente de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, subgobernador del Banco de Inglaterra y director de la London School of Economics, es profesor en Sciences Po, en París. En colaboración con Project Syndicate
Imagen: Edificios de oficinas en el distrito financiero de Canary Wharf, en Londres. REUTERS/Luke MacGregor
