Muchas de las ideas sobre desarrollo económico que Occidente consideraba verdades arraigadas y grandes aportaciones occidentales a la modernidad ya no parecen tan acertadas. Desde el auge poco ortodoxo de China y el creciente peso económico del mundo en desarrollo, pasando por el Brexit y la elección del presidente de EE. UU. Donald Trump, hasta la búsqueda todavía infructuosa de soluciones basadas en el mercado para hacer frente al cambio climático, los principios del neoliberalismo y el «Consenso de Washington» ya no parecen buenos indicadores de hacia dónde se dirige el mundo ni vías para lograr un mundo más seguro y equitativo.
El mundo en desarrollo, que durante mucho tiempo ha seguido sin cuestionamientos el liderazgo de Occidente, debe tomar la iniciativa para cuestionar estas ideas y diseñar nuevos enfoques.
Muchas de las ideas sobre desarrollo económico que Occidente consideraba verdades arraigadas ya no parecen buenos indicadores de hacia dónde se dirige el mundo.
Han quedado obsoletas, y preservarlas es la causa de muchos de los grandes desafíos del siglo XXI. Nos distraen de los cambios políticos y económicos necesarios para sobrevivir en un futuro superpoblado, caluroso, impulsado por la tecnología y limitado por los recursos.
Si queremos que surjan ideas nuevas, estos cinco mitos neoliberales deben desaparecer.
Mito 1: El desarrollo impulsado por el libre mercado es el mejor mecanismo para crear economías dinámicas, mediante el uso del sector privado para fomentar el crecimiento y más oportunidades para todos, incluidos los pobres.
Ya se trate de desregular las empresas, reducir los impuestos a los ricos o recortar y privatizar los servicios públicos para limitar la «dependencia», estas políticas son el eje del «Consenso de Washington» neoliberal, promovido en todo el mundo por instituciones occidentales y expertos en desarrollo. Constituyen el núcleo de la teoría económica del goteo.
Pero los resultados de esta adopción generalizada no han sido todos positivos. El aumento de las desigualdades mundiales recuerda con crudeza que la riqueza es demasiado espesa para «gotear» hacia abajo. Esto ha alimentado el malestar social y el auge mundial del populismo, que ha captado la atención de los medios internacionales al trastocar la política en Occidente.
Los recortes a los servicios públicos han arraigado la pobreza extrema entre las personas más pobres, que pierden el acceso a necesidades básicas. La desregulación ha reducido la seguridad laboral, aumentado los riesgos para los consumidores, causado importantes daños medioambientales y agotado los recursos. Además, los gobiernos no dotan de recursos suficientes a los organismos de supervisión y aplicación para que cumplan su labor (lo que ha provocado tragedias como el incendio de un edificio de apartamentos en Londres) o, peor aún, quedan cooptados por intereses favorables a las empresas (como demuestra el hecho de que políticos y reguladores urbanos facilitaran activamente la actividad de empresas como Uber y Airbnb pese a saber que sus operaciones infringían las leyes vigentes), lo que significa que quizá las regulaciones no valgan ni el papel en que están escritas.
El aumento de las desigualdades mundiales recuerda con crudeza que la riqueza es demasiado espesa para «gotear» hacia abajo.
Hay abundantes pruebas de que el llamado Consenso de Washington es perjudicial: los países que desregularon y liberalizaron agresivamente sus sectores financieros sufrieron después grandes crisis financieras, como ocurrió en el Sudeste Asiático en 1997, y en Estados Unidos en 2008. También sabemos que los países que aplican políticas de austeridad y desregulación tras una crisis económica suelen tener peores resultados que los que recurren al gasto público directo y a la intervención estatal: basta comparar el desempeño posterior a 2008 de China (que puso en marcha un estímulo masivo) y, en menor medida, Estados Unidos (que aplicó un estímulo y una intervención gubernamental más limitados, aunque para salvar sus sectores bancario y automovilístico «demasiado grandes para quebrar») con el débil desempeño de Europa (que recortó en gran medida el gasto público).
Muchos países exitosos se han apartado de las prescripciones del Consenso de Washington. Incluso países pequeños como Malasia cuestionaron las prescripciones de libre mercado del Fondo Monetario Internacional durante la crisis financiera asiática e impusieron controles de capital que dieron buenos resultados. China, con su estrategia de desarrollo más dirigida por el Estado y su gestión de los mercados, ha alcanzado el éxito económico mucho más rápido y de forma mucho más amplia que cualquier otro país en desarrollo, aunque siguen existiendo importantes desafíos económicos y medioambientales. Singapur, pese a que los economistas conservadores lo presentan como una utopía, financia sus servicios públicos mediante el ahorro obligatorio y la gestión estatal de sectores de la economía de importancia social, como la atención sanitaria y la vivienda.
Por otro lado, la adhesión de Hong Kong a los principios del libre mercado en materia de suelo y vivienda ha creado una situación insostenible en la que resulta casi imposible que la gente común compre o alquile una vivienda asequible.
También están los países nórdicos, que han invertido inteligentemente los ingresos procedentes de sus reservas de capital natural en servicios públicos universales y de alta calidad, creando un nivel de vida medio más elevado que el de sus homólogos occidentales, más orientados al libre mercado.
Mito 2: Los países deben sostener su desarrollo mediante la inversión extranjera directa.
La suposición incuestionada es que esta inversión mejoraría rápidamente la productividad de estos mercados emergentes, impulsando un crecimiento elevado, más empleos, salarios en aumento y un sector manufacturero en expansión, con todos los beneficios del efecto de goteo.
Sin embargo, la inversión extranjera directa, o IED, es voluble y depredadora por naturaleza. En realidad, los países en desarrollo pueden acabar siendo dependientes de este tipo de inversión, y los inversores extranjeros pueden presionar y arrancar concesiones desorbitadas a los gobiernos y las administraciones locales para garantizar su permanencia. La controvertida inclusión de tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados, que permite a las empresas multinacionales demandar a gobiernos, a menudo de países más pobres y débiles, si sus negocios se ven afectados, en acuerdos comerciales multilaterales como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica es un ejemplo de cómo gobiernos y empresas extranjeros imponen cambios regulatorios en beneficio propio. A menudo, estos países dependientes los aceptan porque es la única forma de sobrevivir en un mundo centrado en la IED.
La IED tampoco se dirige a sectores de la economía que promuevan el desarrollo económico a largo plazo o satisfagan las necesidades de la mayoría, como la vivienda de bajo costo, el alcantarillado y las infraestructuras, por ejemplo. La inversión extranjera suele concentrarse en productos específicos que no están destinados a la población en general, y también puede empujar a los países a centrarse en recursos primarios de extracción que aumentan la desigualdad y el daño medioambiental, en una industria manufacturera peligrosa con normas de seguridad bajas o en una transición prematura hacia una economía de servicios que, como señala el economista Dani Rodrik, puede tener importantes consecuencias económicas y políticas.
Quizá no sorprenda que, cuando los países en desarrollo dependían de la IED occidental, apenas se expresara preocupación por que llegaran a depender demasiado de una potencia económica. Sin embargo, cuando la inversión occidental es sustituida por la china, como ha ocurrido en algunas regiones como el Sudeste Asiático y África, surge de repente la preocupación de que China practique el «neocolonialismo». Y cuando la IED china se dirige a activos clave de Occidente, como en los intentos de Huawei, una empresa china de telecomunicaciones, de entrar en Estados Unidos, se considera una «amenaza para la seguridad nacional».
El argumento no es que la IED sea intrínsecamente mala en todas las circunstancias, sino que debe considerarse un medio para alcanzar el fin deseado, y no un fin en sí misma.
Durante mucho tiempo, la IED liderada por Occidente ha representado, en la práctica, una amenaza para las economías naturales de muchos países en desarrollo, debido a las condiciones desiguales estipuladas en los contratos. Pero quien está necesitado no puede elegir. El argumento no es que la IED sea intrínsecamente mala en todas las circunstancias, sino que debe considerarse un medio —y solo uno entre varios— para alcanzar el fin deseado, y no un fin en sí misma.
En China, el gobierno sí recurrió a la IED cuando se abrió al mundo exterior, pero la utilizó para adquirir rápidamente experiencia en prácticas y tecnología extranjeras. Luego, China aprovechó razonablemente esos conocimientos en sus propias fábricas y empresas, lo que contribuyó a crear un sector manufacturero competitivo a escala mundial. Gracias a su tamaño, Pekín pudo vincular así la IED a una política industrial con un objetivo, sin quedar a merced de los inversores extranjeros.
Esta política solía ir acompañada de acusaciones de infracción de derechos de autor y patentes: China e India siguen figurando en la «lista de vigilancia» de Estados Unidos de países que no protegen la propiedad intelectual. Recientemente se ha acusado a China de «robar» tecnología a empresas de energía limpia, mientras que se presiona habitualmente a India para que aplique patentes farmacéuticas al estilo estadounidense y restrinja los medicamentos genéricos asequibles.
Las patentes, los derechos de autor y otras protecciones de la propiedad intelectual se han convertido en herramientas jurídicas que buscan afianzar una ventaja de mercado e impedir que otros —por lo general, países menos desarrollados— avancen con sus propias innovaciones aprovechando los avances mundiales existentes. Es una forma de utilizar la IED para mantener a los países receptores dependientes del capital y la tecnología extranjeros, especialmente ahora que países como Estados Unidos empiezan a incluir cada vez más aspectos, desde las prácticas empresariales hasta las decisiones de diseño, bajo el paraguas de la propiedad intelectual protegida.
Mito 3: La urbanización a gran escala es necesaria e inevitable para los países en desarrollo que buscan modernizarse mediante la industrialización, la manufactura y un crecimiento sostenido de la productividad.
Este mito sostiene que los migrantes de comunidades rurales poco productivas aumentarían la productividad económica al trabajar en los sectores urbanos de manufactura y servicios. Esta explicación ignora convenientemente las políticas y decisiones que contribuyen deliberadamente a hacer inviable e improductiva la vida rural. En todo el mundo en desarrollo se ha producido una enorme sobreinversión en las zonas urbanas con el objetivo de fomentar el crecimiento económico, junto con una enorme falta de inversión en las zonas rurales. Por ejemplo, en los años noventa, la política china a menudo favoreció las ciudades frente al campo, lo que amplió posteriormente la brecha entre los ingresos urbanos y rurales a principios de la década de 2000. Aunque los programas gubernamentales de la última década han reducido ligeramente la brecha, sigue siendo cierto que las oportunidades de empleo urbano y los servicios sociales, como la educación, son mejores en las ciudades que en el campo.
En muchos países también persiste la incapacidad de aprobar una reforma agraria, lo que concentra la tierra en manos de unos pocos terratenientes ricos. Esto da lugar a situaciones como la de India, donde los estudios indican que el 5 por ciento de los agricultores del país controla aproximadamente un tercio de las tierras agrícolas del país. En muchos países en desarrollo, las inversiones rurales esenciales para impulsar la actividad económica, como el riego, el transporte y la atención sanitaria, se han quedado muy rezagadas frente a las inversiones urbanas. Estas políticas despueblan el campo y hacen que quede al servicio de grandes empresas agroindustriales y de recursos primarios, mientras la mayor parte de la economía y el empleo se concentra cada vez más en unas pocas grandes ciudades.
En realidad, esta enorme ola migratoria está llevando a las ciudades de los países en desarrollo hasta su punto de quiebre. Las carreteras están congestionadas y los atascos duran horas. No hay viviendas suficientes, lo que provoca el rápido crecimiento de barrios marginales y de apartamentos peligrosos, hacinados e ilegales. Quienes viven en viviendas precarias tienen un acceso deficiente a la electricidad, el agua limpia, el saneamiento y la recogida de residuos. Es evidente que la infraestructura básica para alojar a decenas de millones de personas en ciudades densamente pobladas del mundo en desarrollo es sencillamente inasequible. Debemos dejar de fingir que estas megalópolis se enriquecerán por arte de magia y resolverán estos problemas.
El calentamiento del clima perjudica aún más a estas ciudades. Si se combinan los efectos del calentamiento global y el fenómeno urbano de la isla de calor, las ciudades tropicales acaban teniendo temperaturas de unos tres grados por encima de las zonas circundantes. Se están volviendo inhabitables. Quienes viven en las ciudades y pueden permitírselo se ven obligados a refugiarse en viviendas con climatización —que consumirán más electricidad y emitirán aún más calor—, mientras la mayoría soporta un entorno descontrolado e insoportable, donde el ruido y la falta de sueño afectan gravemente a la productividad y la salud de la población.
La lección no es que la urbanización sea mala en general, sino que debe gestionarse con más cuidado, con intervenciones y frenos cuando sea necesario.
La urbanización descontrolada también perjudica a las comunidades rurales. La falta de oportunidades económicas vacía el campo, pues las personas más capaces y brillantes se marchan a la ciudad en busca de mejores empleos. Allí quedan las personas mayores, los jóvenes y quienes carecen de cualificación, lo que conduce al estancamiento y al declive. Esto puede perpetuar la pobreza entre quienes se quedan, con peores resultados sociales, sanitarios y educativos. La región puede volverse más desesperada por atraer inversiones de cualquier tipo, lo que propicia actividades económicas más arriesgadas y dañinas para el medioambiente, como la agricultura extractiva, la manufactura insegura o extracción contaminante de recursos. Si la urbanización se concentra demasiado en unas pocas ciudades, se invierte poco en los pueblos pequeños y las ciudades secundarias, que pueden sufrir el mismo destino que las zonas rurales.
Esto ha provocado resentimiento político contra la ciudad; gran parte del auge del populismo en todo el mundo puede entenderse desde esta perspectiva. Y esto no ocurre únicamente en las economías avanzadas, donde la urbanización es en gran medida irreversible. La política de Tailandia se ha vistosacudida por las élites urbanas de Bangkok, que intentan preservar sus privilegios políticos y económicos frente a una población rural que, en gran medida, siente que ha sido ignorada, aunque trabaja la tierra para alimentar a las masas urbanas.
La lección no es que la urbanización sea mala en su conjunto, sino que debe gestionarse con más cuidado, con intervenciones y medidas de contención cuando sea necesario. Los países en desarrollo deberían impulsar una urbanización gestionada, que distribuya la actividad económica entre varias ciudades y una red de localidades secundarias (de hasta 1 millón de habitantes), que no erosione el campo y mantenga la viabilidad económica de las zonas rurales.
Mito 4: La mejor manera de entender la productividad para hacer crecer las economías es medirla según la rapidez y el bajo coste con que podemos producir algo.
Una «productividad» elevada —la capacidad de producir muchos bienes de forma barata, eficiente y rápida para fomentar un consumo incesante— ha provocado un enorme aumento de lo que podemos producir y consumir y, en teoría, ha mejorado el nivel de vida medio en todo el mundo.
Sin embargo, esta definición limitada de la productividad pasa por alto los enormes costes externos para el medioambiente y sus efectos sobre la mayoría pobre del mundo en desarrollo, y no refleja las realidades de nuestro tiempo. Quizá habría sido una medida adecuada hace unos 100 años, cuando el mundo tenía más de 1.500 millones de habitantes y los recursos naturales eran abundantes. Pero hoy vivimos en un mundo muy distinto, con 7.500 millones de habitantes y en el que la abundancia ha sido sustituida por la escasez. Si las empresas tuvieran que asumir estos costes externos, muchas de las principales industrias del mundo ya no podrían obtener beneficios.
Un ejemplo ilustrativo es la comparación entre la agricultura industrial y la agricultura ecológica. La primera, al depender de fertilizantes químicos, economías de escala y mecanización, ha reducido sus costes empresariales lo suficiente como para ofrecer precios más bajos que otros agricultores. Esto ha hecho que la agricultura a pequeña escala deje de ser rentable en muchas partes del mundo. Sin embargo, la agricultura industrial tiene elevados costes externos y genera el azote del consumo excesivo y el desperdicio de alimentos (que, si fuera un país, sería el tercer mayor emisor de emisiones de carbono). Ha transformado las dietas y los hábitos alimentarios: la agricultura industrial del maíz y la soja en Estados Unidos es el ejemplo clásico, que hizo que el mundo se inundara de aperitivos poco saludables. La agricultura ecológica, por su parte, depende de una intensa mano de obra y de insumos naturales para lograr rendimientos menores que los de la agricultura industrial, con costes empresariales más altos, pero costes externos más bajos.
Para entender cómo consume recursos realmente nuestra economía, necesitamos una evaluación más honesta de cuán «productiva» es en realidad.
Nuestra visión limitada de la productividad consideraría que la agricultura industrial es más productiva que la ecológica, por su capacidad de producir más alimentos por menos dinero. Sin embargo, la agricultura industrial tiene importantes repercusiones sociales y medioambientales. La escorrentía de fertilizantes puede contaminar las fuentes de agua, poniendo en peligro el agua potable y favoreciendo la proliferación de floraciones de algas nocivas. Los monocultivos de las explotaciones agrícolas industriales —necesarios para alcanzar economías de escala— agotan el suelo y obligan a las empresas agroindustriales a utilizar aún más fertilizantes para reponer sus nutrientes. La mecanización y automatización de algunas tareas agrícolas reduce el empleo en la zona, lo que a su vez tiene efectos económicos en la comunidad en general. Por último, las grandes explotaciones industriales necesitan cada vez más tierras para seguir reduciendo costes, lo que desplaza de sus propiedades a los pequeños agricultores (a veces de forma ilegal). Si se contabilizara e incluyera cualquiera de estos costes, la explotación industrial ya no parecería tan «productiva» como la explotación ecológica, más pequeña y lenta, pero más limpia y generadora de empleo.
Esto ocurre en toda la economía. La única razón por la que algunas industrias y sectores parecen productivos es que hacen que otras personas asuman parte de los costes, excluyéndolos selectivamente de sus modelos de negocio. Lo mismo ocurre con las emisiones de carbono, cuyos efectos solo ahora se comprenden más ampliamente. Para entender cómo consume recursos realmente nuestra economía, necesitamos una evaluación más honesta de cuán «productiva» es en realidad.
Debemos cuestionar el impulso constante por aumentar la productividad en las fábricas de los países en desarrollo mediante la sustitución de personas por la automatización. Este es otro ejemplo de cómo una definición inadecuada de la productividad genera consecuencias sociales ante las que los gobiernos deben actuar. ¿Por qué un país grande como India, donde tantas personas siguen buscando trabajo, querría sustituir mano de obra por mecanización solo para reducir los costes de producción? Incluso algunos líderes de empresas tecnológicas empiezan a preocuparse por las repercusiones sociales de la automatización y la digitalización. Bill Gates, por ejemplo, ha pedido un impuesto a los robots.
Mito 5: Podemos combatir el cambio climático mediante el libre mercado y la innovación tecnológica, en lugar de imponer límites estrictos a las emisiones de carbono y al consumo.
El argumento es que las fuerzas del mercado fomentarán la sostenibilidad: a medida que los recursos escaseen, subirán de precio, lo que incentivará la eficiencia energética y en el uso de recursos, reducirá las emisiones y, por tanto, el uso de recursos. En teoría, los enfoques impulsados por el mercado permitirían a todo el mundo conservar su elevado nivel de vida y, al mismo tiempo, proteger la Tierra.
Aunque entendemos por qué quienes se oponen a tomar medidas contra el cambio climático aceptarían estas ideas, ni siquiera quienes apoyan la acción climática están dispuestos a hablar con claridad. Justifican las medidas contra el cambio climático aludiendo a los «empleos verdes» o a «la economía renovable», y criticaron la retirada de Estados Unidos del acuerdo climático de París tanto por las oportunidades económicas perdidas como por cualquier daño social o medioambiental.
Esto convierte la acción climática en un análisis económico de costes y beneficios. Consideraría un fracaso actuar contra el cambio climático si, por ejemplo, redujera el crecimiento económico en un 1 %, aunque desde el punto de vista medioambiental y de la estabilidad social, ese sea un pequeño precio que pagar por un planeta sostenible.
La única manera de reducir las emisiones de carbono no es consumir y producir con mayor eficiencia, sino consumir y producir menos.
La única manera de reducir las emisiones de carbono no es consumir y producir con mayor eficiencia, sino consumir y producir menos. Ni el libre mercado ni la fe en el desarrollo tecnológico fomentarán la moderación que necesitamos. Las empresas tampoco serán un vehículo para llevarnos a un estilo de vida más sostenible, ya que sus negocios se basan en que la gente consuma más, no menos.
Todos estos mitos sirven para sostener un modelo económico que no distribuye equitativamente la creación de riqueza y que, al mismo tiempo, está en guerra con el planeta. Sin embargo, el mundo en desarrollo se apresura a adoptarlos, a menudo más rápido y a mayor escala que incluso el mundo desarrollado.
Los efectos de estos mitos neoliberales ya han causado mucho daño, pero sería catastrófico que los adoptaran las mayores economías del mundo, todas las cuales, con excepción de Estados Unidos, pertenecen al mundo en desarrollo. Si esto ocurre, el mundo seguirá viendo un aumento de la agitación social y se enfrentará a un futuro sombrío mientras continúa persiguiendo un modelo económico de uso intensivo de recursos. Ha llegado el momento de que estos mitos desaparezcan y de que el mundo en desarrollo cree nuevas ideas audaces que se ajusten mejor a sus circunstancias.
