Los programas de renta básica universal (RBU) están recibiendo mucha atención últimamente. Por supuesto, la idea —proporcionar a todos los residentes legales de un país una suma fija de dinero, desvinculada del trabajo— no es nueva. El filósofo Thomas More la defendió en el siglo XVI, y muchas otras personas, entre ellas Milton Friedman, de derechas, y John Kenneth Galbraith, de izquierdas, han promovido distintas variantes a lo largo de los años. Sin embargo, últimamente la idea ha ganado mucho más terreno, y algunos la consideran una solución a las perturbaciones económicas actuales impulsadas por la tecnología. ¿Puede funcionar?
El atractivo de una RBU se basa en tres características clave: proporciona un «mínimo» social básico a toda la ciudadanía; permite que las personas elijan cómo utilizar ese apoyo; y podría ayudar a simplificar la burocracia de la que dependen muchos programas de asistencia social. Además, una RBU sería totalmente «portátil», lo que ayudaría a quienes cambian de empleo con frecuencia, no pueden contar con un empleador a largo plazo para su seguro social o trabajan por cuenta propia.
Muchos sectores de la izquierda han incorporado la RBU a sus programas porque la consideran una forma sencilla de limitar la pobreza. A muchos libertarios les gusta el concepto, porque permite —y, de hecho, exige— que quienes la reciben elijan libremente cómo gastar el dinero. Incluso algunas personas muy adineradas la apoyan, porque les permitiría acostarse sabiendo que sus impuestos por fin habrían erradicado la pobreza extrema de manera eficaz.
La idea de la RBU también atrae a quienes se centran en cómo el desarrollo económico puede sustituir al menos parte de la ayuda en especie que se entrega actualmente a las personas pobres. Ya hay varios programas sociales locales en América Latina que incorporan elementos de la idea de la RBU, aunque están dirigidos a las personas pobres y suelen estar condicionados a ciertos comportamientos, como que los niños asistan regularmente a la escuela.
Sin embargo, implementar una RBU a gran escala sería difícil, sobre todo porque exigiría responder a una serie de preguntas complejas sobre objetivos y prioridades. Quizá el equilibrio más evidente tenga que ver con cuánto dinero se entrega realmente a cada ciudadano (o residente legal).
En Estados Unidos y Europa, una RBU de, por ejemplo, 2.000 dólares al año no serviría de mucho, salvo quizá para aliviar la pobreza más extrema, incluso si se sumara a los programas de bienestar social existentes. Una RBU de 10.000 dólares marcaría una diferencia real; pero, según cuántas personas cumplieran los requisitos, podría costar hasta un 10 % o un 15 % del PIB: un gasto fiscal enorme, sobre todo si se añadiera a los programas sociales existentes.
Incluso con un aumento significativo de los ingresos fiscales, una renta básica tan elevada tendría que combinarse con reducciones graduales de algunos gastos públicos actuales —por ejemplo, en prestaciones por desempleo, educación, salud, transporte y vivienda— para ser fiscalmente viable. El sistema que finalmente surgiera dependería del equilibrio entre estos componentes.
En el mercado laboral actual, que las tecnologías digitales están transformando, una de las características más importantes de una RBU es su portabilidad. De hecho, exigir una mayor flexibilidad del mercado laboral sin garantizar que los trabajadores, que necesitan adaptarse constantemente a las perturbaciones tecnológicas, puedan contar con redes de protección social continuas equivale a defender un mundo desequilibrado en el que los empleadores tienen toda la flexibilidad y los empleados muy poca.
Para flexibilizar los mercados laborales modernos tanto para empleadores como para empleados, se necesitarían características esenciales de una RBU, como la portabilidad y la libertad de elección. Sin embargo, solo el libertario más extremo sostendría que el dinero debería entregarse sin orientación alguna de política pública. Sería más aconsejable crear una política social activa complementaria que oriente, hasta cierto punto, el uso de las prestaciones.
En este sentido, una propuesta surgida en Francia es un paso en la dirección correcta. La idea consiste en dotar a cada ciudadano de una cuenta socialpersonal que contenga «puntos» parcialmente canjeables. Estas cuentas funcionarían de manera similar a una cuenta de ahorro: sus titulares aumentarían una considerable aportación pública trabajando, estudiando o prestando ciertos tipos de servicio nacional. Podrían recurrir a los fondos de las cuentas en momentos de necesidad, especialmente para formación y reciclaje profesional, aunque el importe que se pudiera retirar estaría sujeto a «precios» predeterminados y limitado a una cantidad determinada durante un periodo concreto.
Este enfoque parece un buen compromiso entre la portabilidad y la elección personal, por un lado, y una orientación adecuada de la política social, por el otro. Incluye elementos tanto de la seguridad social estadounidense como de las cuentas individuales de jubilación, y refleja a la vez un compromiso con la formación y el reciclaje profesional. Un programa así podría combinarse con un sistema de jubilación más flexible y convertirse, de ese modo, en un sistema moderno e integral de solidaridad social.
El reto ahora —al menos para las economías desarrolladas— consiste en crear sistemas de solidaridad social más sólidos y ágiles, ampliar las posibilidades de elección individual en el uso de las prestaciones y hacer que estas sean portátiles. Solo si encuentran el equilibrio adecuado entre la elección individual y la orientación de la política social podrán las economías modernas construir los programas de protección social que necesitan.
