La recaudación tributaria en América Latina y el Caribe alcanzó el 22,8 % del PIB en 2015, según la base de datos publicada recientemente Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. Tras un sólido crecimiento durante la última década, gracias al auge económico y a diversas reformas, los impuestos sobre los bienes y servicios representaron casi la mitad de los ingresos tributarios de la región. En cambio, los ingresos por el impuesto sobre la renta de las sociedades disminuyeron y la contribución de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones a la seguridad social sigue siendo limitada.
En promedio, los recursos de los que disponen los gobiernos siguen estando muy por debajo de los niveles observados en las economías de ingresos altos. De hecho, los ingresos tributarios de las economías de la OCDE ascienden al 34,3 % del PIB. En otras palabras, los gobiernos latinoamericanos pueden destinar a servicios públicos esenciales, como la educación, la salud, las pensiones, la seguridad ciudadana y las infraestructuras, así como a otras políticas clave de desarrollo, 11,4 puntos porcentuales del PIB menos que las economías más desarrolladas. Los impuestos son, como lo expresó el Banco Interamericano de Desarrollo, más que ingresostributario, pues financian políticas clave para el crecimiento y la equidad. Y, tras dos décadas de convergencia hacia los niveles de la OCDE, el acercamiento se ha reanudado, aunque a un ritmo más lento que durante el auge de las materias primas.
Es cierto que la heterogeneidad de los ingresos tributarios sigue siendo un rasgo distintivo de la región, pero la capacidad fiscal continúa siendo débil en la mayoría de los países. Los niveles impositivos van desde los niveles de la OCDE (más del 32 %) en Cuba, Argentina y Brasil, hasta menos del 15 % en la República Dominicana y Guatemala, más cerca de los niveles observados en el África subsahariana. En general, sin embargo, la capacidad fiscal de América Latina sigue siendo débil y el sistema tributario no contribuye lo suficiente al crecimiento inclusivo.
Se necesitan medidas de política
La caída de los precios de las materias primas ha afectado a los ingresos públicos de muchos países de América Latina y el Caribe. En 2015, este descenso fue incluso mayor que durante la crisis financiera. En los países exportadores de materias primas, los ingresos (tanto tributarios como no tributarios provenientes de alimentos, minerales o energía, como las regalías y los ingresos de las empresas públicas) cayeron a alrededor del 3 % del PIB en 2016, frente a casi el 9 % del PIB en 2011.
Sin reformas, los gobiernos latinoamericanos no pueden esperar disponer de más recursos en los próximos años, dado el moderado panorama económico de la región y la persistencia de proyecciones débiles para la mayoría de las materias primas. Esto ocurre en un momento en que las economías de la región se beneficiarían de contar con recursos para promover una educación y unas infraestructuras mejores y más amplias, ofrecer incentivos a sus empresas para innovar e invertir, y consolidar programas sociales clave para sus ciudadanos.
Por ello, es una buena noticia la aplicación de reformas tributarias estructurales, como en Chile, Colombia y México, donde se prevé que los ingresos tributarios aumenten 2 puntos porcentuales del PIB o más, así como el debate en muchos otros países, como Argentina, Costa Rica y la República Dominicana. Dada la heterogeneidad de América Latina, en algunos países estas reformas deberían orientarse a rediseñar la composición de los impuestos para que el sistema sea más eficiente y equitativo. En la mayoría de los países, las reformas deberían centrarse en aumentar la recaudación tributaria para financiar el desarrollo.
Impuestos como porcentaje del PIB en América Latina y el Caribe y la OCDE (porcentaje del PIB)
Panel A. Ingresos tributarios totales en ALC, 2000-2015
Panel B. Ingresos tributarios en los países de ALC y la OCDE, 2015
Más allá de los impuestos
Pero las reformas tributarias deben ir de la mano de políticas para mejorar la gestión tributaria. Los gobiernos latinoamericanos no solo deben elevar la calidad de los servicios públicos que prestan con recursos públicos, sino también combatir decididamente la corrupción y el despilfarro. Entre 2010 y 2015, la proporción de latinoamericanos con poca o ninguna confianza en el gobierno pasó del 55 % a alrededor del 65 %, según la última edición de Perspectivas económicas de América Latina. Además, en 2015 casi el 60 % de los ciudadanos de la región afirmó no estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Esto podría tener consecuencias para el propio sistema político, ya que hoy solo el 40 % de los latinoamericanos expresa confianza en la transparencia de los resultados electorales, una cifra muy inferior al ya modesto promedio de la OCDE, del 62 %.
Las economías latinoamericanas necesitan fuentes de ingresos más suficientes y sólidas, como parte de un pacto más amplio para mejorar la gobernanza y las instituciones. Este es un componente clave de la agenda de crecimiento inclusivo. Los ciudadanos y las empresas merecen gobiernos más eficientes, transparentes e innovadores. El camino hacia un círculo virtuoso a partir de la reforma tributaria y fiscal está claro. La próxima ola electoral en América Latina, con más de una docena de elecciones presidenciales previstas desde ahora hasta 2018, representa más que una oportunidad. Anuncia un momento para actuar, debatir y aplicar políticas fiscales más sólidas. Esperemos que así sea.
