La crisis financiera mundial, que comenzó en 2008 y cuyas repercusiones seguirán resonando en todo el mundo durante años, ha provocado numerosas críticas al sistema capitalista moderno: es demasiado ‘especulativo’; recompensa a los ‘buscadores de rentas’ por encima de los verdaderos ‘creadores de riqueza’; y ha permitido el crecimiento desenfrenado de las finanzas, al permitir que los intercambios especulativos de activos financieros reciban una remuneración superior a la de las inversiones que generan nuevos activos físicos y empleo.
Los debates sobre el crecimiento insostenible se han intensificado, con preocupaciones no solo por el ritmo del crecimiento, sino también por su dirección. Entre las recetas para reformas serias de este sistema ‘disfuncional’ figuran: hacer que el sector financiero se centre más en inversiones a largo plazo; cambiar las estructuras de gobierno corporativo para que las empresas se centren menos en sus precios bursátiles y en los rendimientos trimestrales; gravar con mayor intensidad las operaciones especulativas rápidas; y regular legalmente y frenar los excesos en la remuneración de los directivos.
En mi libro más reciente, The Value of Everything, sostengo que estas críticas son importantes, pero seguirán siendo impotentes –en su capacidad para lograr una reforma real del sistema económico– mientras no se basen firmemente en un debate sobre los procesos mediante los cuales se crea valor económico. No basta con defender menos extracción de valor y más creación de valor. En primer lugar, hay que recuperar y comprender mejor el ‘valor’, un término que en su día ocupó el centro del pensamiento económico.
El valor ha pasado de ser una categoría central de la teoría económica, ligada a la dinámica de la producción (la división del trabajo, los cambios en los costes de producción), a una categoría subjetiva ligada a las ‘preferencias’ de los agentes económicos. Muchos males, como el estancamiento de los salarios reales, se interpretan en función de las ‘decisiones’ que toman determinados agentes del sistema; por ejemplo, el desempleo se considera relacionado con la elección que hacen los trabajadores entre trabajar y el ocio. Y el espíritu empresarial –el alabado motor del capitalismo– se considera resultado de estas decisiones individualizadas, más que del sistema productivo que rodea a los emprendedores; o, dicho de otro modo, fruto de un esfuerzo colectivo. Al mismo tiempo, el precio se ha convertido en el indicador del valor: mientras un bien se compre y se venda en el mercado, debe tener valor. Así, en lugar de una teoría del valor que determine el precio, es la teoría del precio la que determina el valor.
Junto con este cambio fundamental en la idea de valor, ha arraigado una narrativa diferente. Centrada en los creadores de riqueza, la asunción de riesgos y el espíritu empresarial, esta narrativa se ha filtrado en el discurso político y público. Hoy está tan extendida que incluso los ‘progresistas’ que critican el sistema a veces la defienden sin pretenderlo. Cuando el Partido Laborista del Reino Unido perdió las elecciones de 2015, sus líderes afirmaron que habían perdido porque no habían abrazado a los ‘creadores de riqueza’. ¿Y quiénes creían que eran esos creadores de riqueza? Las empresas y los empresarios que las dirigen. Esto alimenta la idea de que el valor se crea en el sector privado y que el sector público lo redistribuye. Pero ¿cómo puede un partido que tiene la palabra ‘laborista’ en su nombre no ver a los trabajadores y al Estado como partes igualmente vitales del proceso de creación de riqueza?
Estas suposiciones sobre la generación de riqueza se han arraigado y nunca se han cuestionado. Como resultado, quienes afirman ser creadores de riqueza han monopolizado la atención de los gobiernos con el ya manido mantra: menos impuestos, menos regulación, menos Estado y más mercado. Al perder nuestra capacidad para distinguir entre creación de valor y extracción de valor, hemos facilitado que algunos se llamen a sí mismos creadores de valor y, en el proceso, extraigan valor. Comprender cómo los relatos sobre la creación de valor nos rodean por todas partes –aunque la categoría en sí no lo haga– es esencial para la viabilidad futura del capitalismo.
Para ofrecer un cambio real, debemos ir más allá de resolver problemas aislados y desarrollar un marco que nos permita dar forma a un nuevo tipo de economía: una que funcione para el bien común. El cambio tiene que ser profundo. No basta con redefinir el PIB para incluir indicadores de calidad de vida, como medidas de felicidad, el valor imputado del trabajo de cuidados no remunerado y la información, la educación y la comunicación gratuitas a través de internet. Tampoco basta con gravar la riqueza. Aunque estas medidas son importantes en sí mismas, no abordan el mayor desafío: definir y medir la contribución colectiva a la creación de riqueza, de modo que la extracción de valor pueda pasar menos por creación de valor. Como hemos visto, la idea de que el precio determina el valor y de que los mercados son los mejores para fijar los precios tiene toda clase de consecuencias nefastas. En resumen, destacan cuatro.
En primer lugar, esta narrativa envalentona a los extractores de valor en las finanzas y en otros sectores de la economía. Aquí nunca se plantean las preguntas cruciales: qué tipo de actividades añaden valor a la economía y cuáles simplemente extraen valor para los vendedores. En la forma de pensar actual, el trading financiero, los préstamos voraces y la financiación de burbujas de precios inmobiliarios se consideran, por definición, generadores de valor, porque el precio determina el valor: si hay un trato que cerrar, hay valor. Del mismo modo, si una farmacéutica puede vender un medicamento a cien o mil veces más de lo que cuesta producirlo, no hay problema: el mercado ha determinado el valor. Lo mismo ocurre con los directores ejecutivos que ganan 340 veces más que el trabajador medio (la ratio real en 2015 para las empresas del S&P 500). El mercado ha decidido el valor de sus servicios; no hay nada más que decir. Los economistas son conscientes de que algunos mercados no son justos, por ejemplo cuando Google tiene un monopolio casi total en la publicidad de búsqueda; pero con demasiada frecuencia se dejan seducir por la narrativa de la eficiencia del mercado como para preocuparse por si las ganancias son realmente beneficios merecidamente obtenidos o simplemente rentas. De hecho, no se establece la distinción entre beneficios y rentas.
El pensamiento según el cual precio y valor son lo mismo anima a las empresas a anteponer los mercados financieros y los accionistas, y a ofrecer lo mínimo posible a las demás partes interesadas. Esto ignora la realidad de la creación de valor como procesos colectivos. En realidad, todo lo relacionado con el negocio de una empresa –especialmente la innovación y el desarrollo tecnológico subyacentes– está íntimamente entrelazado con las decisiones de los gobiernos elegidos, las inversiones de escuelas, universidades y organismos públicos, e incluso con los movimientos de las instituciones sin ánimo de lucro. Los líderes empresariales no dicen toda la verdad cuando afirman que los accionistas son los únicos que asumen riesgos reales y que, por ello, merecen la mayor parte de los beneficios de hacer negocios.
En segundo lugar, el discurso convencional devalúa y atemoriza a los creadores de valor reales y potenciales fuera del sector empresarial privado. No es fácil sentirse bien consigo mismo cuando constantemente se le dice que no sirve para nada o que forma parte del problema. Esa suele ser la situación de quienes trabajan en el sector público, ya sean enfermeros, funcionarios o docentes. Las métricas estáticas utilizadas para medir la contribución del sector público, y la influencia de la teoría de la elección pública en la búsqueda de que los gobiernos sean más ‘eficientes’, han convencido a muchos trabajadores del sector civil de que son de segunda categoría. Basta para desanimar a cualquier burócrata y animarle a levantarse, marcharse y unirse al sector privado, donde a menudo hay más dinero que ganar.
Así, los actores públicos se ven obligados a emular a los privados, con su interés casi exclusivo en proyectos de recuperación rápida de la inversión. Al fin y al cabo, el precio determina el valor. Usted, funcionario, no se atreverá a proponer que su organismo pueda asumir el control, aportar una perspectiva útil a largo plazo ante un problema, considerar todas las facetas de una cuestión (no solo la rentabilidad), destinar los fondos necesarios (pedir préstamos si es preciso) y –dígalo en voz baja– añadir valor público. Usted deja las grandes ideas en manos del sector privado, al que se le indica que simplemente ‘facilite’ y habilite. Y cuando Apple o cualquier otra empresa privada genera miles de millones de dólares para los accionistas y muchos millones para los altos directivos, probablemente no pensará que esas ganancias proceden en gran medida de aprovechar el trabajo realizado por otros, ya sean organismos gubernamentales, instituciones sin ánimo de lucro o logros conseguidos por organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, que han sido fundamentales para luchar por los programas de formación de los trabajadores.
En tercer lugar, este relato del mercado confunde a los responsables políticos. En general, los responsables políticos de todas las tendencias quieren ayudar a sus comunidades y a su país, y piensan que la forma de hacerlo es depositar más confianza en los mecanismos de mercado. Deje que actúe la magia del mercado: este se ha convertido en el lema de los políticos de centroizquierda, desde California hasta Austria y Australia. Lo crucial es parecer favorables a las empresas. Como resultado, los políticos y demasiados empleados públicos son como masilla en manos de quienes afirman ser creadores de valor. Los reguladores acaban siendo objeto de presiones por parte de las empresas e inducidos a respaldar políticas que enriquecen aún más a los operadores establecidos. Entre los ejemplos figuran las formas en que los gobiernos de gran parte del mundo occidental han sido persuadidos de reducir el impuesto sobre las ganancias de capital, aunque no hay ninguna razón para hacerlo si el objetivo es promover inversiones a largo plazo en lugar de a corto plazo. Y los grupos de presión, con sus relatos sobre la innovación, han logrado sacar adelante la política de la ‘Patent Box’, que reduce los impuestos sobre los beneficios generados por monopolios basados en patentes de 20 años, aunque el principal efecto de esta política ha sido simplemente reducir los ingresos públicos, en lugar de aumentar los tipos de inversiones que dieron lugar a las patentes en primer lugar. Todo ello solo sirve para restar valor a la economía y hacer que el futuro sea menos atractivo para casi todos. Al no tener una visión clara del proceso colectivo de creación de valor, el sector público queda así ‘capturado’, hechizado por relatos sobre la creación de riqueza que han dado lugar a políticas fiscales regresivas que aumentan la desigualdad.
En cuarto lugar, y por último, la confusión entre beneficios y rentas aparece en la forma en que medimos el propio crecimiento: el PIB. De hecho, aquí es donde la frontera de la producción vuelve a perseguirnos: si todo lo que tiene precio es valor, la forma en que se elaboran las cuentas nacionales no podrá distinguir la creación de valor de la extracción de valor, y, por tanto, las políticas orientadas a la primera podrían simplemente conducir a la segunda. Esto no solo es cierto en el caso del medio ambiente, donde recoger la basura de la contaminación aumentará sin duda el PIB (debido a los servicios de limpieza pagados), mientras que un medio ambiente más limpio no necesariamente lo hará (de hecho, si conduce a que se produzcan menos ‘cosas’, podría reducir el PIB), sino también, como hemos visto, en el mundo de las finanzas, donde no se distingue entre los servicios financieros que satisfacen la necesidad de crédito a largo plazo de la industria y los que simplemente alimentan a otras partes del sector financiero.
Solo con un debate claro sobre el valor se podrán identificar mejor las actividades extractivas de rentas en todos los sectores, incluido el público, y despojarlas de su fuerza política e ideológica.
Este es un extracto del último libro de Mariana Mazuccato, The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy, publicado por Allen Lane.
