Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
En lo que respecta a la remuneración, la empresa para la que trabajas suele importar más que lo bueno que seas en lo que haces. En 2013, el empleado medio de Goldman Sachs, el banco de inversión, ganó 383.000 dólares, una cifra muy superior a lo que puede aspirar a percibir el empleado con mejor rendimiento en la mayoría de las empresas.
Las diferencias salariales entre empresas son considerables. Un estudio de Jason Furman, principal asesor económico del presidente de EE. UU. Barack Obama, y Peter Orszag, exdirector de presupuesto de Obama, ha concluido que el aumento de las diferencias salariales entre empresas es la principal causa de la creciente desigualdad salarial en Estados Unidos en las últimas décadas. Estas diferencias explican una parte mayor del aumento de la desigualdad de ingresos totales que las diferencias salariales dentro de las empresas o los ingresos de capital.
En el otro extremo del espectro, muchas personas activas tienen contratos temporales, trabajan para pequeñas empresas o son autónomas. Algunas combinan varios empleos al mismo tiempo. Si, como esperan muchos, se desarrolla la denominada economía colaborativa, su número crecerá inevitablemente. Estos trabajadores no disfrutan de seguridad laboral y, por lo general, ganan mucho menos.
Tasas de creación y destrucción de empleo: 1980‐2011, a partir de A Firm-Level Perspective on the Role of Rents in the Rise in Inequality, de Jason Furman y Peter Orszag, 2015
Los países emergentes ofrecen el ejemplo de una flagrante desigualdad entre los empleados del sector formal –empresas como Petrobras en Brasil e Infosys en India– y quienes trabajan en la economía informal. Pero incluso en las economías avanzadas, donde la protección social tiene un alcance amplio, el acceso a las prestaciones está lejos de ser igualitario. Los empleados de grandes empresas rentables tienden a disfrutar de una mejor cobertura sanitaria, pensiones más generosas y un acceso más fácil a la formación. Además, algunas prestaciones –por ejemplo, la baja parental– están condicionadas a la antigüedad en la empresa.
Estos son hechos inquietantes. El talento y el esfuerzo deben recompensarse, pero dos personas con capacidades y dedicación equivalentes no deberían ser tratadas de forma diferente solo porque una de ellas esté dentro del sistema, con un empleo seguro en una gran empresa exitosa.
Estas diferencias son cuestionables no solo desde el punto de vista de la equidad, sino que también son económicamente ineficientes, porque tienden a limitar la movilidad laboral entre empresas y sectores. Los empleados pueden pensárselo dos veces antes de abandonar una empresa si con ello van a perder ventajas valiosas. Esto impide una posible concordancia positiva entre las competencias que necesitan los empleadores y la oferta disponible de estas. También hace excesivamente difícil que las pequeñas empresas contraten talento de primer nivel.
La política pública no debería impedir que las empresas de éxito paguen más y ofrezcan mejores condiciones laborales. Pero sí debería garantizar que todos los participantes en la fuerza laboral, cualquiera que sea su situación, disfruten de un acceso equitativo a prestaciones esenciales; y debería orientarse a minimizar las pérdidas que dificultan la movilidad entre empresas, sectores y tipos de empleo.
La reforma sanitaria de Obama fue un paso importante en este sentido. Pero las reformas del Estado de bienestar deberían ir mucho más allá. Por motivos tanto de equidad como de eficiencia, los derechos y las prestaciones deberían vincularse a las personas, no a las empresas ni a la situación laboral, y deberían ser plenamente transferibles entre sectores y empleos.
Para adaptar su sistema de bienestar social a una economía en transformación y reducir la desigualdad entre las personas, Francia estudia actualmente un sistema de las denominadas Cuentas de Actividad Individual (IAA). Mi colega Selma Mahfouz presidió un comité que elaboró un anteproyecto para un sistema de este tipo.
En pocas palabras, cada nuevo trabajador que se incorpora al mercado laboral dispondría de una cuenta individual vitalicia, con lo que acumularía puntos del mismo modo que los viajeros aéreos acumulan millas. Los obtendría trabajando tanto en el sector privado como en el público. Los empleos físicamente exigentes generarían más puntos que los de oficina. El trabajo comunitario pro bono también generaría puntos, quizá más que los empleos remunerados.
Los puntos obtenidos podrían gastarse en educación permanente y formación profesional, que así pasarían a ser independientes de la situación laboral. Cada persona podría decidir recurrir a su IAA para prepararse para un cambio de empleo o en el momento de realizarlo.
También se podrían movilizar otras fuentes de financiación con el mismo fin. Por ejemplo, un trabajador podría decidir reducir la duración de sus prestaciones por desempleo e invertir los puntos correspondientes para beneficiarse de mejores oportunidades educativas.
Pero la financiación de la educación no debería ser el único fin. Los puntos también podrían servir para financiar el voluntariado o el cuidado de familiares mayores. Los puntos obtenidos mediante un trabajo duro podrían gastarse en jubilarse antes. Se podrían imaginar muchos más ejemplos de fungibilidad parcial.
Un sistema de este tipo tendría tres beneficios adicionales. En primer lugar, ayudaría a mejorar el acceso a la información. Hoy en día, los empleados a menudo se pierden en la complejidad de las diversas prestaciones sociales a las que tienen derecho. La creación de las IAA y la adopción de una unidad de cuenta única contribuirían en gran medida a simplificar las cosas, sobre todo si toda la información individual pertinente está disponible para los usuarios a través de una única aplicación para smartphone.
En segundo lugar, las IAA empoderarían a los empleados, especialmente a los menos cualificados, que a menudo se perciben a sí mismos en una situación de sometimiento. Junto con la información, la posibilidad de invertir sus prestaciones sociales, en lugar de limitarse a consumirlas, reforzaría su autonomía y libertad de elección.
Por último, las mismas cuentas podrían servir como instrumentos de la política pública. Por ejemplo, los jóvenes que abandonan tempranamente la escuela podrían recibir puntos para utilizarlos más adelante en formación profesional. De forma más general, en lugar de ayudar a las personas solo cuando se materializan los riesgos sociales, la política pública podría apoyar a los individuos a lo largo de toda su vida laboral, mediante un enfoque personalizado más eficaz que se ajuste mejor a las necesidades de las personas que los esquemas groseramente adaptados.
Puede sonar utópico; en cierto modo, lo es. Pero en una época en la que cada servicio digital se personaliza cada vez más, ¿por qué debería la política social seguir confinada a la filosofía y las soluciones del siglo XX?
La publicación no implica el respaldo de los puntos de vista por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Jean Pisani-Ferry es catedrático de la Hertie School of Governance de Berlín y actualmente ejerce como Comisario General de Planificación de Políticas del Gobierno francés.
Imagen: Un empleado cuenta billetes de rupia india. REUTERS/Adnan Abidi.
