En un mundo plagado de complejidad, resulta atractiva la sencillez de las transferencias de renta básica universal (RBU): basta con dar dinero en efectivo a todo el mundo. Se han puesto en práctica iniciativas que retoman parcialmente estos conceptos radicales en todo el mundo, con el lanzamiento de un proyecto piloto en Kenia, resultados de India, una coalición en Namibia, un experimento en Finlandia, un proyecto piloto en Estados Unidos, un referéndum en Suiza y la redistribución de los dividendos de los recursos naturales en Alaska y otros lugares.
En los países de ingresos altos (PIA), la principal justificación de la RBU está relacionada con la automatización, la inteligencia artificial, los salarios reales estancados y el auge del «precariado». Aunque las alarmas sobre «las máquinas se están apoderando de todo» llevan sonando siglos, los avances en robótica podrían seguir reduciendo la proporción entre trabajo y capital en las industrias a gran escala y en diversos servicios. Según este argumento, las máquinas pueden quitar puestos de trabajo, pero no deberían quitar los ingresos: la incertidumbre laboral que afecta a amplios sectores de la sociedad debería ir acompañada de una política de bienestar que proteja a las masas, y no solo a «los pobres». De ahí que la RBU surja como una opción sencilla para la era digital, aparentemente respaldada tanto por Silicon Valley como por los sindicatos.
En los países en desarrollo, el debate es distinto. La mayoría de los sistemas de protección social de los países de ingresos medianos (PIM) son todavía relativamente nuevos y aún no han atravesado los siglos de luchas y acuerdos sociales que consolidaron los regímenes de bienestar en las economías avanzadas. Sin embargo, parece que en los PIM se invierte en protección social en etapas de desarrollo comparativamente más tempranas. Por ejemplo, los niveles de pobreza de mediados del siglo XIX en el Reino Unido y Estados Unidos se parecen a los de India en la actualidad, aunque sin un equivalente de NREGA ni programas similares basados en derechos, y desde luego sin plataformas biométricas Aadhaar para facilitar la prestación de asistencia. Una RBU en un PIM quizá siga siendo una posibilidad remota, pero, desde una perspectiva histórica, no está tan lejos. Por ejemplo, Irán incluso puso en práctica una variante de la RBU, que se erosionó rápidamente debido a la inflación y finalmente se redujo por restricciones fiscales.
En los países de ingresos bajos (PIB), los sistemas de protección social están verdaderamente en sus inicios y solo hace poco han sustituido décadas de enfoques humanitarios internacionales. En estos países, la asistencia social solo cubre a una décima parte de quienes viven en el quintil más pobre. La financiación limitada explica en buena medida estos resultados: la informalidad generalizada y los bajos ingresos públicos (a menudo inferiores al 15 % del PIB) dificultan la movilización de recursos nacionales para, entre otras cosas, el gasto social. Por ejemplo, el presupuesto de un hospital europeo es casi nueve veces mayor que el gasto promedio de un PIB en todo el sector de protección social (es decir, 200 millones de dólares). Introducir repentinamente la RBU en un PIB podría parecer más una misión imposible que un salto adelante.
Además, hay desacuerdos sobre cómo definir y medir la pobreza en contextos donde prácticamente «todo el mundo es pobre»; los enfoques focalizados han contribuido a reducir las ineficiencias de los antiguos programas de subsidios (que perseguían objetivos similares a los de una RBU), pero existe un animado debate sobre las ventajas y desventajas y los métodos de focalización (véase, por ejemplo, aquí y aquí); además, la economía política de la redistribución apenas se ha estudiado.
Un obstáculo común a países de todo el espectro de ingresos es la burocracia. La asistencia social se sustenta en procesos de focalización, solicitud, verificación de requisitos, inscripción, renovación de la inscripción y seguimiento, y existe un amplio conjunto de programas que a veces tienen sus propios procesos. Estos suelen introducirse por buenas razones, como priorizar a las personas más vulnerables, pero en ocasiones la complejidad y los costos de oportunidad pueden obstaculizar la asistencia en vez de mejorarla. La RBU quizá no elimine algunas de estas funciones, sobre todo en las primeras etapas de su implementación (por ejemplo, la identificación, la inscripción y la renovación de la inscripción); pero, sin duda, la carga burocrática general se reduciría, aliviando la carga que recae sobre las personas pobres.
Es importante señalar que la RBU engloba muchas variantes que dan lugar a diseños muy distintos según cómo se conciban y estructuren. Por ejemplo, se ha argumentado que una menor burocracia y una mayor previsibilidad podrían favorecer un aumento del esfuerzo laboral, no una reducción. Pero, en última instancia, buena parte del debate sobre los incentivos laborales y la sostenibilidad puede reducirse al monto y los objetivos de la asistencia: ¿debería la RBU ser suficientemente alta para alcanzar niveles de vida básicos, como en Suiza? ¿O debería sustituir la mayoría de los programas públicos actuales y convertirse así en una especie de vale para elegir la asistencia que se prefiera? ¿O debería proporcionar una cantidad de efectivo más modesta, que sustituya algún programa de transferencias similar, pero que se siga ofreciendo junto con otras intervenciones públicas?
Estas preguntas no deberían abordarse de forma aislada, sino de manera integral. Por su carácter fundamental, la RBU ofrece la oportunidad de partir de cero para reconsiderar cuestiones que afectan a todo el sistema. Esto implica, entre otras cosas, integrar la RBU en una combinación óptima de asistencia y seguro sociales (por ejemplo, la RBU se parece a las pensiones sociales para las personas mayores, aunque se extiende a quienes tienen más de 18 años); vincular el debate con la flexibilidad y la formalidad de los mercados laborales; y relacionar el discurso con la financiación y los impuestos (por ejemplo, la versión de la RBU de Friedman era, en efecto, un impuesto negativo sobre la renta).
Durante los próximos dos años, tenemos una gran oportunidad para profundizar en la justificación, los contextos y las implicaciones analíticas y prácticas de la RBU como opción en el menú de asistencia social de los responsables de formular políticas. Como Grupo de Soluciones Globales de Redes de Protección del Banco Mundial, nos entusiasma contribuir a esta agenda y esperamos colaborar e intercambiar ideas con todas las personas interesadas en el tema.
