Japón lidera las economías avanzadas en velocidad y magnitud del envejecimiento demográfico y tiene la mayor ratio de deuda sobre producto. Se proyecta que los gastos en seguridad social crezcan mucho más que los ingresos y generen una carga fiscal. Esta columna presenta proyecciones preocupantes sobre la deuda del Gobierno japonés en ausencia de reformas, pero sostiene que una combinación de políticas, entre ellas las destinadas a fomentar una mayor participación laboral de las mujeres y a mejorar la productividad, podría lograr la sostenibilidad.
Japón envejece rápidamente. Su ratio de dependencia, definido como la proporción de la población de 65 años o más respecto a la población de 20 a 64 años, fue del 48 % en 2015. Se prevé que alcance el 80 % a principios de la década de 2050 y que se mantenga en torno al 80 % durante la segunda mitad del siglo.
Se proyecta que los gastos de los programas de seguridad social relacionados con la edad, como las pensiones, la atención sanitaria pública y el seguro de atención a largo plazo, aumenten significativamente, muy por encima de los ingresos proyectados y de las primas de seguro recaudadas, a medida que el tamaño de la población en edad de trabajar sigue reduciéndose rápidamente. Investigaciones anteriores concluyeron que sería necesario un aumento importante de la fiscalidad, del orden del 30-50 % del consumo total, para financiar la transición demográfica sin ninguna reforma (por ejemplo, Braun y Joines 2015, Kitao 2015, Hansen e Imrohoroglu 2013); de lo contrario, la deuda alcanzará un nivel insostenible en un futuro no muy lejano (por ejemplo, Doi et al. 2011, Hoshi e Ito 2014).
En dos artículos (Imrohoroglu et al. 2016, 2018), simulamos las trayectorias futuras de los ingresos, el consumo y el ahorro de las personas a lo largo de su vida y calculamos proyecciones de los saldos presupuestarios y de la deuda del Gobierno. Siguiendo a Storesletten (2003), construimos un modelo de ciclo vital con mercados completos para evaluar el impacto del envejecimiento demográfico y de distintos escenarios que implican respuestas fiscales y supuestos económicos que afectan a la sostenibilidad fiscal de Japón. Para comprender la magnitud y las consecuencias del envejecimiento demográfico, permitimos que los déficits anuales se sumen a la deuda pública existente, prescindiendo de la posibilidad de impago o de incapacidad para emitir bonos adicionales.
Lo más importante es que tratamos por separado los detalles del sistema de seguridad social de Japón, incluidos los programas de pensiones públicas, seguro de salud y seguro de atención a largo plazo, del resto de partidas de gasto e ingresos públicos. Incluimos los detallados mecanismos de pago, así como el sistema de copagos y primas, que varía según la edad, el tipo de empleo y los ingresos individuales. Es cuantitativamente importante incorporar las finanzas de estos seguros al predecir las trayectorias futuras de las variables fiscales en Japón.
El envejecimiento demográfico proyectado en Japón implica que, sin ninguna reforma ni cambios en el mercado laboral, los déficits presupuestarios anuales alcanzarán el 10 % del PIB en 2040 y el 18 % en 2070. La ratio de deuda neta sobre PIB alcanzaría un nivel sin precedentes e irreal del 230 % en 2040 y del 630 % en 2070. Como muestra la figura 1, cuatro componentes (los gastos en pensiones públicas, seguro de salud, programas de atención a largo plazo (LTC) y servicio de la deuda) contribuirían por igual al aumento de los déficits y de la deuda, y los pagos de intereses crecerían con mayor rapidez a medida que se acumula más deuda.
Figura 1 Fuentes de endeudamiento neto (% del PIB)
Entonces, ¿qué abordar?
La sostenibilidad fiscal es imposible sin reformas. Además, es muy difícil lograr la sostenibilidad con una única herramienta. Sin embargo, constatamos que una combinación de reformas de política y cambios en el mercado laboral y en la productividad resolvería el problema.
En particular, un aumento del empleo femenino (con subidas salariales y regularización del empleo) marcaría una gran diferencia. Una mayor participación de las mujeres y un aumento de sus ingresos no solo incrementarían los ingresos por impuesto sobre la renta, sino también los presupuestos de los tres programas de seguridad social. Un obstáculo importante es el desincentivo al trabajo y lo que, en esencia, supone una penalización severa para que más mujeres trabajen, incorporada en la actual política de seguridad social y en el sistema fiscal. Los esfuerzos de los responsables políticos por corregir estos mecanismos y avanzar en la dirección de no desalentar una mayor participación y de lograr crecimiento serán esenciales para la solidez fiscal a largo plazo. Cabe señalar, sin embargo, que estos cambios requieren reformas estructurales significativas y solo pueden aplicarse con un compromiso a largo plazo y creíble.
Elevar el tipo del impuesto sobre el consumo del 8 % actual al 10 % en 2019 reduciría las presiones fiscales a corto plazo. Un nuevo incremento hasta un nivel comparable al de otras economías avanzadas ayudaría a aliviar de forma significativa la acumulación de deuda a largo plazo.
Lograr la sostenibilidad fiscal es difícil, pero no imposible. Por ejemplo, una combinación de políticas como elevar la edad de jubilación completa a 67 años, reducir las prestaciones de pensiones, elevar los copagos en el gasto sanitario público y en el gasto en atención a largo plazo hasta el 20 %, aumentar los ingresos y las características de empleo de las mujeres hasta igualarlos a los de los hombres, y elevar el tipo del impuesto sobre el consumo al 15 %, lograría la sostenibilidad fiscal y conduciría a una consolidación fiscal significativa, con una ratio de deuda sobre PIB menor en 2050 que en 2020.
